La segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica, en las que salió electo el polémico economista Rodrigo Chaves, no fue algo ajeno para los nicaragüenses. Las opiniones fueron de las más variadas tanto de parte de aquellos ciudadanos que están dentro de Nicaragua como también de quienes desde el 2018 han debido exiliarse en suelo tico.
No es algo particular solo con Costa Rica. Los nicaragüenses opinan de la vida política del lugar en donde estén, sea Estados Unidos, España o cualquier otro país, ¿pero deberían los nicaragüenses exiliados emitir opiniones sobre el acontecer político de una nación que no es la suya y que en muchos casos no llevan ni dos años de residir?
Algunos exiliados nicaragüenses son enfáticos el reclamar su derecho a opinar. “De eso se trata la democracia, de dar nuestro punto de vista. Así como un voto cuenta, también nuestra opinión cuenta. El domingo pasado que se celebraron las elecciones en Costa Rica, también los nicaragüenses celebramos porque se desea que en Nicaragua también hayan elecciones libres, transparentes, que hayan debates, todo con total normalidad”, explica Sheyla Hernández a Nicaragua Investiga.
“Ningún nicaragüense que llega a un país llega a sentarse, a esperar que le llegue el plato de comida, por lo tanto uno busca la manera de trabajar, de aportar a la economía, para poder sobrevivir en ese país, sea en Costa Rica, sea España, sea Estados Unidos”, agrega.
Sheyla Hernández tiene más de diez años en Costa Rica y participa de forma activa en las protestas contra Ortega. AFP
Igual opina el psicólogo y exreo político nicaragüense Róger Martínez, actualmente exiliado en Costa Rica. «La legislación en materia de migración prohíbe la participación en política e inmiscuirse en la misma pero no prohíbe generar una opinión sobre la misma, no está penalizado, así que legalmente sí es posible», indica.
«Como solicitantes de refugio somos un porcentaje de población significativo, hablando de Costa Rica donde la mayoría de nosotros aportamos con nuestro trabajo e impuestos al Estado, a la seguridad social, a Hacienda y por ende somos sujetos de la toma de decisiones desde el Estado», subraya.
Martínez señala que toda opinión debe ser con argumentos y en el marco del respeto.
Cita como ejemplo, que «al menos en la campaña presidencial de Costa Rica no se hizo alusión alguna a la política migratoria y en especial a la situación de los refugiados». «Por lo tanto, consideró que generar opinión es atraer la atención de los políticos para que vuelvan a ver este sector vulnerable y generen propuestas que nos incluyan», dice el psicólogo, apuntando que tanto Chaves como su rival, José María Figueres, hablaron de “limar asperezas” o “tener buenas relaciones” con la dictadura sandinista, «lo cual encendió las alarmas entre la población refugiada».
Las elecciones en Costa Rica se dieron este domingo. El economista Rodrigo Chaves resultó electo.
Ezequiel BECERRA / AFP
Inmigrantes: Un 12% del PIB de Costa Rica
De acuerdo al estudio “¿Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica?”, publicado en el 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Internacional del Trabajo, los inmigrantes representaban un 10% de la población y un 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Gran parte de eso es generado precisamente por manos nicaragüenses, ya que son tres cuartas partes del total de la población inmigrante en ese país.
Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que en el siglo 21 no se puede estar pensando en la soberanía como si fuera el siglo 19.
“Es el derecho de la persona sin importar la nacionalidad a emitir una opinión. Muy diferente es que yo en Nicaragua o un nicaragüense en Costa Rica haga calificaciones de, por ejemplo, el presidente o el gobierno. Allí entramos en una área muy complicada, pero si yo doy mi opinión ciudadana o mi opinión como especialista hoy no es violatoria de ninguna cosa”, explica Murillo, quien recuerda que impartió clases en la Universidad Centroamericana (UCA) y hasta dio entrevistas sobre el sistema político y el gobierno de Nicaragua.
Para Murillo el asunto está más que nada en los términos de respeto que debe haber al emitir una opinión. “Si yo digo que los nicaragüenses no deberían haber elegido a tal presidente y los trato de ignorantes y cosas por el estilo, ya esa es otra cosa y no si es válido o no es válido, esa es una cuestión de irrespeto”, expresa.
Murillo lanza por segundo día consecutivo un discurso de odio y lleno de amenazas
“Yo puedo tener divergencias irreconciliables con el presidente electo (Rodrigo Chavez) pero eso no me da autoridad a mí a denigrarlo, lo puedo cuestionar con argumentos”, enfatiza.
El especialista señala que las redes sociales han permitido el empoderamiento de las personas, aunque también hay quienes “escudados” en estas dicen “cualquier cosa aún sin tener pruebas”.
Murillo subraya que “no hay nada en el derecho internacional y en términos de soberanía que impida a uno como ciudadano opinar sobre un gobierno o sobre un tema de política en otro país”.
Hay que revisar leyes sobre asilo en país de recepción
Sin embargo, siempre es prudente revisar las leyes de los países donde uno se exilia, ya que pueden haber legislaciones sobre este tema. El politólogo salvadoreño y experto en relaciones internacionales Napoleón Campos dice que todo «depende de las leyes sobre asilo del país de recepción». «En unos hay obligatorio silencio para el asilado, en otros no. Así que hay que revisar cada legislación nacional», advierte.
Nicaragua, el país donde los extranjeros no pueden opinar
Uno de estos casos podría ser Nicaragua, ya que opinar allí sobre política acarrea serias consecuencias a los ciudadanos extranjeros. A finales de enero del 2021, el periódico Confidencial informó que la Dirección de Migración y Extranjería había citado a decenas residentes extranjeros en las últimas tres semanas para intimidarlos y amenazarlos con la deportación alegando «alegando un supuesto involucramiento en actividades políticas dentro del país».
Migración incluso ha expulsado a periodistas extranjeros por informar sobre la crisis política que vive el país.
El régimen Ortega siempre ha defendido sus decisiones en el supuesto principio de soberanía nacional y la «no intervención en los asuntos internos de otros países».
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