La Codictadora de Nicaragua Rosaraio Murillo anunció que mañana 6 de agosto la Asamblea Nacional a su servicio va a aprobar una reforma a la Constitución Política que ilegítimamente impusieron en enero, y crearán una Procuraduría General de Justicia para perseguir «implacablemente» a los corruptos.

La iniciativa de ley se llama: «Todos contra la corrupción», y parece ser una respuesta al caso de Bayardo Arce, antiguo asesor económico de Daniel Ortega y su  aliado principal desde que ambos formaron parte de la Dirección General del Frente Sandinista en los años 80. Ambos, se enriquecieron de propiedades confiscadas y otro tipo de corrupción en el Estado durante esa primera dictadura, pero Arce, recientemente cayó en desgracia.

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La Procuraduría General de la República publicó a finales de la semana pasada un comunicado en el que aseguró que Arce es investigado por «transacciones y/o negociaciones con bienes, propiedades y sociedades al margen de nuestro marco legal». Esa misma noche Arce fue arrestado.

«Ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola al mundo sobre todo en detrimento de los pueblos empobrecitos y Nicaragua no puede ser la excepción, la copresidencia de la república ha instruido a las instituciones pertinenetes a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar, cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de la familia y el pueblo nicaragüense», informó Murillo.

De su puño y letra

Murillo dijo que ella misma se encargó de enviar la iniciativa de reforma a la Asamblea Nacional y proponer la creación del nuevo órgano de persecución.

«La copresidencia de la República ha orientado la creación de una Procuraduría General de Justicia que en conjunto con las instituciones correspondientes identifiquen, persigan, procesesn y penalizce, castigando firmente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente perseguidos, identificados, proceados y penados», leyó.

También dijo que no están dispuestos a «disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo contra el pueblo nicaragüense».

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«Serán sancionados con las máximas penas establecidas en nuestro código», sentenció Murillo.

Para muchos esto puede ser el inicio de una nueva y más feroz ola de caídos en desgracia a lo interno del sandinismo, y los dictadores usarán los actos de corrupción que les permitieron en sus momentos de fidelidad, para justificar su aplastamiento. Muchos grandes personajes del régimen podrían ver su final en los próximos días al amparo de esta reforma.