El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría enfrentar nuevas y graves sanciones económicas si el Congreso de Estados Unidos aprueba la propuesta de ley que presentaron los representantes republicanos Chris Smith, presidente del Subcomité de África de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y su compañera María Elvira Salazar, quien está al frente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental.
Este proyecto de ley, que se presentó el miércoles 14 de enero, busca responsabilizar a los codictadores por su persecución contra la Iglesia católica, el clero y la población nicaragüense en general.
“Nuestro proyecto de ley describe graves sanciones económicas que pueden utilizarse para exigir cuentas al corrupto gobierno nicaragüense y brindar justicia y alivio rápidos al pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense —incluyendo a las personas de fe, a los miembros y líderes de partidos de oposición y a otros presos políticos— ha sufrido durante demasiado tiempo bajo la opresión del régimen de Ortega-Murillo”, declaró Smith, autor de la Ley de Libertad Religiosa Internacional Frank R. Wolf, quien además ha presidido cuatro audiencias del Congreso sobre la crisis política en Nicaragua, según declaró en una nota de prensa oficial.
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Qué le pasaría al régimen si se aprueba ley por persecusión religiosa
Bajo el nombre de Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026, este proyecto de aprobarse obligaría al gobierno de Estados Unidos a:
- Cesar inmediatamente cualquier inversión estadounidense en la economía nicaragüense;
- Oponerse a la asistencia financiera o técnica al gobierno de Nicaragua por parte de los miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE);
- Imponer sanciones específicas a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega tras el arresto, procesamiento, condena y/o sentencia de cualquier individuo por cargos de motivación política; graves violaciones de los derechos humanos de los presos políticos; y apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia;
- Plantear las preocupaciones internacionales sobre la crisis de derechos humanos y democracia en Nicaragua y apoyar a los líderes y grupos religiosos y de oposición silenciados por el régimen de Ortega-Murillo;
- Proporcionar financiamiento y apoyo a programas que promuevan los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua, incluidos programas que documenten los abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega desde abril de 2018; y
- Buscar una solución a la crisis política en Nicaragua llamando a elecciones libres y justas y al cese de la violencia política en el país.
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Las presiones económicas a la dictadura
Ya el régimen enfrenta un arancel recíproco de 18 % a la economía, que decidió la Casa Blanca en 2025 tras el retorno de Donald Trump al poder; además la Oficina del Representante Comercial impuso aranceles graduales por las graves violaciones a los derechos humanos en el país, que aunque rigen desde el 1 de enero de este año tendrán un impacto verdadero a partir de 2027 cuando se aplique un 10 % y otro 15 % en 2028.
Además, Trump ordenó un arancel de 25 % a todos los países que mantengan relaciones económicas con Irán, en medio de las protestas en la República Islámica, que han dejado más de 2.000 muertes por la represión del ayatolá.
Esto expondría a Nicaragua a nuevas sanciones en vista de su relación con los iraníes que quedó demostrado con la visita, en junio de 2023, del fallecido presidente Ebrahim Raisi, con el que Ortega y Murillo firmaron acuerdos de cooperación en economía, ciencia, tecnología, medicinas y cooperación judicial.
Salazar al presentar el proyecto aseguró que «Daniel Ortega y Rosario Murillo son dictadores despiadados que han secuestrado a Nicaragua y aterrorizado a su propio pueblo”. También agregó que «encarcelan a sus oponentes políticos, silencian a la Iglesia, reprimen la libertad de expresión y destruyen la democracia porque temen a un pueblo libre. Sus abusos contra los derechos humanos son innegables e intolerables. Por eso me enorgullece copatrocinar la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua , para imponer consecuencias reales, apoyar a los presos políticos y a las personas de fe de Nicaragua, y enviar un mensaje claro: Estados Unidos jamás legitimará la tiranía en nuestro hemisferio».
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Todo esto ocurre en medio de la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero cuando militares estadounidenses bombarderon Caracas y ciudades aledañas para capturar al exhombre fuerte venezolano, que ahora está preso en Nueva York junto a su pareja. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo.
Aunque la dictadura encarceló a unas 60 personas por manifestar su apoyo a esta operación, se vieron obligados a excarcelar a al menos 24 presos políticos el pasado 10 de enero, entre quienes estaban el pastor cristiano Rudy Palacios Vargas, su hermana Jessica Vargas y varios miembros de su congregación religiosa, una exigencia que hizo el Departamento de Estado y que antes ya en diciembre pasado solicitaron, aunque en ese momento la Procuraduría de la Justicia admitió que los tenía presos y emitió duras críticas contra el líder religioso.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, la dupla Ortega-Murillo ha encarcelado, desterrado y desnacionalizado a obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia católica. También confiscó propiedades de congregaciones religiosas, eliminó la personería jurídica de muchas de ellas y expulsó a monjas de varias órdenes, a las que también despojó de sus bienes en el país.
Periodista Nicaragua Investiga
