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Guillotina para empresarios: Asamblea supervisará la idoneidad de los proveedores del Estado

La Asamblea Nacional dirigirá una comisión con otras dos instituciones, que podría realizar verificaciones in situ a las empresas que quieran participar en licitaciones públicas, y podrán auxiliarse de realizar estas visitas con la Policía.

Diputados sandinistas de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Foto: Internet.
Diputados sandinistas de la Asamblea Nacional de Nicaragua,

El régimen sandinista mandó a reformar con carácter de urgencia la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Contrataciones del Sector Público, con el objetivo de crear la “Comisión de Verificación de Proveedores del Estado”, en la que tendrá control la Asamblea Nacional para verificar la “idoneidad” de las empresas que quieran participar como proveedores del Estado en contrataciones mayores a los 500 mil córdobas.

Pero la intencionalidad de esta reforma posiblemente sea para “premiar” a las empresas que están dirigidas por personas leales al régimen y al mismo tiempo “castigar” a las del sector privado que han estado en contra, analizó un experto en temas tributarios consultado por Nicaragua Investiga. “Se está creando un órgano que sirva como coladero para ver qué proveedor pueda realizar contrato con el Estado”, señala.

En la exposición de motivos se lee que Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República, conformen la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado, la que será encargada de garantizar el cumplimiento de requisitos de idoneidad para contratar, así como el régimen de prohibiciones para los oferentes.

Rodrigo Chaves afirma que «de vez en cuando» consulta por teléfono a Daniel Ortega

Los requisitos de idoneidad son: capacidad legal de la empresa, si esta tiene derechos y obligaciones, que no esté en quiebra, que pueda brindar el servicio solicitado y si posee un certificado como proveedor del Estado. El experto dice que la función de esta Comisión “supra” no tiene sentido, ya que la Dirección de Contrataciones del Estado, órgano rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, se supone que verifica esta información.

“Se está creando una comisión con dos poderes del Estado que va a venir lo que supuestamente se estaba haciendo”, afirma, y agrega que todo apunta a una medida de represalias contra el sector empresarial. “No creo que anden detrás de personas naturales, parece que van contra la empresa, quieren alejarlos, que se queden con las contrataciones menores y dejar que sus carteles se muevan con las contrataciones mayores”.

Respaldo de la Policía

La Comisión tendrá su sede en la Asamblea Nacional y será conformada por un representante de ese poder legislativo, de la Contraloría y de la Procuraduría. Ese equipo de trabajo podría realizar verificaciones in situ a las empresas que quieran participar en licitaciones públicas, y podrán auxiliarse de realizar estas visitas con la Policía Nacional.

El experto asegura que las empresas no van a querer someterse a una revisión en este contexto político donde la Policía es el brazo represor del régimen. “No van a revisar mi capacidad técnica; es decir, tengo la maquinaria, tengo los equipos, tengo el personal, mi capacidad económica, tengo respaldo bancario para las garantías que me piden… Es una entidad que va a poner una guillotina sobre los proveedores”.

Hay empresas privadas que aún son proveedores del Estado, pero sus directivos han sufrido represalias políticas. También hay otras empresas que operan como “cártel” en el sector público y desfalcan los recursos públicos.

¿Qué requisitos pedirán?

Las empresas que quieran participar en procesos que superen los 500 mil córdobas, tendrán que presentar a la Comisión una carta de solicitud de emisión de Certificado de Verificación de Proveedor del Estado, firmado por quien sea la representación legal, adjuntando ese documento.

Las personas jurídicas mercantiles, deberán presentar copia de la escritura de constitución debidamente inscrita, copia del certificado de inscripción como comerciante, copia del poder general de administración y certificado del beneficiario final.

En el caso de personas naturales, deberán presentar copia de la certificación de inscripción como comerciante; todos emitidos por el Registro Público Mercantil.

Fachada de la Dirección General de Contrataciones del Estado. Foto | Nicaragua Investiga

Copia del registro único del contribuyente, copia de la matrícula de la alcaldía municipal que corresponda. Según la actividad económica, presentar copia de permisos o licencias emitidas por la autoridad competente.

Copia del certificado de proveedor del Estado, que emite la Dirección General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, original del testimonio de escritura pública de la declaración notarial, en la que se manifieste cumplir con los requisitos de idoneidad y no tener impedimento para ser oferente.

El certificado tendrá como vigencia un año.

La mentira de Gustavo Porras

La reforma fue aprobada con 90 votos a favor durante una sesión solemne que se realizó el 11 de diciembre en el municipio de Tola en el departamento de Rivas, por el 45 aniversario de la muerte de Gaspar García. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, leal al régimen, dijo que con esta iniciativa quieren “proteger” las contrataciones del Estado de “aquellos que quieren aprovecharse utilizando empresas de mentiras, de maletín”.

Pero el experto sostiene que esto no es cierto. “Es un filtro para aquellos proveedores del Estado que no estén asociados a empresas del régimen y que de pronto hayan mostrado su desacuerdo con el régimen. Es un sector que ya han venido depurando”, insiste.

“Esto es violatorio al principio de igualdad entre los proveedores, es violatorio al principio de libre competencia donde lo que busca este principio es que haya más proveedores para que el Estado tenga más opción en el mercado y compitan en igualdad de condiciones. Y finalmente, el principal perdedor es el Estado y los nicaragüenses”, concluyó la fuente.

La ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.

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