El gobierno de Daniel Ortega ejecutó un embargo contra los bienes y transferencias de la alcaldía administrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Wiwilí, Jinotega, denunció vía telefónica la alcaldesa de ese municipio Reyna Hernández.
«Embargaron la camioneta, las transferencias y otros bienes de la alcaldía» explicó la alcaldesa del municipio a NICARAGUA INVESTIGA. Esto se da después de un proceso judicial en el que Hernández fue demandada por un grupo de trabajadores sandinistas de la alcaldía que habrían sido despedidos, pues según ella «no querían trabajar, no me hacían caso».
Los trabajadores despedidos no aceptaron la mediación e inició un juicio en donde «ganaron todo. Ante este gobierno no hay oportunidad de nada. Todo lo que se probó no lo aceptaron» relata la alcaldesa Hernández.
Una camioneta doble cabina, entre otras cosas fueron embargadas a la alcaldía opositora. Cortesía
En las demandas laborales la alcaldesa del PLC pagó una cantidad de C$16, 376,485.39 a trabajadores sandinistas. “Lo legal que se les debe es de 1, 633,959.56 de lo que nunca me he negado a pagarles”, sostuvo Hernández tras declaraciones a Nicaragua Investiga.
La alcaldesa confiesa que los trabajares sandinistas se habían quejado ante el Consejo Municipal del PLC para hacer formas de pago sobre las demandas “se aprobó que este año se iban a pagar 800 mil córdobas y que se iba a pagar a medida que la alcaldía pueda porque no tenemos fondos ya que ellos mismos (los sandinistas) nos quitaron la transferencia”, detalla.
Denuncian presiones políticas
Reyna Hernández señala que el embargo es por presión política para ganar puestos el gobierno de turno pues según ella han estado cumpliendo con todos los pagos de la demanda, donde tienen “las copias de los cheques de todo lo que se le ha pagado, pero ahorita me mandan un embargo”.
“Anteriormente ya habían congelado la transferencia para proyectos. Este año solamente me dejaron setecientos treinta y tres mil de transferencia. Ahora ya nos embargan la transferencia que es para pagar personal y todo lo que tenga que ver con gastos de la alcaldía”, revela Hernández como presión política.
-“Prácticamente me dejan inoperante porque tendría que sacar a todos los trabajadores. No sé qué voy a hacer porque me ahogaron”, lamenta la alcaldesa.
El embargo lo han efectuado bajo la Ley 40 (Ley de Municipios); en el documento que ha llegado a la Alcaldía de Wiwilí se encuentra retención de la transferencia municipal destinada a los gastos corrientes para pagar el salario de 36 trabajadores, que equivalen a C$12 millones 458 mil 861, donde indica una tercera parte para los costos de ejecución de intereses moratorios hasta cancelar un total de 16 millones 538 mil 128. 93 córdobas. La resolución tiene cinco días para efectuarse.
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