Heyling Marenco recibió como un balde de agua fría la noticia de que la universidad Paulo Freire, donde estaba estudiando Ciencias Políticas, tuvo el mismo destino de otras cuatro, a las cuales el Gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica el miércoles.
Marenco recordó un mal episodio en 2018 cuando las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, FAREM Matagalpa, la expulsaron por haber participado en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y le borraron parte de los registros académicos de la carrera de Trabajo Social en que ya cursaba el cuarto año.
La universidad Paulo Freire fue una de las pocas casas de estudios que le dio una oportunidad para convalidar varias asignaturas después de la experiencia de 2018.
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El Gobierno de Ortega ha cancelado en menos de tres meses al menos seis universidades, gran parte de esas fueron un bastión de insurrección en 2018 cuando inició una de las peores crisis sociopolíticas de los últimos años.
Continuidad académica
Las cancelaciones se han dado porque estas entidades supuestamente han incumplido la entrega de informes financieros al Ministerio de Gobernación, o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala».
Sin embargo, las argumentaciones oficiales han sido rechazadas por los representantes de las entidades privadas, que afirman que la documentación estaba en orden y bajo la ley.
En medio de la incertidumbre de los estudiantes, el Gobierno ha prometido que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el órgano rector de la educación superior en Nicaragua controlado por el oficialismo, “garantizará la continuidad académica”.
No obstante, expertos y universitarios denuncian que el verdadero plan es cancelar cualquier chispa de crítica que genere incomodidad al Gobierno de Nicaragua, sobre todo por el papel que tuvieron en las manifestaciones de 2018.
¿Cómo impactará el masivo cierre de las universidades privadas en Nicaragua?
“Esto es parte del plan de seguirnos arrebatando los sueños. Quieren terminar con el pensamiento crítico de los jóvenes, que somos el presente y futuro del país”, dijo Heyling Marenco. “Empezaron en las principales universidades de 2018 y es por eso que quieren seguirnos pasando la cuenta y arrebatarnos la esperanza de seguir viviendo en Nicaragua”.
¿Camino a un adoctrinamiento obligatorio?
Los académicos coinciden en que las medidas recientes contra los centros de estudios superiores buscan imponer un “adoctrinamiento obligatorio” a los universitarios, pues están quedando en pie únicamente los centros estatales.
“Quieren darles más credibilidad a las universidades que quedan en pie. En los gobiernos autoritarios es una amenaza quienes tengan pensamientos críticos. Al final, Ortega busca hegemonizar la educación y que los universitarios lo adulen a él”, dijo un académico a la Voz de América.
El experto sostiene que la anulación de las universidades será un duro golpe para la educación, la cual cuenta ya con una baja inversión en Nicaragua, y busca “volver al Estado centralizado, que domina y controla todo y decide qué hacen y deben hacer los ciudadanos”.
Al cierre de estas casas de estudios se suman presiones que se han impuesto a otras entidades, como la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha mantenido una postura crítica a Ortega.
De hecho, para 2022 se le redujo por cuarto año consecutivo la asignación presupuestaria que recibe anualmente, según dijeron las autoridades correspondientes, afectando en gran parte a estudiantes que recibían becas.
“La UCA es una de las principales universidades del país, tiene quizá los grupos de investigación, en este momento, más sólidos de Nicaragua”, explicó el académico Ernesto Medina, pero Ortega busca también imponer una censura por la vía de la “asfixia económica”.
La primera universidad privada que fue cancelada en Nicaragua en los cuatro años de crisis sociopolítica fue la Fundación Hispanoamericana (Uhispam) y era una de las que otorgaban más becas a los estudiantes.
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