Aunque el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no es hoy ni la sombra de lo que fue en sus mejores tiempos, este le sigue costando varios millones de córdobas a los contribuyentes nicaragüenses.
El PLC fue durante más de 10 años la principal fuerza política de Nicaragua, dando al país dos presidentes: Arnoldo Alemán (1996-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007). Actualmente es la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, aunque con apenas 10 diputados, está lejos de los 75 que tiene el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los detractores del régimen sandinista, exiliados y organizaciones opositoras no tienen reparo alguno en tachar al PLC de organización política “colaboracionista” del oficialismo, por prestarse, según dicen, a participar en las elecciones del 7 de noviembre pasado con presos políticos, las libertades cívicas vedadas y sin las mínimas condiciones para llevar a cabo una campaña.
Pero el PLC participó. La organización Urnas Abiertas determinó que un 81.5% de los nicaragüenses se abstuvieron de ir a las urnas. Por el contrario, el Consejo Supremo Electoral (CSE) habló de una participación general del 65.23%. El PLC obtuvo un 14.15% de los votos, suficientes para lograr 9 diputados, a los que se sumó Walter Espinoza, que por mandado constitucional, al ser el segundo candidato presidencial más votado, le correspondía un escaño.
La vida y muerte del PLC
Esos 10 padres de la patria significan, al igual que los otros 81, un enorme peso presupuestario, ya que además de recibir un salario 20 veces por encima del salario mínimo de un trabajador agropecuario, también cuentan con otros beneficios.
Millones de córdobas al año
La bancada del PLC, está integrada por Walter Espinoza, Álvaro Rivera Herrera, Eneyda Escoto Mairena, Harold Antonio Salazar Jiron, Lester Flores Mayorga, Ligia María Arauz Pavón, María Magdalena Herrera Hernández, Reynaldo Altamirano Alaniz, Roberto José Lira Villalobos y por María Haydee Osuna Ruíz, presidenta del partido.
El salario neto de cada uno de esos diputados es de unos 96,251 córdobas. Es decir, cada mes le cuestan a los contribuyentes 962,510 córdobas, lo que en un año serían 12,512,630 (incluyendo aguinaldo), y 62,563,150 de córdobas en los cinco años de legislatura.
Adicionalmente, los diputados han gozado de un fondo anual de más de 466,780 córdobas cada uno para la realización de obras sociales y culturales. También 20 mil córdobas para becas.
De la misma forma reciben 36 cupones mensuales para combustible. Cada cupón es de unos 20 litros.
Por su papel en la farsa electoral de noviembre de 2021, Walter Espinoza obtuvo nuevamente un escaño en el Parlamento nicaragüense. Archivo.
Osuna con grandes beneficios
En enero del 2022, se conoció que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional también recibían “doble aguinaldo”. Estos además tienen asignadas una camioneta Toyota Prado, un conductor, un asistente, e incluso una “caja chica”.
“Les dan una caja chica para tener allí en sus oficinas, no sé de qué cantidad, pero sí tienen caja chica para gastos extraordinarios de ellos, y les dan una cuota especial de combustible. La mayoría de los diputados no saben eso, yo me enteré sin querer. Tampoco nunca pregunté el detalle, porque se ponen ariscos. Lo del doble aguinaldo eso sí lo logré confirmar”, dijo una fuente legislativa a La Prensa.
De los diputados del PLC la única que es parte de la Junta Directiva es María Haydée Osuna, que ocupa el cargo de Tercera Secretaria. De acuerdo al sitio web de la Asamblea, el resto de cargos se distribuyen así: FSLN ocupa cinco puestos incluyendo la presidencia, y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), uno.
Diputados liberales se abstienen en las votaciones
A diferencia de la legislatura pasada, en la que los diputados del PLC hasta votaron a favor de una declaración legislativa pidiendo a Daniel Ortega sacar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), este año, los legisladores liberales han optado por abstenerse de votar a favor de aquellas leyes, decretos o decisiones que puedan resultar polémicas o condenatorias por parte de la opinión pública.
Tal ha sido el caso por ejemplo en la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil. El pasado 20 de abril el PLC se abstuvo en la votación en la que la aplanadora del FSLN canceló la personería jurídica a 25 organizaciones, entre las cuales estaba la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
“Muchas de estas personerías se encontraban acéfalas y sin la documentación necesaria durante años, sin embargo, otras cancelaciones sí tenían un trasfondo político y por eso nuestros diputados tomaron la decisión de no votar en favor de estas cancelaciones”, expresó la Bancada del PLC.
Dado que tiene pocos diputados, el PLC carece de incidencia en las decisiones que se toman en la Asamblea, debido a que con más de 70 diputados el FSLN no necesita negociar con nadie.
Más de 700 millones para que la Asamblea funcione
El presupuesto total asignado a la Asamblea Nacional por el gobierno de Daniel Ortega es de 725,135,000 en el 2022, de los cuales, 334,949,348 corresponden a salarios para personal permanente y 30,026,340 al décimo tercer mes para el personal permanente, solo por citar algunas gastos.
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