Daniel Ortega inició el 2022 haciendo dos grandes donaciones al Ejército de Nicaragua, una institución señalada de violaciones a los derechos humanos y cuyos altos mandos se mantienen leales a la familia en el poder.
El pasado 14 de enero, Ortega mandó a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, dos acuerdos presidenciales en los que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR), que transfiera a las fuerzas castrenses una enorme finca ubica en Matagalpa y otra gran propiedad ubicada en el municipio de Rosita.
El primer caso es una propiedad de 134 hectáreas y 4,992 metros cuadrados, equivalentes a 192 manzanas de tierra, en la comarca San Jerónimo del municipio de Matagalpa. La propiedad tiene el número catastral 6431-6590-6723-22.
La otra propiedad se ubica en el municipio de Rosita, Región Autónoma Costa Caribe Norte, tiene un área de 14,328 metros cuadrados, y está inscrita con el número catastral 7584-0066-8224-20.
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Ortega autoriza “a la Procuradora General de la República para que incluya en el contrato de donación, todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua” y también “para que ejecute todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para cumplir con lo prescrito” en el acuerdo presidencial.
Altos jefes sancionados por su lealtad a Ortega
El jefe del Ejército, general Julio César Avilés, fue sancionado el 22 de mayo del 2020. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que Avilés “está alineado políticamente” con Ortega y que se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares del Frente Sandinista durante las protestas antigubernamentales del 2018.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía (paramilitares) que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencias significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro.
El 9 de junio del 2021 sancionó también al general Julio Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). La sanción fue personal y no aplica al millonario, y polémico, fondo de inversiones del Ejército.
Los últimos dos miembros activos del Ejército en ser sancionado el 10 de enero pasado fueron el general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, jefe de la Dirección de Personal y Cuadros; y el general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército. Ambos son miembros de la junta directiva del IPSM.
El general Julio César Avilés lleva casi 12 años al Frente del Ejército. El 21 de febrero del 2020 fue juramentado por Ortega para un tercer período consecutivo de cinco años.
En el 2019 el alto jefe militar acusó a organismos no gubernamentales de instar a las fuerzas armadas para darle un golpe de Estado a Ortega, pero no dio nombres.
Avilés ha insistido que el Ejército es una “institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante».
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