El 10 julio del 2019 en una reunión a puertas cerradas en la Casa (Zonal) del FSLN de Jinotepe, en la que participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y los operadores políticos Fidel Moreno y Bosco Castillo, fue nombrado Secretario Político de Carazo el comandante en retiro del Ministerio del Interior, Jorge Acosta, conocido como “Sanyón”. Acosta fungía hasta ese momento como Secretario Político de San Marcos y, de acuerdo a denuncias de los mismos militantes del FSLN, durante las protestas antigubernamentales del 2018, junto al hoy fallecido capitán en retiro del Ejército, Marco Tulio Navarro, organizaron y armaron los grupos paramilitares que atacaron tranques en Carazo, Masatepe y Monimbó.
Los opositores catalogaron el nombramiento como un “premio” de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los “servicios” que Acosta brindó en esos operativos que constaron la vida de cientos de personas, la gran mayoría opositores.
El papel de los secretarios políticos y alcaldes en la represión gubernamental del 2018 fue debidamente documentada por investigaciones periodísticas e informes de organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como también por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en diciembre de ese año dijo que en Nicaragua el Estado había cometido delitos de lesa humanidad.
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Paramilitares hunden a secretarios políticos
Los testimonios contra los secretarios políticos sobran.
“A todos nosotros nos daban armas y escopetas para que fuéramos a limpiar los tranques y como prueba de eso tenemos videos”, declaró al diario La Prensa en octubre del 2018 el paramilitar Edgardo Solís.
Solís y un grupo de militantes del FSLN se habían apropiado de varias manzanas de tierra en el lugar conocido como El Socorro, en la carretera entre San Marcos y Las Esquinas. Las autoridades sandinistas supuestamente les habían prometido legalizarles la propiedad, sin embargo, estaban siendo desalojados por la Policía Nacional.
“¿Quién les daba las armas?”, le preguntó el periodista de La Prensa. “Era Jorge Acosta el que estaba aquí en San Marcos, Carazo. El jefe era Marco Tulio Navarro. Él es jefe del departamento de los paramilitares aquí de Carazo”, aseguraba Solís, quien participó en los ataques a Jinotepe, Masaya, Las Esquinas y Diriamba.
El GIEI confirmó en su informe que el oficialismo reclutó a empleados públicos, ex militares, antiguos combatientes del servicio militar obligatorio, trabajadores de las alcaldías, militantes de la Juventud Sandinista, integrantes de pandillas, jóvenes con antecedentes penales o en situación de riesgo y personas de bajos recursos “a quienes se paga informalmente una suma de dinero o se les prometen tierras”.
José David Mendoza Rodríguez, otro de los paramilitares desalojados en octubre del 2018 de la propiedad que se habían tomado en San Marcos, acusó a la procuradora auxiliar Jaqueline Torres de haber prometido la titulación, y al igual que Solís confirmó el papel de la Secretaría Política del municipio en la organización de los ataques a opositores.
– «¿Qué arma fue la que le dieron?», le consultó el reportero.
– «Un AK plegable», respondió el paramilitar.
– «¿Quién le dio ese AK?»
– «Aquí en el Zonal de San Marcos»
– «¿Quién específicamente?», insistió el periodista.
– «Tulio», confesó Mendoza.
Alcaldes involucrados
Contra los alcaldes también existen pruebas que evidencian su papel represivo, y algunos de estos hasta se han ufanado de ello. Tal es el caso de Leónidas Centeno, el alcalde sandinista de Jinotega y también secretario político de esa localidad.
«Nos estamos organizando barrio por barrio. Que no se mueva ni una mosca si no la conocemos, que no se mueva ni una mosca en ninguna comunidad si no lo sabemos», decía en septiembre del 2018 a un grupo de simpatizantes del FSLN. «Tenemos que mantenernos siempre alerta”, aseguraba, agregando que la organización de los sandinistas “va permitir que cualquier intento golpista, para realizar cualquier actividad, lo neutralicemos y lo aniquilemos”.
Centeno fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 15 de noviembre del 2021. EEUU también sancionó a los alcaldes Sadrach Zeledón, de Matagalpa, y Francisco Valenzuela, de Estelí, luego de documentar su papel represivo.
“Centeno está vinculado de manera directa con instancias de represión ocurridas en Jinotega durante las manifestaciones de 2018. En particular, los ataques con armas pesadas que llevaron a cabo paramilitares provocando la muerte de cuatro personas, y hubo personal de la alcaldía de Centeno que participó en la represión de los manifestantes”, aseguraba EEUU en un comunicado.
De Sadrach Zeledón señalaba que “contribuyó a la violencia que se ejerció contra las manifestaciones en las que participaron los ciudadanos nicaragüenses y que empezaron en abril de 2018”, mientras que de Valenzuela indicó que la alcaldía de Estelí “recibió instrucciones de ubicar francotiradores que apuntaran a los manifestantes durante las protestas de 2018”.
Zeledón encabezó personalmente la represión
EL GIEI obtuvo videos y pruebas testimoniales de la participación directa de Zeledón en la represión. “Empezamos a escuchar detonaciones de morteros y de armas de fuego. Decidí bajar y vi al Alcalde actual de Matagalpa el ING. Sadrach Zeledón junto con CPC, juventud sandinista y policía con él (…), alcancé a ver que en unas casas frente a la Coca Cola tenían unos sacos de morteros y unas cajas con molotovs, además que ahí se encontraban personas de los municipios a lo que nosotros les llamamos campesinos, a los cuales más tarde nos dimos cuenta que les estaban pagando, muchos de ellos son desmovilizados del ejército”, dijo un testigo al GIEI.
Fidel Moreno, el frío ejecutor de funestas órdenes
Secretario de Organización transmitió orden al resto de secretarios políticos
En la represión estatal un papel trascendental lo jugó, de acuerdo a testimonios, Fidel Moreno. Este no solo es Secretario General de la Alcaldía de Managua sino también Secretario de Organización del FSLN, y como tal en abril del 2018 fue el encargado de trasladarle a los demás secretarios políticos la orden de Rosario Murillo de atacar a los opositores.
Lo ocurrido en esa reunión fue revelado por Ligia Gómez, exsecretaria política del Banco Central de Nicaragua, el 27 de septiembre de 2018, ante la Comisión de Derechos Humanos «Tom Lantos» del Congreso de los Estados Unidos.
«El 19 de abril, todos los secretarios políticos, los coordinadores de la Juventud Sandinista y los secretarios de los sindicatos fuimos convocados en el auditorio del parque japonés. En la entrada, los funcionarios escanearon las identificaciones de todos los participantes y Fidel Moreno Briones prohibió que las personas grabaran la reunión, todos guardamos los teléfonos celulares. El propósito de la reunión fue organizar la respuesta a las protestas callejeras. Moreno Briones tenía un mensaje claro: ‘Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución’», reveló Gómez.
La orden recibida por los secretarios políticos derivó, según registros de organismos de derechos humanos, en más de 300 muertos, miles de arrestados, torturados y heridos.
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