Ante la alarmante situación en la que se encuentran más de 170 presos políticos en Nicaragua, sus familiares emitieron este martes un pronunciamiento, en el que piden se sumen esfuerzos de todos los sectores sociales del país para lograr que el régimen de Daniel Ortega finalmente los libere.
El pronunciamiento fue leído por Martha Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien junto a otros activistas políticos opositores se encuentra detenido desde hace casi ocho meses.
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“Ante esta situación, apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”, señala el comunicado firmado por una treitena de familiares.
Un clamor popular
En el comunicado subrayan que existe un clamor popular por la libertad de los presos, lo cual quedó plasmado en una encuesta de CID Gallup de diciembre del 2021 en la cual se revela que “el 73% de los nicaragüenses consideran la encarcelación de los presos políticos una injusticia”.
Enfatizan también que esto es el reflejo de que para la población, la libertad de los opositores “no es un asunto de preferencias partidarias ni es una maniobra en una lucha por el poder”.
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“Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad”, sostienen.
A finales de mayo del 2021, el régimen de Daniel Ortega inició una nueva ola represiva, encarcelando a líderes políticos, aspirantes presidenciales, activistas opositores y hasta analistas politicos que aparecían en televisión. Por el momento Ortega no ha dado señales de querer liberarlos, pese a las demandas de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.
Un gran grupo de los opositores encarcelados está en el nuevo Chipote, donde según las denuncias son sometidos a graves violaciones a los derechos humanos, principalmente falta de alimentación, de atención médica y de visitas familiares e incluso de sus abogados defensores.
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