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¿En qué consiste la reforma a la ley de la Contraloría General de la República?

La ley autoriza a la Contraloría a emitir regulaciones, hacer públicas sus investigaciones y remitir casos con presunción penal al Ministerio Público, que ayudará a evitar “robos”.

Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional aprobaron este martes la iniciativa de reforma enviada por la dictadura Ortega-Murillo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.

Una de las reformas establece que los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por la Asamblea Nacional por un período de seis años, con posibilidad de reelección. Durante este período, gozarán de inmunidad. Anteriormente, el período era de cinco años.

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Esta nueva estructura elimina los roles anteriores de presidente y vicepresidente, estableciendo en su lugar un copresidente y una copresidenta, quienes serán designados por los dictadores por un período de seis años y juramentados por la Asamblea Nacional.

El Consejo Superior estará integrado, además, por tres miembros propietarios y tres miembros suplentes.

Reforman para investigar robos

La ley también autoriza a la Contraloría a emitir regulaciones, hacer públicas sus investigaciones y remitir casos con presunción penal al Ministerio Público.

Gustavo Porras, presidente de Asamblea Nacional, dijo que la reforma ayudará a evitar “robos”.

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“Nosotros necesitamos una Contraloría que haga los procesos en paralelo, que revise en tiempo real, es decir, que tenga una acción preventiva, que prevenga los errores —ya sean voluntarios o involuntarios—, que prevenga los robos o las pérdidas, si fuesen involuntarias, pero que al fin y al cabo prevenga y defienda el patrimonio del pueblo de Nicaragua. Eso es lo que necesitamos”, señaló Porras en su intervención en la sesión de este martes.

La dictadura envió esta reforma días atrás sobre el despido de 90 trabajadores de la CGR, entre ellos funcionarios de confianza en el área administrativa y financiera, por supuesto actos de corrupción. También sucede cuando se aceptó la “renuncia inmediata” de la contralora María José Mejía García, al cargo de miembro Propietaria del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR).

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Nicaragua Investiga

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