Exigen al gobierno de Ortega “prueba de vida” de reos políticos ante Corte IDH

La hija de la presa política Tamara Dávila “ha llegado a preguntar si su mamá está muerta”, denunció el hermano de Dávila durante la audiencia de la Corte IDH.

La angustia de cinco familiares de presos políticos nicaragüenses de no saber absolutamente nada de ellos, tras casi tres meses detenidos, se evidenció este viernes en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuando exigieron al gobierno de Daniel Ortega que les de una “prueba de vida”.

Familiares de Tamara Dávila, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera narraron la violencia con la que estos fueron detenidos, la ilegalidad de las acusaciones y las violaciones a sus derechos al no permitir ni siquiera que los vean sus abogados.

Estado de Nicaragua no acudió a la audiencia

La Corte IDH convocó a esta audiencia pública para la supervisión de las medidas provisionales de libertad inmediata que había adoptado a favor de los cinco detenidos.

El Estado de Nicaragua estaba convocado a asistir, sin embargo, no hizo presencia. “Volvemos a lamentar la ausencia del Estado de Nicaragua porque la gravedad de la situación hubiera ameritado que pudiésemos oírlos”, lamentó Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Vilma Núñez, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que pese al pedido de libertad inmediata de la Corte, los cinco detenidos “permanecen desaparecidos”.

“La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus inexactas afirmaciones”, subrayó.

Núñez recordó que en Nicaragua los jueces actúan sin independencia alguna, aplicando discrecionalmente leyes que contienen términos ambiguos.

Así mismo, subrayó que “el contexto de represión que motivó el otorgamiento de estas medidas está vigente y se agrava día a día”. En este sentido, dijo que hay más de 140 presos políticos en las cárceles de Ortega y que en los últimos tres meses se han sido apresadas arbitrariamente 34 personas.

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«Solicitamos una prueba de vida»

La periodista Bertha Valle explicó que hasta su detención su esposo Félix Maradiaga había sido agredido y vigilado constantemente por la Policía Nacional. Indicó que su captura fue el pasado 8 de junio luego de una entrevista en la Fiscalía. Al llevárselo, los agentes lo golpearon y desde entonces no se sabe absolutamente nada de él.

“Solicitamos una prueba de vida porque tiene 80 días desaparecido e incomunicado”, dijo Valle sin poder contener el llanto.

La periodista explicó que su pequeña hija ha presentado problemas de ansiedad y que a ella el gobierno de Ortega le notificó que está siendo investigada por “traición a la patria”.

Preocupación por salud de José Adán Aguerri

No menos dramática fue la situación narrada por Carolina Jackson, hija de José Adán Aguerri. Esta dijo que el 8 de junio cuando fue detenido su padre, los policías irrumpieron armados en su casa y la saquearon. Recordó que su padre había sido víctima de ataques de periodistas oficialistas y sufrido asedio y persecución constantemente.
Se mostró preocupada también por la salud Aguerri, quien padece de reflujo y gastritis.

Hija de Tamara Dávila pregunta si su mamá murió

El caso de la feminista Tamara Dávila dejó igualmente en evidencia la violencia de los operativos policiales para detener opositores. Javier Hidalgo, su hermano, narró que el 12 de junio por la noche unos 60 policías llegaron a la casa con armas de guerra. Támara se encontraba con su hija de cinco años de edad. Al ver lo que pasaba la opositora se dispuso a salir, sin oponer resistencia para resguardar la seguridad de su hija, pero los policías rompieron a patadas la puerta de la casa.

“Esa fue la última vez que la vimos”, dio Hidalgo.

Los efectos en la hija de Tamara se han manifestado en miedo, ansiedad y tristeza, preguntando reiteradamente “dónde está su mamá”. Incluso “ha llegado a preguntar si su mamá está muerta”, afirma Hidalgo.

“Ni su abogada ni nadie de la familia hemos podido verla en 76 días”, aseguró, denunciando también que otros miembros de su familia detenidos son Ana MargaritaVijil y Dora María Téllez.

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Violeta Granera detenida por hombres de civil

Otro de los que no pudo retener el llanto fue Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Sandino recordó que el 8 de junio la casa de su mamá fue allanada ilegalmente por policías, quienes la llevaron a una camioneta, la golpearon y le halaron el pelo, pero no la detuvieron. Tres días después policías y hombres de civil llegaron por la noche y se la llevaron en un vehículo sin identificación.

Sandino afirma que existe preocupación por el estado de salud de su madre, una mujer pronta a cumplir 70 años. “No sabemos absolutamente nada”, manifestó.

Incriminan también a esposa de Juan Sebastián Chamorro

Victoria Cárdenas manifestó por su parte que el 8 de junio la policía allanó su vivienda y detuvo a su esposo Juan Sebastián Chamorro. Recordó que fueron más de 40 policías quienes lo detuvieron con lujo de violencia y se llevaron “lo que quisieron” de la casa.

Tras la detención, ella y su hija tuvieron que huir de Nicaragua. Cárdenas denunció que el gobierno de Ortega la acusó de “traición a la patria” y que a su familia le ha embargado siete propiedades por razones políticas.

Crímenes de lesa humanidad

Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora para Nicaragua, manifestó que le han dado seguimiento muy cercano a la crisis en Nicaragua y recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que en el país en el 2018 habían ocurrido crímenes de lesa humanidad.

Urrejola enfatizó en la arbitrariedad de estas detenciones y en que el Estado no ha informado ni de la situación concreta de los presos, como tampoco de su paradero. Al respecto, refirió que éstos se mantienen en un lugar desconocido e incomunicados, y sin garantías judiciales mínimas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que en el país en el 2018 habían ocurrido crímenes de lesa humanidad.

En Nicaragua hay una legislación penal «extraña», afirma un juez

Claudia Paz y Paz, quien formó parte del GIEI, explicó que la desaparición es una vulneración a la integridad física en los casos de aislamiento prolongado. Al respecto, dijo que “no basta con las afirmaciones del Estado, se necesitan pruebas objetivas de que no existen riesgos para la vida e integridad física de los detenidos”.

El juez Eufenio Raul Zaffaroni dijo que en Nicaragua hay una “legislación penal extraña” y pidió
tener acceso a esa legislación y textos legales, lo cual les será facilitado por la CIDH.

Durante la audiencia Bertha Valle manifestó que hay familiares de los detenidos están en el exilio, pero que también hay muchos que no quieren hablar porque temen represalias del gobierno.

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