La próxima semana entrará en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones de Nicaragua, conocida como la Ley 1223, que la Asamblea Nacional al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó en octubre del año pasado y que tras la vacatio legis comenzará a regir el 6 de noviembre en el país.
El instrumento pone en manos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) un poder casi omnímodo que obligará a medios de comunicación (radioeléctricos y digitales) a responder a las exigencias de la dictadura con incluso intervención de la fuerza policial si el organismo lo considera necesario.
Mientras que las empresas prestadoras de servicios de telefonía estarán obligadas a entregar datos de sus usuarios, lo que incluye su ubicación georreferenciada cuando así lo considere el organismo.
Los operadores de telecomunicaciones podrán ser sancionados si se niegan a entregar información de los usuarios o dar datos técnicos que Telcor les solicite. Esto conllevaría a multas que van desde el 0.5% al 2.5% de los ingresos brutos de estas empresas que generen en un año.
También podrán suspenderse las licencias y autorizaciones que entrega el organismo. Estas medidas podrán ser temporales o definitivas, siempre a discreción de Telcor.
Daniel Ortega manda a regular las telecomunicaciones a su conveniencia
Más cerca de Venezuela en legislación contra la prensa
El instrumento asemeja a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorteme) que se aprobó en Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, lo que le permitió el cierre de la planta televisiva más antigua del país, Radio Caracas Televisión al declararse el fin de la concesión a finales de mayo del año 2007, un claro pase de factura del líder chavista por las críticas frontales de este canal contra su gestión.
Dos decádas después de aprobada esa ley, en el país suramericano las empresas privadas de telefonía que operan en el país mantienen bloqueadas más de 70 sitios web de información por órdenes del organismo gubernamental que las obliga a aplicar tales medidas, sin que exista una notificación oficial a los medios de comunicación afectados. En ese lapso, clausuraron más de 200 estaciones de radio, a muchas de ellas les decomisaron sus equipos de transmisión y tras las elecciones de 2024, la represión dictatorial de Nicolás Maduro se ensañó contra los trabajadores de la prensa. A la fecha, hay 20 de ellos en las cárceles venezolanas.
Llama la atención de la Ley 1223 la obligación que tienen las operadoras de entregar la geolocalización de los usuarios de telefonía, así como las duras inspecciones a la que faculta Telcor, incluso si lo consideran con el apoyo del aparato represor, la Policía Nacional.
En Venezuela, el escándalo que se generó en 2021 cuando Telefónica, la empresa española que es la principal empresa de telefonía privada en ese país, en sus datos de transparencia informó queinterceptó las comunicaciones de 1 millón 584 mil 547 líneas de sus clientes en Venezuela, más del 20% de las líneas de teléfono o internet en el país, ante la petición de las autoridades policiales, militares y los juzgados del país.
Telcor decidirá que se transmite, se difunde y se lee
Telcor tendrá a su disposición decidir que se transmite y qué no en Nicaragua, tanto lo que produzcan los creadores audiovisuales como los medios de comunicación, una censura que eleva su nivel tras las severas restricciones que ya vive el país desde las protestas de 2018.
También como en Venezuela, los proveedores se verán obligados a transmitir las cadenas nacionales que la dictadura de Ortega y Murillo estimen convenientes. Pero el poder no llega hasta allí, estas empresas tendrán que poner a disposición del régimen las instalaciones o servicios que considera el sandinismo si se presenta una emergencia nacional o regional.
El informe de Reporteros Sin Fronteras de este 2025 fue duro contra Nicaragua: «El periodismo independiente ha sido erradicado», sentenció la organización no gubernamental sobre el panorama en la nación centroamericana. A las ya confiscaciones de instalaciones de medios como La Prensa de Nicaragua, Confindencial y 100 % Noticias, se sumó el encarcelamiento de periodistas y su desaparición forzada.
Sin prensa libre
La Ley 1223 complementará otras también igual de discrecionales como la de Ciberdelitos y la de Agentes Extranjeros, con las que ya el régimen criminaliza el ejercicio del periodismo libre en Nicaragua.
“Lo que debería ser un día de fiesta para los periodistas nicaragüenses está marcado por la represión, el exilio y las desapariciones forzadas. Mientras centenares han huido del país, otros se enfrentan a la cárcel o siguen desaparecidos tras haber sido señalados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su represión ha silenciado a la prensa independiente y mantiene amenazados a quienes siguen resistiendo en Nicaragua. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a la comunidad internacional que presione al régimen para que libere a los periodistas detenidos en el país, informe sobre el paradero de los desaparecidos y establezca garantías para la libertad de prensa en el país», dijo el pasado 1 de marzo el director de RSF para América Latina, Artur Romeu, cuando el país celebraba el Día Nacional del Periodista.
En su clasificación de 2025, Nicaragua está en el puesto número 172 de un total de 180 países que estudia RSF en su ranking sobre la libertad de prensa, incluso en peores condiciones que sus aliados ideológicos autocráticos como Cuba y Venezuela en América Latina.
«La familia Ortega-Murillo ha tomado el control directo de varios medios nacionales, incluidas las cadenas de televisión Canal 8, 4, 9 y 13 y varias emisoras, como Radio Ya y Radio Sandino, convirtiendo el panorama mediático en una herramienta de propaganda gubernamental y silenciando toda voz disidente. Los medios nicaragüenses independientes en el exilio siguen llegando a un público importante, a pesar de las restricciones. La mayoría de ellos utilizan activamente las redes sociales para difundir sus contenidos», recordó la organización el pasado 3 de mayo.
Multas, suspensiones y fin de concesiones
Entre las obligaciones que tendrán los proveedores de servicios está la de permitir que Telcor acceda a sus servidores públicos, dependencias e instalaciones técnicas y físicas para operativos de fiscalización, tanto técnica como financiera o contable. Las cadenas que transmitirán pueden ser por emergencias nacionales o regionales, que la ley vincula con «la seguridad de la nación» en caso de «graves alteraciones al orden público, condiciones económicas o sociales, pandemias, epidemias y fenómenos naturales».
Los artículos 111,112 y 113 de la Ley 1223 son especialmente duros en cuanto a las inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones que la instancia gubernamental podrá hacer en los proveedores y operadores.Además, a partir del 140, cuando habla de «infracciones muy graves», en esta categoría entran la de impedir u obstaculizar estas inspecciones, así como la de no transmitir las cadenas ni ceder sus espacios cuando Telcor lo considere necesario.
Mientras que en el caso de las multas, que se harán en base a los ingresos brutos, los operadores tendrán hasta 30 días para pagarlas, pero el organismo tendrá potestad «para evitar la reincidencia del infractor», la suspensión temporal o definitiva de la concesión.
Periodista Nicaragua Investiga
