Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron este viernes una iniciativa de ley para obligar a Daniel Ortega a garantizar elecciones transparentes en los comicios de noviembre próximo, según informó la oficina del congresista demócrata Albio Sires.
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La propuesta de ley Reforzar la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral 2021 (o Ley Renacer) se basa en la Ley Nica Act y exige sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para el 7 de noviembre; coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea, reforzar las excepciones humanitarias para los préstamos de instituciones financieras internacionales, y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.
«El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua» dijo Sires, representante demócrata que impulsó la propuesta de ley. Según el congresista, Estados Unidos, debe «implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales».
«Ningún gobierno va a silenciar las voces de sus ciudadanos sin ver consecuencias impuestas por los Estados Unidos. El pueblo nicaragüense merece votar sin miedo de la persecución, y vamos a hacer todo lo que podemos para asegurar que puedan ejercer su derecho a expresarse libremente» dijo por su parte el representante demócrata, Darren Soto.
Presión internacional
El proyecto de Ley Renacer se suma a la lista de medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos para presionar a Ortega y dar una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el año 2018. Hasta ahora, el mandatario cuenta con 28 funcionarios sancionados, incluyendo su esposa Rosario Murillo.
Estas también han alcanzado a varias entidades, entre las que se encuentra la Policía Nacional, que ha sido señalada por Estados Unidos de graves violaciones a los derechos humanos y a la que el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de la OFAC.
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