Finalmente la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional «dictaminó » la Iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que entre otras cosas criminaliza la cooperación a organizaciones opositoras al gobierno de Daniel Ortega.
Por una parte flexibilizó algunos puntos tras las amenazas de sanciones por parte del Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos, los principales socios comerciales de Nicaragua, pero por otra mantiene la presión contra opositores.
El dictamen en manos de Nicaragua Investiga muestra ciertas modificaciones como la excepción de la Ley a los organismos intergubernamentales de carácter humanitario; así como las Misiones Diplomáticas, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación Internacional. También eximen a los medios de comunicación social internacionales y sus corresponsales, y personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas según la Ley de la materia.
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Pero por otro lado mantiene las amenazas de acciones penales a todo aquel que quiera ser candidato en unas elecciones, al establecer que serán clasificados como agentes extranjeros» si reciben apoyo financiero de otras organizaciones.
La diputada Azucena Castillo, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, señala a Nicaragua Investiga que no hubo nada de cambios de fondos y advirtió que sigue siendo una Ley violatoria a los derechos civiles.
«Es una Ley que viene a golpear la economía y derechos civiles de los nicaragüenses. Se trata de una Ley pensada en una herramienta de amenazas y una espada de democles que se tiene que tener como sujetos obligados. Se trató de poner otro vestido pero el fondo es el mismo», dice Castillo vía telefónica.
Azucena Castillo, diputada del PLC y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional – Foto: Nicaragua Investiga
Remesas
Igualmente la Ley aplicará una excepción en la aplicación de las remeses familiares, así como los residentes pensionados y residentes «que impactan en la actividad económica del país»; pero advierte que para tal efecto el Banco Central determinará una resolución del Consejo Directivo.
Las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación, también será exentas de la Ley.
Al final del dictamen los parlamentarios advierten que en caso que las personas exceptuadas por la presente Ley «lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales o jurídicas, Gobierno u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicará las disposiciones de la legislación vigente».
Se tiene previsto que esta semana sea presentada dicha Ley en el plenario para su aprobación por la mayoría de la bancada sandinista.
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