La bancada sandinista ante la Asamblea Nacional presentó el 22 de septiembre una iniciativa de ley llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca ejercer mayor control sobre organizaciones que reciben fondos de agencias internacionales u otros gobiernos.
El jurista opositor José Pallais considera que esta ley «es demasiado amplia» por lo que no solamente perjudicará a las organizaciones opositoras, si no a todas aquellas que operan con fondos provenientes del extranjero y que no participan en política.
De igual manera, la diputada liberal Azucena Castillo asegura que «es una propuesta improcedente. Nosotros (bancada liberal) no estamos de acuerdo con esa iniciativa que está manipulando la Constitución y muchos de los convenios que este país tiene».
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Castillo comenta que a partir de esta ley, el Ministerio de Gobernación será el único que definirá qué acciones de las ONGs son buenas o malas bajo la «burda interpretación del concepto de autodeterminación de los pueblos de soberanía nacional (…) Esta ley se trata de hacer lo mismo que hicieron en 1989 – 1990, para controlar la campaña» electoral de la oposición en aquel momento, cuando Daniel Ortega perdió el poder contra Violeta Barrios, alega la diputada liberal.
Para Castillo es claro que Daniel Ortega se está preparando para cortar un posible flujo de recursos por parte de la comunidad internacional para los grupos opositores de cara a la consolidación de la unidad para las elecciones del 2021.
Azucena Castillo, diputada del PLC – Foto: Nicaragua Investiga
Por otra parte, a pesar de que el documento enfatiza en que la ley «no afecta los acuerdos o tratados comerciales vigentes», el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Mario Arana, manifiesta que esta iniciativa de ley ha despertado incertidumbre e inquietud entre algunas organizaciones porque esta ley «es para medir las costillas de actores y sectores que tengan algún vínculo con el extranjero» y considera que esta medida afectará las decisiones de inversionistas extranjeros.
Violaciones a la Constitución Política
El artículo 12 de la iniciativa de ley establece que las personas calificadas como agentes externos no podrán aspirar a cargos de elección popular, lo cual para José Pallais violenta la Constitución Política que determina como un derecho de cualquier nicaragüense el aspirar a un cargo público.
«Las prohibiciones para ser candidato solamente pueden establecerse en la Constitución, no pueden estar establecidas en una ley ordinaria», explica el jurista.
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Además, esta ley permite la confiscación de bienes y recursos de las organizaciones o personas que no cumplan con lo establecido en ella, según el artículo 13 de la iniciativa de ley, que faculta al Ministerio de Gobernación «a intervenir los fondos y bienes muebles o inmuebles de la persona física o jurídica que se niegue a cumplir la ley, así como prohibir sus actividades».
Esta disposición también violenta la Carta Magna la cual prohíbe cualquier tipo de confiscación, comenta Pallais. «También atenta contra la presunción de inocencia de los ciudadanos porque considera que todo el que recibe plata del exterior es sospechoso de ser agente extranjero o de estar al servicio de intereses extranjeros», agrega el jurista.
Para que esta ley pueda ser aprobada por la Asamblea Nacional y pueda aplicarse con legalidad, la Constitución Política deberá ser reformada primero, de lo contrario la ley será inconstitucional y entrará en contradicción con la Carta Magna.
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Afectará a periodistas y medios de comunicación
Por su parte, el experto en temas de comunicación Alfonso Malespín, considera que esta ley también afectará a los hombres y mujeres de prensa, sobre todo a los corresponsales extranjeros debido a que sus salarios provienen de agencias internacionales.
Los periodistas que reciban becas de organizaciones periodísticas extranjeras o nacionales como CONNECTAS, Fundación Gabo o la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, serían denominados como agentes extranjeros explica Malespín. «Hay una intencionalidad en la ley de controlar el periodismo de investigación, el periodismo de datos, que son tipos de periodismo acuciosos y críticos que fiscalizan al poder en diferentes países», agrega.
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Malespín también señala que esta ley restringe la práctica del periodismo debido a que los que sean considerados como «agentes extranjeros» no podrán «intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna», según lo establecido en el artículo 12 de la iniciativa de ley.
