La Fundación Arias para la Paz y el Progreso emitió un comunicado asegurando que durante el fin de semana fue objeto de ataques verbales por parte del Ejército de Nicaragua, luego de que publicaran el informe “Las Caras del Exilio Nicaragüense: Expulsados y Vulnerabilizados”, en el cual se sostiene que militares nicaragüenses y policías de Costa Rica han recibido en conjunto sobornos por parte de traficantes de migrantes.
Daniel Ortega y Murillo ¿reconocen participación del ejército en represión de 2018?
«No nos sorprende ni nos amedentra el comunicado de odio emitido por los militares nicaragüenses el fin de semana. Ese ejército la emprende contra un estudio de nuestra Fundación, que ratifica de forma técnica la realidad que acontece en la frontera sur de Nicaragua y lo que ocurre en ese país» expone la costarricense Fundación Arias.
Desde la publicación del informe, que señala que miembros del Ejército Nacional aceptaron sobornos para permitir el paso de nicaragüenses que huían de la crisis sociopolítica de 2018 hacia Costa Rica, la institución militar dirigió diversos comentarios en contra de la Fundación acusándola de difundir información falsa y de no atender responsabilidades ante temas de acoso sexual, narcotráfico, crimen organizado y tráfico de armas, que presuntamente tienen algunos consultores.
Una institución cuestionable
La Fundación Arias resaltó que la cúpula del Ejército de Nicaragua ya ha sido sancionada por el gobierno estadounidense, y que sus máximas autoridades —Daniel Ortega y Rosario Murillo— también han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos, el de Canadá y la Unión Europea.
De igual forma, un Tribunal de Conciencia de la Fundación determinó que en las instituciones del gobierno se ha utilizado la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contra de los opositores, y que no se trata de casos aislados, pues existe una cadena de mando para responder a órdenes superiores.
Esta no sería la primera vez que la institución se ve asociada a polémicas cuestionables, desde el estallido de la crisis en Nicaragua se ha sostenido que dicha institución responde directamente a los intereses de la familia presidencial y que al igual que la Policía Nacional, ha perpetrado diversas violaciones a los derechos humanos.
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