El proselitismo político impulsado por Ortega con fondos del Estado

El más reciente informe de Urnas Abiertas registra que hasta el 1 de julio de este año el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado recursos del Estado para realizar proselitismo político, una práctica que «no sólo contraviene la legislación nacional e internacional, sino que constituye una grave anomalía para el proceso electoral en desarrollo».

A través del reporte ciudadano, Urnas Abiertas confirma que Ortega ha recurrido al uso de los recursos públicos para la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Pero el registro de estos hechos es de larga data.

Desde el año 2007, cuando Ortega retomó el poder por segundo periodo consecutivo, ya se habían evidenciando numerosas situaciones en las que se hacía uso de los bienes, recursos y personal del Estado para actividades particulares del partido sandinista, así como eventos de campaña dentro y fuera de períodos electorales; según indica el reporte.

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Todo esto, a pesar de que la Ley Electoral prohíbe a todo partido político recibir por parte de instituciones del Estado cualquier tipo de donación con fines de propaganda electoral o usar bienes propiedad del Estado para propaganda. «Estas actividades implementadas por el gobierno de Nicaragua no sólo contravienen normativas internas, sino que también irrumpe contra lo contenido en instrumentos internacionales como el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción» advierten.

Manipulaciones y amenazas a trabajadores del Estado

Urnas Abiertas destaca que el gobierno también «ha permitido y promovido que trabajadoras y trabajadores del Estado participen activamente en las actividades partidarias del FSLN, especialmente la Policía Nacional, en conmemoraciones sandinistas, contraviniendo su naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante».

Hasta el 1 de julio, registran que la Policía Nacional ha encabezado caravanas en distintas regiones del país en el marco de lo que el gobierno sandinista ha denominado como “Diana Bienvenida Julio Victorioso 42/19”. «Se ha procedido a confirmar, a través de reportes ciudadanos, que las caravanas partidarias fueron desarrolladas a lo largo de 69 municipios en todo el territorio nacional y fueron promovidas en un 100% por las Alcaldías Municipales y acompañadas por diferentes instituciones, principalmente la Policía y el Ministerio de Salud», indica el reporte.

En el informe también se evidencia que los trabajadores del Estado se encuentran bajo «amenazas, vigilancia, hostigamiento, represalias y otras acciones coercitivas que las obligan a participar en las actividades partidarias y electorales del FSLN».

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Según las denuncias anónimas recibidas por Urnas Abiertas, los funciones públicos están siendo obligados a participar en capacitaciones electorales, a dar aportes económicos al partido FSLN, a dedicar horas no laborales a actividades del partido, a solicitar su carnet de militantes, a participar en actividades políticas dentro de las instituciones, a mostrar sus equipos electrónicos para que les sean revisadas sus redes sociales, y a brindar informes periódicos a los Secretarios Políticos de sus centros de trabajo o de sus barrios.

«Se recibieron reportes de capacitaciones a personal docente del sistema público de educación para participar en las Juntas Receptoras de Votos, en muchos casos contra su voluntad y bajo amenazas. Los reportes también indicaron que en estas capacitaciones se les dan indicaciones de cómo cometer acciones fraudulentas en los Centros de Votación el día de los comicios».

En cuanto a la contribución económica que los trabajadores estatales deben brindar al partido, «aunque no en todos los casos es explícitamente obligatoria, las personas que dan sus aportes deben firmar una nómina, y existe temor entre las y los trabajadores que se apliquen represalias contra quienes no hagan dicho aporte». Los reportes indican que estos aportes son solicitados desde años anteriores, pero que en este 2021 se incrementó hasta en C$2,500, y en algunos casos se mantienen cuotas menores entre C$50 y C$300.

Por otro lado, se verificaron despidos arbitrarios y amenazas, por lo que algunas personas han preferido exiliarse. «Lo anterior, comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de gobierno, tanto en las instituciones del Estado, como en el proceso electoral, dado que, mientras se realizan actividades propagandísticas que pueden interpretarse como una forma de campaña electoral, el Gobierno recluye a las principales figuras de liderazgo opositor en las cárceles» indica el informe.

Persecución judicial

Entre el 16 y el 30 de junio de 2021, Urnas Abiertas registró 119 hechos de violencia política en el contexto electoral, de los cuales 32 fueron de «judicialización», lo que incluye las citatorias por el Ministerio Público, las imposiciones de detención judicial de 90 días y la aplicación de otras medidas ordenadas por la Fiscalía como el levantamiento del sigilo bancario o las restricciones migratorias.

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«En este período se observa un cambio en la cantidad de hechos registrados por categorías, es decir, por primera vez los hechos de “judicialización” registran una mayor frecuencia que los de “hostigamiento”; lo que reafirma que se
mantiene y profundiza la persecución judicial como estrategia represiva» reconoce el informe.

Si bien el inicio oficial de la campaña electoral es el 21 de agosto, desde diferentes instituciones estatales ya se están realizando diversos actos partidarios, y a su vez se han intensificado las amenazas y persecución contra cualquier grupo de oposición a Ortega.

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