Nicaragua es un país que vive en permanente convulsión política a consecuencia del autoritarismo con el que dirigen la nación los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí un recuento de cinco noticias que marcaron la semana del nueve al 13 de junio.
1. Ortega condena al general retirado Álvaro Baltodano por «traición a la patria»
El régimen de Daniel Ortega intensifica su represión interna con la condena a 20 años de prisión del general retirado Álvaro Baltodano, una figura emblemática del sandinismo histórico. La sentencia, dictada en un juicio exprés por videoconferencia desde La Modelo, incluye la confiscación total de sus bienes y marca un escalamiento peligroso en la persecución contra antiguos aliados del régimen. Baltodano, de 65 años, ocupó posiciones estratégicas en inversión extranjera hasta 2022, cuando fue desplazado por Laureano Ortega, hijo del dictador.
Esta purga no constituye un caso aislado, sino parte de una depuración sistemática orquestada por el círculo Ortega-Murillo para eliminar potenciales focos de disidencia dentro del propio aparato sandinista. La aplicación de la figura de «traición a la patria» contra un exfuncionario de confianza evidencia que ni siquiera los antiguos colaboradores están exentos de la persecución política cuando son percibidos como amenazas al control absoluto del poder. El silencio oficial sobre los cargos específicos y la ausencia de garantías procesales refuerzan las denuncias internacionales sobre la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de control político.
2. Clima de terror en el Estado Mayor: Generales bajo amenaza
El Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua se ha convertido en un escenario de terror donde al menos tres generales de alto rango han sido víctimas de «venganzas humillantes y mortales» por parte del régimen. Esta situación de estrés extremo en la cúpula militar coincide con la consolidación del poder absoluto de Rosario Murillo, quien tras las reformas constitucionales de febrero de 2025 se convirtió oficialmente en «copresidenta» y jefa suprema del Ejército junto a Ortega. La pregunta que ronda constantemente entre los oficiales superiores es: «¿Quién será el próximo?»
Las reformas constitucionales han transformado radicalmente la estructura de poder, subordinando el Ejército a Murillo en una transición que no ha sido pacífica. El régimen ha implementado purgas internas como estrategia para mantener el control absoluto, mientras paradójicamente fortalece económicamente las instituciones militares con incrementos presupuestarios de 22 millones de dólares para 2025. Los recientes ascensos militares revelan un patrón claro de control político más que reconocimientos meritocráticos, como parte de una estrategia para asegurar la lealtad de la cúpula militar en momentos de transición hacia el modelo de «copresidencia».
3. Nicaragua se retira de ACNUR acusándola de «manipuladora»
El régimen Ortega-Murillo anunció la retirada de Nicaragua de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acusándola de ser «manipuladora» y aplicar «doble estándar» en sus valoraciones. Esta decisión se produce después de que ACNUR hiciera un llamado urgente a la comunidad internacional por la crisis de desplazados nicaragüenses en Costa Rica, evidenciando la molestia del régimen ante el escrutinio internacional sobre la crisis migratoria que ha generado su política represiva.
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La retirada de ACNUR se suma a la salida previa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), configurando un patrón de aislamiento internacional autoimpuesto. En su carta dirigida al alto comisionado Filipo Grandi, el canciller Valdrack Jaentschke acusa a ACNUR de convertirse en «un instrumento de manipulación» y de ser «permisivos con las barbaries que cometen las potencias contra países en desarrollo». Esta estrategia de ruptura con organismos internacionales refleja la creciente incomodidad del régimen ante la supervisión externa de su récord en derechos humanos.
4. Ortega «interviene» en la guerra entre Irán e Israel
Daniel Ortega decidió pronunciarse sobre el conflicto entre Israel e Irán, emitiendo un comunicado que condena lo que califica como una «temeraria agresión del Gobierno de Israel» y caracteriza las acciones israelíes como un «cobarde ataque» que viola leyes internacionales. El dictador nicaragüense expresó particular preocupación por las dimensiones potenciales del conflicto, advirtiendo que Israel «continúa exponiendo al mundo a una guerra de incalculables proporciones», sugiriendo que ve en la tensión israelo-iraní un riesgo de conflagración global.
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Más significativo aún es el respaldo político explícito que el gobierno sandinista expresa hacia el régimen iraní, declarando su «invariable solidaridad» directamente con el «Líder Supremo Ayatolá Ali Jamenei y el Presidente Masoud Pezeshkian». Esta declaración consolida la alianza que Nicaragua mantiene con Irán desde 2007 y se enmarca en la estrategia de política exterior del régimen de alinearse con los adversarios de Estados Unidos e Israel. El pronunciamiento incluye además acusaciones directas de «genocidio» contra Israel, empleando la retórica más radical del discurso antisionista internacional.
5. La ficción estadística del régimen sandinista
El régimen Ortega-Murillo ha llevado la manipulación de datos a extremos grotescos con la publicación de una encuesta que pretende demostrar que el 85.3% de los nicaragüenses aprueban su gestión gubernamental. Esta cifra fantástica no solo desafía la lógica política básica, sino que constituye una afrenta directa a la inteligencia ciudadana y de la comunidad internacional, especialmente cuando se contrasta con los datos de encuestadoras independientes como CID Gallup, que ha documentado consistentemente la erosión del apoyo popular al régimen.
Las encuestas independientes presentan un panorama radicalmente diferente: en octubre de 2021, la desaprobación a Ortega alcanzó el 69%, mientras que para 2023 el 62% de nicaragüenses considera que el país «va por el camino equivocado». Estas cifras infladas cumplen múltiples funciones estratégicas: internamente buscan aislar a la oposición y generar sensación de inutilidad en la resistencia; externamente pretenden proyectar legitimidad ante gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, la credibilidad de estos números es nula, especialmente en un contexto donde Nicaragua experimenta una crisis migratoria sin precedentes, con universidades cerradas, medios clausurados y organizaciones civiles desarticuladas.
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