Joe Biden firma Ley Renacer

Tras una semana de la aprobación de la Ley de Reforzamiento para la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, mejor conocida como Renacer, este miércoles 10 de noviembre el presidente Joe Biden finalmente firmó dicha legislación.

La firma de Biden, era el único paso faltante para la aplicación de la Ley Renacer, la cual propone nuevas iniciativas para «monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno de Daniel Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses».

Esta es la primera acción de la Casa Blanca en lo que adelantan funcionarios será una respuesta conjunta y coordinada con países aliados para dirigir una estrategia de presión contra el gobierno sandinista, según indica la Voz de América.

Se espera que esta semana Estados Unidos reafirme su posición junto a países de la región desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó este miércoles.

¿Qué implica la Ley Renacer?

La legislación solicita al gobierno de Estados Unidos que aumente las sanciones «contra los actores clave del régimen de Ortega» y que sean realizadas en coordinación con Canadá y la Unión Europea. Asimismo, urge a la administración de Biden examinar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio DR-CAFTA, lo que podría traer graves consecuencias económicas para el país centroamericano.

Con la aplicación de esta ley también se espera un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en Nicaragua, incluyendo las ventas de armas «que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés)».

Entre otros puntos, la Ley Renacer también aborda la inclusión de Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción; pide informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno de Ortega y su familia; así como informes sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.

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