La Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) rechazó la iniciativa de reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), ya que pone en peligro a los bancos por el lavado de dinero tras ser un mecanismo de tratar de mantener abierta las cuentas de funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos. Además, los bancos podrían pasar a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual desarrolla políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
«Nos ponen en riesgo como país de pasar a la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el (GAFI), lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaría, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales», se lee en la carta que envió ASOBANP a los Miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, firmada por Juan Carlos Argüello Robelo, presidente de la Asociación.
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Además señalan que otras consecuencias serían el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos. «Esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global», recoge la misiva.
Las reformas serían precisamente al artículo 9 numeral 10 y 25; el artículo 54 y la adición al artículo 6 numeral 22 de la citada iniciativa reforma a la Ley. Pero «todos ellos trasgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales», indica la misiva, y señalan que además viola el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua.
«La determinación de los mercados objetivos, el apetito de riesgo y la administración específica del riesgo existente en la actividad financiera, corresponde exclusivamente a los bancos», subrayan en la carta.
Mecanismo para mantener cuentas a sancionados
Estas reformas obligan a las entidades financieras a mantener abierta las cuentas bancarias de los funcionarios que han sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estos han sido señalados de «desviar fondos de la economía nicaragüense» mediante lavado de dinero y de crear empresas fantasmas para obtener ganancias ilícitas.
«Esta es una reforma que quiere proteger de alguna manera a los sancionados y el costo lo vamos a pagar si eso sigue así y no se cambia, lo vamos a pagar una vez más todos los nicaragüenses», dijo el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, en un medio local.
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En la carta afirman que los bancos privados son responsables de proteger a los depositantes y cumplir con las normas internacionales y las mejores prácticas bancarias, «deben adherirse a la Recomendación 10 de GAFI y su nota interpretativa que obligan a los bancos a tener una debida diligencia que exigen un enfoque basado de prevención de lavado de dinero».
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