«La justicia llega, tarda, pero llega» sentenció este mediodía la vocera gubernamental y vicepresidenta, Rosario Murillo; quien además intensificó el tono de sus habituales alocuciones, solo minutos después de que se diera a conocer el reciente arresto de otro precandidato presidencial.
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Murillo sostuvo que «en esta Nicaragua que venía prosperando y que venía en reconciliación» a través de «un modelo de alianzas por el bien de todos; de repente el egoísmo, la avaricia, la ambición y el servilismo con los imperios, interrumpió esos procesos y sembró desde el odio tanta desconfianza».
La vocera sandinista amenazó con que debe hacerse «un inventario de todo lo que ingresó al país para destruirnos y lo que se podría haber hecho con esos recursos que no entraron para la paz y el bien, que entraron y engordaron las carteras de unos cuantos, que además al recibir esos recursos se comprometían a matar y a apagar todas las luces que no se pueden apagar y mucho menos con dinero sucio».
Asimismo, Murillo responsabilizó a la oposición nicaragüense de los lentos avances de erradicación de la pobreza en el país a través de la gestión de su gobierno. «Cuanto se han robado, uno se pone a hacer los cálculos, cuantas casas, cuantos kilómetros de carretera, cuantos kilómetros de calle en las zonas más empobrecidas por el odio… cuanto hubiéramos hecho con lo que se han robado» y se refirió a ellos no solo como ladrones, sino también como «terroristas» y «criminales».
Fuerte campaña contra medios y opositores
Las palabras de Murillo surgen en medio de un difícil panorama sociopolítico en Nicaragua. Durante las últimas semanas, tres precandidatos de la oposición han sido detenidos y son investigados por los presuntos delitos de lavado de dinero y violación a la llamada «Ley de Soberanía»; y más de 20 periodistas han sido citados ante el Ministerio Público para brindar declaraciones sobre su relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Los recientes hechos han causado rechazo en la comunidad internacional, quienes aseguran que las medidas de Ortega y Murillo no favorecen el clima político para las recientes elecciones generales de noviembre. De igual forma, desde la oposición nacional temen que las inhibiciones continúen extendiéndose al resto de precandidatos.
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