El poder judicial, dirigido por el dictador Daniel Ortega, condenó el martes a 20 años de prisión al general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, exfuncionario de alto rango del gobierno sandinista, por el delito de «traición a la patria». La sentencia, emitida en un proceso judicial expedito realizado por videoconferencia, incluye además la confiscación total de los bienes del militar retirado.
Juicio exprés desde prisión
Baltodano, de 65 años, fue juzgado mediante videoconferencia desde el centro penitenciario La Modelo de Tipitapa, donde permanece recluido desde su detención el 14 de mayo pasado. El proceso judicial, caracterizado por organizaciones de derechos humanos como «sumario y sin garantías», se desarrolló sin la presencia física del acusado ni de abogados defensores independientes.
La resolución judicial ordena la incautación de todas las propiedades del general retirado, incluyendo su finca «Los Milagros» ubicada en el departamento de Matagalpa, donde fue capturado durante un operativo nocturno ejecutado por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Trayectoria política
Baltodano representaba una figura emblemática dentro del aparato sandinista. Ingresó a las filas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 y ascendió a posiciones de liderazgo militar durante la década de los ochenta. Tras retirarse del servicio activo en el año 2000, se reinventó como operador político y asesor económico del partido gobernante.
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Durante la administración de Daniel Ortega, iniciada en 2007, Baltodano ocupó cargos estratégicos en el área de inversión extranjera. Presidió la Comisión Nacional de Zonas Francas y posteriormente fue designado ministro delegado para inversión exterior, posición que mantuvo hasta 2022, cuando fue desplazado por Laureano Ortega, hijo del mandatario nicaragüense.
Purga en el alto mando
La detención de Baltodano no constituye un caso aislado. Fuentes consultadas por medios independientes reportan que al menos dos exmilitares vinculados al general retirado fueron también arrestados en operativos simultáneos en Matagalpa: el capitán Aníbal Rivas Reed y Ronald Paul Leiva Silva. Ambos permanecen en paradero desconocido desde su captura.
Analistas políticos interpretan estos arrestos como parte de una depuración interna orquestada por el círculo de poder Ortega-Murillo para eliminar potenciales focos de disidencia dentro del propio aparato sandinista. La estrategia evidencia la creciente desconfianza del régimen hacia figuras históricas del movimiento revolucionario que podrían representar alternativas de liderazgo.
Patrón represivo sistemático
El caso Baltodano reproduce el modus operandi implementado por las autoridades nicaragüenses contra opositores políticos desde 2018: detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, juicios sin garantías procesales y confiscación de patrimonio.
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La aplicación de la figura de «traición a la patria» contra un exfuncionario de confianza del régimen marca un escalamiento en la represión interna y evidencia que ni siquiera los antiguos aliados están exentos de la persecución política cuando son percibidos como amenazas al control absoluto del poder.
El silencio oficial sobre los cargos específicos presentados contra Baltodano y la ausencia de acceso a la defensa legal refuerzan las denuncias internacionales sobre el deterioro del Estado de derecho en Nicaragua y la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de control político.
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