La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Bayardo Arce Castaño, exasesor presidencial de Daniel Ortega, y a su familia inmediata en Nicaragua. La decisión, adoptada el 5 de abril de 2026 mediante la Resolución 23/2026, responde a una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo inminente sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
La decisión de la CIDH se da «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua».
De acuerdo con los datos presentados por el organismo, Arce Castaño fue detenido por la policía en julio de 2025 y permanece en régimen de aislamiento en prisión, sin acceso a tratamiento para sus afecciones crónicas y «bajo condiciones de reclusión inadecuadas». Su familia, por su parte, ha denunciado vigilancia constante, intimidaciones y persecución por parte de agentes estatales. La CIDH destacó que, como persona de edad avanzada privada de libertad, Arce enfrenta un peligro mayor de daño irreparable, agravado por la falta de información oficial sobre su estado actual y el contacto limitado con sus allegados. El Estado nicaragüense no remitió respuesta alguna a las consultas del organismo.
Por ello, la CIDH exigió al gobierno de Nicaragua adoptar de inmediato acciones concretas como proteger la vida y la salud de Arce, garantizar condiciones de detención acordes con estándares internacionales, realizar una evaluación médica integral y proveer atención especializada y medicamentos; permitir visitas regulares de familiares; cesar cualquier forma de acoso contra su núcleo familiar; y abrir una investigación sobre los hechos denunciados para evitar su repetición. Estas medidas no prejuzgan eventuales violaciones de derechos que podrían tramitarse por la vía formal del sistema interamericano.
¿Bayardo Arce es un preso político?
En Nicaragua persiste un extenso debate sobre si Bayardo Arce es o no un preso político.
Mientras algunos analistas y opositores consideran que su caso encaja en patrones de detención arbitraria y purga interna por motivaciones políticas, otros sectores —incluidos críticos del régimen— sostienen que se trata de un ajuste de cuentas por corrupción y que catalogarlo como preso político podría diluir el reconocimiento de las verdaderas víctimas de la represión.
Sin embargo, el Mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas incluyó a Arce Castaño en su lista para Nicaragua, lo que ha despertado debates intensos en redes sociales, entre quienes consideran que por ser un antiguo aliado de Ortega y haberse beneficiado vía corrupción de esa alianza no merece esa categoría y quienes piensan que a pesar de eso, la falta de garantías judiciales y de una defensa adecuada ubican al excomandante revolucionario como una víctima más de la dictadura.
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