Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este jueves 31 de octubre de 2024 la nueva Ley General de Comunicaciones Convergentes que tiene como principal objetivo mantener el control y vigilancia de la población en general, principalmente la de los críticos del régimen de Daniel Ortega.
La nueva Ley de Telecomunicaciones otorga un control directo de las comunicaciones al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el mismo ente utilizado por la dictadura Ortega-Murillo para censurar medios de comunicación independientes.
La reciente aprobación de esta nueva ley de telecomunicaciones en Nicaragua representa otra de las maniobras del régimen para la pérdida de la privacidad y la libertad de información en el país.
La ley establece que los operadores de servicios públicos y proveedores de comunicaciones deben proporcionar información detallada y georreferenciada a Telcor, el ente regulador de telecomunicaciones, refuerza la vigilancia estatal que el régimen mantiene sobre los nicaragüenses.
El artículo 109 de la ley obliga a estos operadores a suministrar “toda la información que le sea requerida” de manera “detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”.
Esta disposición implica que Telcor, dirigido por Nahima Janett Díaz Flores —hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y consuegro del presidente Daniel Ortega— tendrá acceso a datos sensibles de los usuarios, lo que plantea interrogantes sobre el uso que se dará a esta información.
El gobierno argumenta que la actualización de la ley es necesaria para adaptarse a los “vertiginosos avances tecnológicos” y superar un marco legal que consideran “anacrónico”.
Sin embargo, críticos en el exilio advierten que esta medida es un intento del régimen de Ortega de establecer un control más férreo sobre las telecomunicaciones, permitiendo un monitoreo más exhaustivo tanto de los operadores como de los usuarios.
«La ley no solo contempla la supervisión de la importación de equipos tecnológicos por parte de Telcor, sino que también exige a los operadores facilitar la geolocalización de sus usuarios. Esta regulación es parte de la instauración de una superestructura de control, donde la información de millones de nicaragüenses podría estar al alcance del gobierno», dijo una fuente que prefirió el anonimato.
Fuerza policial y represalias económicas para empresas que no suministren información
Además, la legislación prevé sanciones que pueden ir del 0,5% al 2,5% de los ingresos brutos anuales de los operadores en caso de infracciones. Esto plantea un escenario en el que las empresas, temerosas de represalias económicas, podrían sentirse presionadas a cumplir con los requerimientos del gobierno, incluso si estos comprometen la privacidad de los usuarios.
La posibilidad de que se utilice la fuerza de la Policía Nacional para realizar inspecciones en las instalaciones de los operadores añade un elemento preocupante sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el sector de telecomunicaciones.
A medida que Nicaragua navega por estos cambios legislativos, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos permanecen en alerta, conscientes de que la libertad de expresión y la privacidad están en juego en un contexto donde el control estatal parece aumentar.
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