Dictadura prepara más cancelaciones de oenegés al no permitirles inscribirse ante el Migob

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos en Nicaragua, denuncian que el Ministerio de Gobernación continúa rechazando las entregas de documentación financiera y legal.

El régimen sandinista podría continuar su cacería contra más organizaciones no gubernamentales en el país, luego que diferentes asociaciones civiles denunciaran que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Migob) siguen rechazando su documentación legal y financiera.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación Del Río, aseguró en entrevista a este medio que con la cancelación de 25 ONG nacionales y 4 internacionales la semana pasada, ya suman 145 asociaciones civiles violentadas en el país desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, de las cuales una treintena pertenecen a trabajos sociales con la niñez y la adolescencia.

Bajo anonimato, una defensora de derechos humanos reveló que actualmente más de 20 organizaciones de mujeres -de un total de 40- están recibiendo «presión» de parte de las autoridades del Migob durante las citatorias para entregar estados financieros.

«Son muchas organizaciones de bases comunitarias a las que les han quitado la personalidad jurídica y a otras las someten a un proceso cansado en el Ministerio de Gobernación al repetir entregas de documentación», dijo a este medio.

«Todas estamos en incertidumbre trabajando en planes de protección personal y organizacional», valoró la defensora de derechos humanos.

Hemos conocido extraoficialmente que más de una decena de ONG que agrupan un colectivo de organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, mantienen «trabas» ante la institución reguladora debido a «incansables trámites de boleo», es decir, constantemente el Migob rechaza las documentaciones legales y las envía a reestructuración o cambio.

Una fuente cercana a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a Nicaragua Investiga que el Migob continúa sin recibir la documentación financiera de este organismo, por lo cual se prevé su posible cancelación de personalidad jurídica ya que el principal «fundamento legal» que utiliza el Poder Legislativo para cancelarlas se debe a que supuestamente las ONG no reportaron a su Junta Directiva y los estados financieros.

ONG en lista roja del régimen sandinista

El presidente de la Fundación Del Río alertó que el régimen sandinista ha puesto a más de 1,797 organizaciones en una lista de riesgo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), las cuales podrían ser vulnerables a agresiones del Estado. De estas, 208 las considera de alto riesgo, 581 de riesgo moderado y 1,008 de bajo riesgo.

A su criterio, las 145 asociaciones civiles que han sido violentadas por el régimen desde 2007, pertenecen a la larga lista de 208 organizaciones en alto riesgo. Mientras tanto, las otras aún podrían estar en lista de espera para ser canceladas.

Un informe de la Fundación Del Río, Popol Na y Red Local, denuncia que «el régimen busca enviar al desempleo a liderazgos sociales comprometidos con la transformación del país, para que no puedan continuar desempeñando su rol», además que se obstaculiza la ejecución de proyectos sociales en los que se benefician comunidades en condiciones de pobreza y sometimiento político con el Estado.

Bajo anonimato, un especialista en políticas públicas, dijo que la cancelación de personalidad jurídicas es «una actitud poco estratégica y carente de toda lógica» debido a que «los primeros afectados son los sujetos de derechos» y no la directiva de las ONG, aunque es evidente que el personal laboral perfilará en la enorme lista del desempleo.

«Lo hace sin ninguna medida paliativa que continúe en función de complementar esas acciones que desarrollan las organizaciones sociales, es decir, el régimen corta el servicio pero no da una respuesta al mismo», alegó el especialista.

Esto sucede con la Asociación Operación Sonrisa con 35 años de experiencia promoviendo cirugía reconstructiva vital de labio hendido y paladar hendido, la cual anualmente atendía a un aproximado de cinco mil niños en conjunto con las autoridades sanitarias, quienes ahora se verán afectados y sin oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

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Otra también es la Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo que proporcionaba asesoría legal y seguimiento a más de 300 mujeres víctimas de violencia cada año, quienes posiblemente ahora «quedan en indefensión ante las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Estado».

«Vemos que es una situación que va escalando porque es muy probable que van a seguir cancelando ONG, y lo hacen sin un análisis integral en términos de políticas públicas. Esto raya la irracionalidad de los gobernantes quienes no están pensando en la población sino en sus intereses particulares y políticos», agregó.

No solo cancelación de ONG, también confiscaciones de facto

Hasta el 20 de febrero de 2022 se contabilizaban agresiones a 115 ONG, entre ellas, el despojo de personalidad jurídica de 58 organizaciones nicaragüenses, 12 internacionales, 6 universidades nicaragüenses privadas y 7 universidades internacionales.

Asimismo, se contabilizó que tres medios de comunicación, cinco partidos políticos, una federación de cooperativas, 16 asociaciones médicas, dos asociaciones culturales y cinco gremios empresariales, también han sido violentados.

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De este total de organizaciones, 23 fueron confiscadas de facto y allanadas, como sucedió con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, las cuales primero fueron intervenidas en términos financieros y después canceladas oficialmente.

Ruiz explica que las intervenciones de facto hacen referencia a que las organizaciones aún no son canceladas oficialmente, pero limitan su continuidad financiera, ya que el Migob no hace entrega de la certificación de Junta Directiva ni la constancia de cumplimiento, las cuales son necesarias ante las entidades bancarias para la operación financiera de las mismas.

Y aunque existe la posibilidad de apelar estos procesos «arbitrario» a través de un recurso administrativo, Ruiz asegura que no es factible debido a que las decisiones del régimen responde a intereses políticos. «No hay una protección legal porque no funciona el sistema de justicia» en el país, manifestó el presidente de la Fundación Del Río.

«Lo que quiere (Daniel Ortega) es que desaparezcan las organizaciones de sociedad civil (…) que ninguna voz disidente tenga acceso a proyectos de apoyo a la gente, que viene de la cooperación al desarrollo que finalmente también está en juego», puntualizó.

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