La figura de Bayardo Arce Castaño, histórico comandante sandinista y asesor presidencial de Daniel Ortega, representa uno de los capítulos más opacos y polémicos de la Nicaragua posrevolucionaria. Su trayectoria, que inició como un periodista con un salario modesto, culminó en la consolidación de una vasta fortuna personal y empresarial, forjada a través de mecanismos de apropiación de bienes estatales y confiscaciones, un proceso conocido popularmente como «la piñata«.

Este desarrollo económico contrasta abiertamente con el discurso de austeridad revolucionaria que él mismo promovía, y se ha materializado en un estilo de vida de lujo y privilegios que ha mantenido por décadas.

Desde el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, la vida de Arce tomó un giro radical. Se instaló en una de las propiedades más icónicas del derrocado régimen somocista: la lujosa residencia de Salvadora Debayle de Somoza, esposa del exdictador.

Este acto, más allá de ser simbólico, marcó la primera etapa de una estrategia de acumulación de bienes que definiría su futuro. La opulencia de su vivienda, sus viajes al extranjero y el acceso a los más exclusivos servicios se convirtieron en un reflejo del poder y la riqueza obtenidos a la sombra del poder político.

Casa «piñateada»

La primera fase de «la piñata» se caracterizó por la confiscación de propiedades de la familia Somoza y sus allegados. Entre estos bienes, la que fuera la majestuosa casa de Salvadora Debayle de Somoza fue adjudicada a Arce, quien la convirtió en su oficina y residencia. Este no fue un caso aislado; la cúpula sandinista utilizó la misma táctica para apropiarse de propiedades a lo largo del país.

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Su mega negocio arrocero

Uno de los pilares de su imperio empresarial es Agricorp, una compañía que hoy controla una porción mayoritaria de las importaciones de arroz en Nicaragua. Los orígenes de esta empresa se remontan a la hacienda Altamira, una gigantesca arrocera propiedad de la familia Somoza, que fue confiscada por el Estado y posteriormente transferida a Bayardo Arce. A pesar de los intentos de disfrazar la propiedad a través de socios y familiares, es conocido que Arce es el poder real en esa empresa.

La dictadura, acusó recientemente de evasión fiscal a Agricorp, obligando a la compañía a pagar cientos de millones de córdobas en impuestos atrasados.

El «administrador» de lo robado

Una segunda y más sistemática fase de «la piñata» ocurrió en 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones. Antes de dejar el poder, el partido transfirió la propiedad de un sinfín de activos estatales a manos de la cúpula sandinista. Arce fue uno de los principales administradores de este «tesoro» creado para financiar al partido y sus cuadros mientras eran oposición. Se estima que al menos 44 empresas de bienes raíces fueron creadas para gestionar estas propiedades, incluyendo lujosos apartamentos y edificios que hoy generan jugosas ganancias en alquileres para el FSLN.

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La opacidad en torno a la piñata es casi total. La información sobre las propiedades confiscadas, sus beneficiarios y los montos de las indemnizaciones es un secreto de Estado. La deuda generada por estas apropiaciones sigue siendo pagada por el erario público nicaragüense, y quienes han intentado investigar o denunciar el tema han enfrentado graves consecuencias, desde la persecución judicial hasta la desaparición. La fortuna de Bayardo Arce, construida sobre las ruinas de una revolución y amparada por el poder, se mantiene como un recordatorio de la compleja relación entre la política, el dinero y la impunidad en Nicaragua.