Un grupo de expertos de la ONU advirtió esta semana de las «nefastas consecuencias» que tiene para los derechos humanos la aprobación de una reforma constitucional en Nicaragua que da poder absoluto a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó en un comunicado su «profunda preocupación» ante las «nefastas y trascendentales consecuencias del cambio constitucional para los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense».
? El ministro de interior de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, pidió enjuiciar en ausencia a la opositora María Corina Machado, a quien califica de terrorista.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) November 26, 2024
La reforma, aprobada el viernes por un parlamento totalmente oficialista, concede un «poder ilimitado» a Ortega y Murillo, a quien se elevó el rango de vicepresidenta a «copresidenta».
Ambos copresidentes, según la iniciativa presentada por Ortega, coordinarán los órganos legislativo, judicial, electoral y los gobiernos locales.
«Parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado, señalaron los exprtos.
El grupo, órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, agregó que el periodismo está «prácticamente erradicado» en el país, más aún ahora que se eliminó de la Constitución la prohibición de censurar a los medios de comunicación.
La reforma establece que el Estado «vigilará» a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se mantiene en el poder desde 2007 luego de tres reelecciones, la última en 2021 en comicios con la oposición presa o en el exilio.
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Ortega ha reformado 12 veces la Constitución, según los expertos para «legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones».
Ortega y Murillo iniciaron una persecución contra opositores y críticos tras las protestas antigubernamentales de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, y que ambos consideraron como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
AFP