«No podrías informar porque eso podría ser considerado por el Ministerio de Gobernación como una injerencia en los asuntos internos del país», explica el experto en temas de comunicación.
“Criminalización” del financiamiento exterior
Félix Maradiaga, politólogo y ex Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), señala que esta iniciativa de ley criminalizaría “cualquier tipo de financiamiento, donaciones, préstamos, salarios, fondos o cualquier cosa de valor que venga del extranjero”.
Por lo que considera se trata de un uso arbitrario de las leyes para impedir cualquier “expresión de solidaridad del exterior”.
La medida afectaría a las iglesias, periodistas, empresas, emprendedores, trabajadores por cuenta propia, consultores, ONG, misioneros, fundaciones o empleados de empresas extranjeras, quienes ahora tendrían que registrarse como agentes extranjeros.
“No solo ataca a la sociedad civil, a las fundaciones o las ONG, sino que trata de criminalizar cualquier expresión de solidaridad como por ejemplo la de los nicaragüenses en el exterior que ayudan a sus hermanos en Nicaragua” asegura Maradiaga.
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Destaca que esta serviría para cerrar definitivamente las remesas, transferencias, o cualquier otra forma de financiamiento, a cualquier iniciativa ciudadana que sea considerada sospechosa por el gobierno, pues el Ministerio de Gobernación (MiGob) podrá “definir a quien quiera como agente extranjero”.
El politólogo señala que esta iniciativa es complementaria a medidas arbitrarias que ya han venido siendo aplicadas desde 2018 a organizaciones como el Ieepp, y otras organizaciones civiles cuyos bienes fueron confiscados.
“Esta iniciativa pondría otra arma más en las manos del régimen contra la ciudadanía” alerta Maradiaga.
“Esta iniciativa pondría otra arma más en las manos del régimen contra la ciudadanía” alerta Félix Maradiaga.
Organizaciones civiles directamente afectadas
Debido a la situación de crisis sociopolítica que enfrenta el país y las notables tensiones que existe entre el gobierno y las organizaciones civiles opositoras, las diferentes ONG nacionales expresaron su preocupación tras el anuncio de la iniciativa de ley.
El Dr. Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), considera que esta regulación tiene un solo objetivo que es “evitar el financiamiento a las ONG que no comulguen (con el gobierno), o que hagan incidencia en la promotoría de derechos humanos, o que tengan incidencia para el fortalecimiento democrático”.
Entre las organizaciones que han sido mayormente perseguidas desde el estallido social de 2018 y que ahora permanecen en la incertidumbre con la iniciativa se encuentran los colectivos de mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos, y las organizaciones ambientales.
En el caso de CPDH, quienes toman denuncias ciudadanas producto de situaciones de abuso, Cuevas asegura que, aunque han atravesado situaciones difíciles en otros momentos, sin financiamiento se hará más difícil recolectar toda la información necesaria para llevar a cabo sus labores.
Comparte que tienen un próximo proyecto para capacitar de forma virtual a los ciudadanos en distintos temas respecto a sus derechos, pero sin financiamiento este tipo de actividades no podrán continuarse llevando a cabo, “y el ciudadano continuará desconociendo sus derechos”.
El abogado destaca que “el objetivo es ahogarlas económicamente porque esto provocará que los donantes no sigan brindando recursos a organizaciones que las autoridades consideren adversas, es callar a las voces que señalen y levanten banderas ciudadanas”. Además, alerta que la persecución no solo culminaría con el cierre de las organizaciones, sino que incluso podría elevarse a niveles penales.
“Como no han logrado callarnos mediante la amenaza, la intimidación, el asedio, y hemos seguido haciendo nuestro trabajo, entonces ahora están tratando de callarnos de otra manera” agrega. Pero Cuevas sostiene que continuarán trabajando en la defensa de los derechos humanos a pesar de las dificultades.
“Lejos de amedrentarnos, más bien nos debe llenar de más fuerza y convicción alrededor de la urgencia de unirnos” puntualiza Maradiaga.
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