Con cinco de sus más fuertes contrincantes detenidos, el presidente de Nicaragua pareciera preparar el camino hacia unas elecciones hechas a su medida, mientras pone a prueba los “límites” de la respuesta internacional, indicaron varios expertos consultados por la Voz de América.
Ortega conoce de la presión extranjera en todas sus formas: declaraciones, resoluciones de organismos, protestas y hasta sanciones a él y su núcleo más cercano. Pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pueden generar las sanciones dirigidas al sector económico, una vía que impulsan legisladores estadounidenses.
Entre las opciones presentadas a la Casa Blanca por una comisión bipartidista del Senado está revisar la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y «utilizar las herramientas disponibles», entre ellas la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos y sectores de la economía de ese país.
Una estrategia similar ha sido aplicada al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, sin alcanzar los resultados esperados hasta el momento.
Pero “Nicaragua no es Venezuela”, indica Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica del Centro Wilson, con sede en Washington. “No tiene petróleo, es un país mucho más pequeño, mucho más dependiente a la economía internacional para sobrevivir», explica.
Si «Nicaragua está expulsada del Tratado de Libre Comercio, si no hay préstamos de los bancos internacionales, va a ser muy difícil para Daniel Ortega sobrevivir» asegura Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica del Centro Wilson.
Sin embargo, advierte sobre el efecto «muy negativo» de estas acciones, «más que nada sobre la población y no sobre el régimen en sí mismo».
Lo que está por verse, destaca la analista, es si «los costos son suficientes» para conducir a un cambio en el comportamiento del gobierno, aunque «el récord [de Ortega] hasta ahora no es muy alentador».
Para el diputado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro, algunas de las detenciones de líderes opositores y periodistas, a quienes se les acusa de «socavar» la soberanía de Nicaragua, son una respuesta del Gobierno para «proteger» a la nación centroamericana de «una sanción que perjudique desembolso de recursos para el beneficio del país».
Daniel Ortega (Izq), presidente de Nicaragua, se reúne con el mandatario venezolano en el Palacio de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2018. AFP/NI
Arnson considera que las medidas arbitrarias de Ortega están siendo implementadas «con la confianza de que los Estados Unidos y los otros actores no tienen la fuerza para decirle a Ortega y Murillo que no pueden actuar de esta forma. En ese sentido es un desafío a toda la comunidad internacional, no solo a la Administración Biden».
El 9 de junio Estados Unidos sancionó a cuatro individuos ligados al gobierno nicaragüense, que pasaron a engrosar la lista de más de 24 funcionarios designados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump.
Ahora, la Administración Biden analiza en consulta con el Congreso «las herramientas que existen ahora y que podrían existir” para seguir presionando a Ortega, indicó el enviado especial del Departamento de Estado Ricardo Zúñiga.
Según el diplomático, las acciones de Ortega están «por sí solas» cerrando las opciones de inversión en ese país. “No hay un ambiente propicio para la inversión, sus decisiones arbitrarias asustan a los mercados y a los inversores, tanto internos como externos”, dijo Zúñiga en una conferencia de prensa este mes.
La única salvación
Desde la ONU y la OEA se han hecho llamados al gobierno de Ortega, desde que empezó la actual ola de represión. El resultado ha sido más arrestos y asedio, ahora también contra periodistas.
El exembajador nicaragüense ante la OEA, Edgar Parrales, no subestima el poder de la diplomacia: «le están diciendo al gobierno, sea sensato, ábrase al diálogo, si no aquí estamos».
La respuesta diplomática de Managua hasta ahora ha sido limitada. El gobierno sandinista considera las acciones de Washington y el llamado de la OEA como una «práctica injerencista» y «una violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados».
Un diálogo diplomático de alto nivel es visto como la solución más práctica. La ONU, por ejemplo, «podría enviar a un diplomático que intente negociar» con Ortega, con incentivos sobre la mesa, sugiere Arnson.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, también es partidario de que el secretario general de la ONU «potencie las acciones y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.
Pero Carlos Jornet, directivo de la SIP, está convencido de que “la presión internacional no les importa” a la pareja Ortega-Murillo y considera que la represión «no va a tener fin y se va a acentuar» a medida que se acerque la fecha de las elecciones de noviembre.
Al borde de la crisis regional
En el peor de los casos, la acentuación de la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua podría conducir a una nueva ola de emigración. La Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), ya lo contempla.
«Tenemos Nicaragua que es una preocupación […] las próximas elecciones pueden causar mayor agitación», dijo Filippo Grandi a una reciente entrevista con la VOA.
Según un informe publicado este martes por HRW, 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país a raíz de la represión del gobierno en 2018; la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y por ende la migración.
“Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, acotó Vivanco.
Nicaragua Investiga
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