El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) reclamó este 30 de octubre acciones contundentes a la comunidad internacional ante las masivas violaciones a las garantías fundamentales contra la población en el país.
Lo hicieron ante la Asamblea General de la ONU, una acción inédita, en la que pudieron elevar la voz para presentar los últimos hallazgos sobre la persecución, represión y detenciones arbitrarias que no se han detenido por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el inicio de las protestas antigubernamentales del año 2018.
“Durante décadas, Nicaragua ha promovido la situación de Centroamérica en la Asamblea General de la ONU, como una región de paz, democracia y desarrollo… Resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el estado de derecho y las instituciones democráticas”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, al hablar ante los embajadores de los países presentes.
Represión transfronteriza
Hizo énfasis en la represión trasnacional por parte de la dupla Ortega-Murillo, que ha dejado muertes como la de Roberto Samcam en Costa Rica, así como de fallecimientos bajo custodia del Estado dentro del territorio nicaragüense.
El informe, que se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado septiembre, se basó en entrevistas a 1.900 personas y la consulta de 9.300 documentos, con los que concluyeron el patrón deliberado del régimen sandinista «para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho», advirtieron.
Despariciones forzadas afectan a detenidos y sus familias
Uno de los miembros del GHREN, Reed Brody, denunció el uso de la desaparición forzada de la disidencia política como una de las herramientas de la que se nutre la dictadura para inhibir cualquier acción opositora.
“El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del Gobierno refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre. La represión es tan grave, y el sistema jurídico tan depredador, que las familias, desgastadas, se exponen a nuevos abusos solo por buscar a sus seres queridos», lamentó Brody en su derecho de palabra.
Recordaron que la represión transfronteriza no solo incluye los atentados más recientes sino también el retiro de la nacionalidad a más de 400 nicaragüenses, la confiscación de sus bienes y obligarlos a marcharse del país con lo que pierden su sustento de vida y deben recomenzar en medio de la incertidumbre personal, social y económica en otros países.
“La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir”, agregó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos, quien añadió que este tipo de medidas “destruye vidas de manera práctica y devastadora: separa familias, bloquea el acceso a la educación o al trabajo y corta el vínculo de las personas con su país”.
Sobre Samcan mencionaron que estas acciones buscan «sembrar el miedo» en los exiliados, pero que además incluye la persecución contra familias que se quedan dentro de Nicaragua, una nueva forma de violar derechos humanos, ya no contra la disidencia, sino contra sus seres queridos.
“El Gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales y el reingreso al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley”, afirmó Brody.
Aislamiento internacional
También llamaron la atención por la salida de cinco agencias de la ONU, decisiones adoptadas por el régimen en los últimos años, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos y la Unesco.
“El aislamiento del Gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, afirmó Simon. “La consideración de Nicaragua en este foro es una señal de alerta de que la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”.
Los miembros del GHREN hicieron hincapié en su llamado a la comunicadi internacional: “La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas— para exigir responsabilidades al Gobierno y a los perpetradores individuales”, solicitó Peralta.
Periodista Nicaragua Investiga
