A tan solo menos de 6 meses de la contienda electoral, la más reciente encuesta de la firma costarricense, CID Gallup que ha sido filtrada a los medios de comunicación, reveló que el candidato que tiene mayor probabilidad de ganar las elecciones y ser presidente del país, es Daniel Ortega, quien ha sido señalado por organismos internacionales de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2018.
Ortega cuenta con el 30% de aprobación detalla la encuesta. Por su parte, Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, ocupa el segundo lugar con un 21%, convirtiéndose en la precandidata con mayor posibilidades de alcanzar y superar a Ortega en los comicios del 7 de noviembre de este año.
De ahí, que analistas y expertos jurídicos cuestionen el proceso que enfrenta la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por el supuesto delito de lavado de dinero y activos por parte del Ministerio Público, y sostengan que el objetivo de esas investigaciones es inhibir esa candidatura.
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Esta encuesta también reflejó que existe una importante proporción de la población que manifiesta incertidumbre sobre los candidatos que quieren gobernar la nación. Un 20% contestó que no sabe o no respondió a quien elegir.
Luego, de la hija de la expresidenta de la República, Violeta Barrios, le sigue Medardo Mairena con un 7%, Arturo Cruz con 6%, Juan Sebastián Chamorro con 5%, Félix Maradiaga con un 4%, Miguel Mora con 3% y Rosario Murillo con 3%.
Ortega baja su nivel de aprobación de gestión
Al ser consultados los encuestados sobre los eventos de 2018, Ortega disminuyó significativamente su nivel de aprobación en su gestión como Presidente. La pregunta realizada fue: ¿ Cuál es su opinión de la forma en que lleva a cabo sus labores como Presidente Daniel Ortega ? De un 62% que antes aprobaba su labor estatal ahora bajó a un 38%.
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La crisis sociopolítica de 2018, es lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno de Nicaragua, solicitar un informe al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que responsabilizó de la mayoría de las muertes a la represión del Estado y de grupos paraestatales, y acusó al gobierno sandinista de cometer actos que deben considerarse «crímenes de lesa humanidad«.
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