La expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), tendría un importante impacto sobre los niveles de empleo en el país.
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El economista Néstor Avendaño estima en su blog que la salida de Nicaragua de este acuerdo comercial provocaría una caída abrupta del 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) Real. Lo que además llevaría a una disminución en la demanda de bienes y servicios del 6.9%, provocando así que la tasa de desempleo abierto alcance el 7.7% del total de personas ocupadas, lo que equivale a 261,800 personas en el desempleo.
“Las actividades económicas del país más afectadas por el desempleo serían, en orden de importancia, la industria manufacturera, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, explotación de minas y canteras, comercio y agropecuario, silvicultura y pesca” detalla Avendaño.
Anteriormente, el economista Maykell Marenco también había explicado que una posible expulsión o suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA pondría en riesgo a las más de 120 mil personas que están en las empresas de zonas francas, así como a otros 6 mil o 7 mil trabajadores de call centers, lo que podría provocar importantes flujos migratorios de nicaragüenses en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
Reducción del consumo en los hogares
Ante la disminución de los ingresos por el aumento del desempleo producto del descenso del PIB real, el gasto de consumo de los hogares también se vería reducido. Esto además generaría una segunda contracción en la producción de bienes y servicios, en la cual el PIB real pasaría de -7.3% a -15.3%, “y todavía persistirían otras rondas de contracciones” según alerta Avendaño.
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“Con sólo dos rondas de caída del gasto de consumo de los hogares, la situación económica de Nicaragua sería impactante. Esta posible sanción comercial afectaría a la población total del país de 6.6 millones de habitantes, y restaría ingresos a todos los agentes del sistema económico nacional, entre ellos empresarios, inversionistas, consumidores y gobierno” indica el economista.
El experto recuerda que anteriormente en 1985, la administración estadounidense ya había aplicado simultáneamente una sanción comercial y una sanción financiera a Nicaragua, las cuales fueron suspendidas hasta los 90 cuando tomó posesión la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
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“En 1985, el PIB Nominal o en precios corrientes de Nicaragua era igual a US$2,508.8 millones y el valor total de sus exportaciones ascendía apenas a US$304.9 millones. El PIB Real cayó 4.5%. La cooperación externa multilateral se redujo de US$46.7 millones en 1986 a US$1.7 millones en 1989” rememora, y espera que “no se repita la historia”.
Marenco también insistía en que esta medida económica resulta de alto riesgo, pues «habría un impacto generalizado y los únicos que no poseen un colchón financiero para amortiguar el golpe son los nicaragüenses».
A la espera de una respuesta
El pasado 29 de octubre la agencia de noticias Reuters informó que la administración de Joe Biden se encuentra revisando la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA. Una iniciativa que surgió con la Ley de Reforzamiento de la Adhesión a la Reforma Electoral, mejor conocida como Renacer.
Desde entonces, expertos han alertado sobre el impacto económico de esta decisión ya que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y es gracias al DR-CAFTA que Nicaragua puede intercambiar una gran variedad de productos, servicios y mercancías a tasas preferenciales con la nación norteamericana.
La posible suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA aún siguen en espera. Sin embargo, funcionarios estadounidenses aseguraron a Reuters que el gobierno norteamericano ya se encuentra trabajando en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las próximas elecciones del 7 de noviembre y que cuentan con el apoyo para cualquier actividad de “desarrollo de la capacidad comercial” que se considere que beneficia al gobierno de Daniel Ortega.
En junio de este año Juan González, consejero de temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo a la Voz de América que era «dudosa» la posibilidad de sacar a Nicaragua del DR-CAFTA; una opinión que ha cambiado a medida que se acercan los comicios electorales, los cuales Estados Unidos reconoce como una «farsa organizada por Daniel Ortega».
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