Organizaciones opositoras reiteran ilegitimidad de Ortega y rechazan falso diálogo

Los opositores reiteran la necesidad de una solución cívica y pacífica a la crisis política que vive Nicaragua desde el 2018, y plantean seis demandas a Ortega.

Diferentes organizaciones opositoras de Nicaragua emitieron este jueves un pronunciamiento de cara a la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo el próximo lunes para un nuevo período de cinco años. En este, subrayan que se trata de una «auto-toma» y que por tanto carece de toda legitimidad, ya que en las votaciones del 7 de noviembre quedó demostrado el «rechazo» del pueblo a la «farsa» electoral.

El comunicado firmado por organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento Campesino, la Articulación de Movimiento Sociales, la organización de Expresos Políticos, SOS, entre otras,  refiere que «la dictadura no ha dado ningún mensaje de flexibilidad en su rumbo dictatorial y dinástico, y más bien ha endurecido su posición en las semanas recientes».

Los falsos juramentos a la patria de Daniel Ortega

En este sentido, reiteran la necesidad de una solución cívica y pacífica a la crisis política que vive Nicaragua desde el 2018, y plantean seis demandas a Ortega:

1- La libertad inmediata e incondicional de los 170 presos políticos.

2. El cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el Acuerdo para Fortalecer Los Derechos y Garantías Ciudadanas del 29 de marzo de 2019, firmado entre representantes de Ortega y la oposición, entre cuyos puntos están: El cese del estado policial y desarme de grupos paramilitares, el retorno seguro de los exiliados, la restitución de todas las garantías civiles y políticas de la ciudadanía y el derecho a la libertad de expresión.

3- También demandan la devolución de los medios de comunicación confiscados y la devolución de la personería jurídica y de los bienes de las organizaciones de la sociedad civil.

4- Piden derogar las leyes represivas aprobadas para criminalizar a la oposición y limitar la participación política de la ciudadanía, como también derogar las leyes canaleras que violan la soberanía nacional.

5- Exigen igualmente el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos.

6- Y el establecimiento inmediato de un cuerpo de garantes internacionales compuesto por representantes de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de la Unión Europea (UE).

Expresan que estos puntos son condiciones irrenunciables e indispensables “para iniciar una transición pacífica y cívica hacia la democracia” y que “cualquier esfuerzo se deberá realizar con la participación efectiva de representantes de la oposición democrática”.

Hay que apuntar que Ortega anunció que después de su toma de posesión de este 10 de enero, estaría convocando a un diálogo nacional, pero no aclaró si llamará a las organizaciones opositoras.

Gabriel Putoy, representante de los expresos políticos, insistió que “a lo que está llamando Daniel Ortega es un falso diálogo, un monólogo, que está queriendo montar después de su autoproclama”.

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Van a presionar, dicen

Durante la conferencia, Alexa Zamora, miembro de la Unab, indicó que la oposición buscará el desconocimiento diplomático de Ortega y Murillo. “Si bien es cierto, los estados, los países se han pronunciado sobre la ilegitimidad de estos resultados (las votaciones del 7 de noviembre), tenemos que hacer gestiones en las cuales veamos un desconocimiento a nivel diplomático de la legalidad del régimen de Ortega y Murillo. Nosotros vamos a solicitar a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos que tomen los siguientes pasos también como parte de este mecanismo para desconocer al régimen Ortega Murillo”.

Mientras tanto, Manuel Prado, de la diáspora en Estados Unidos, subrayó que ellos insistirán ante las autoridades estadounidenses para que de una vez por todas se aplique la Ley RENACER en su totalidad.

Eddy Valverde, otro dirigente opositor en el exilio, pidió a las organizaciones internacionales y organismos financieros  no “seguir tratando con una organización criminal como el Frente Sandinista y Daniel Ortega, como si fuese un gobierno legítimo alimentando a su burocracia que mantienen en la opresión y abuso al pueblo nicaragüense.

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