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Los destierros, una práctica de Somoza… y ahora de Ortega 

Los destierros de Somoza contra Manolo Cuadra y Pedro Joaquín Chamorro son algunos de los más conocidos. Daniel Ortega ha expulsado a cinco músicos en un mes y entre 2010 y 2016 mandó a sacar a 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos.

Salvador Espinoza y Xochitlh Tapia de Saxo Producciones. Foto: Cortesía.

Daniel Ortega parece empeñarse en que su régimen se parezca cada vez más al de los Somoza. La última acción de desterrar a sus adversarios políticos recuerda las expulsiones y destierro del dictador que él mismo ayudó a derrocar. 

Abogados consultados para este reporte aseguran que el destierro de nicaragüenses de su propio país es ilegal y defensores de derechos humanos lo califican como “una monstruosidad”. Los últimos en sufrirlo fue el matrimonio de productores musicales Salvador Espinoza, y Xóchilt Tapia, que fueron sacados de una celda del Chipote el 21 de abril reciente y llevados al aeropuerto para salir de su propio país con rumbo que a la fecha solo ellos y su familia conocen.  

Ambos cumplían diez días de secuestro y sus familiares recibieron la propuesta de: “el destierro o la cárcel”.  A Vilma Núñez de Escorcia, que dirige el Centro Nicaragüense Derechos Humanos, Cenidh, la propuesta del régimen le parece “una extorsión” de las más despreciables y a la fecha, se niega decir que “los músicos fueron liberados”. 

“Ahí no hubo liberación, lo que se cometió fue un abuso contra una familia desesperada, una extorsión de los más bajo y está de más decir que es ilegal en toda su totalidad”, señala Núñez de Escorcia. Pero la acción no fue solo contra Espinoza y Tapia, el vocalista de la banda Monroy & Surmenage Josué Monroy, fue expulsado hacia El Salvador por tener esa nacionalidad también junto a la nicaragüense y el productor Leonardo Canales, fue deportado a Costa Rica el mismo fin de semana de su secuestro.

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“Todo espurio, todo ilegal”  

Un abogado que lleva varios casos de migración tanto de nacionales como extranjeros, pero que prefiere hablar bajo anonimato por temor a la persecución, dice que “la figura de la expulsión no cabe contra un nicaragüense”. “Expulsar o desterrar a un nacional de su propio país es volverlo apátrida y eso viola la Constitución”, dice.

Recordó que el artículo 20 del marco supremo de las leyes en Nicaragua que es la Constitución Política dice que: “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. “No cabe expulsión, ni destierro contra ningún nicaragüense en su país, es totalmente ilegal. Todo fue espurio, todo ilegal”, reclamó el abogado. 

Explicó que en el caso de que se trate de una persona con una doble nacionalidad, la nicaragüense y alguna otra que haya adquirido, la misma ley lo protege y la suspensión de ese derecho sólo sería posible tras la apertura de un proceso en el que el implicado tenga derecho a una defensa. 

“¿Dónde está el proceso abierto contra estos muchachos? Fue hecho todo en la oscuridad, olvidaron que tenían una familia, arraigo, bienes, son cosas que la ley contempla hacerlas bien y no de la noche a la mañana”, critica el asesor legal. 

El doctor Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del organismo en el exilio Nicaragua Nunca+, no ve tampoco nada legal en todo lo actuado. “¿Había un proceso migratorio en contra de los músicos? ¿Lo sabían? ¿Fueron notificados? Y no en la cárcel, es decir, antes de que los detuvieran. Nada de eso ha explicado la Policía, ni Migración, ni el Ministerio de Gobernación. Ninguna autoridad”, critica Carrión. 

Explicó el abogado que antes de una expulsión, las autoridades de Migración deben notificar la apertura de un proceso administrativo. “La persona en revisión debe tener derecho a ser asistido, documentar una respuesta, ahora si hubiese una decisión adversa; debe haber una resolución y ser notificada. Es un asunto de ley”, señala. 

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“La guardia lee como quiere” y escribe también  

En los años 50 durante la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana nació la frase: “la guardia lee como quiera” y se extendió rápidamente a los países que también vivían bajo regímenes dictatoriales. Surgió de una anécdota que contó un ciudadano. Dijo que un militar le pidió documentos en un retén y que el oficial los revisaba “pies arriba”. Cuando el ciudadano le dijo que tenía papeles al revés este lo mandó callar y le dijo que “la guardia leía como quiera”.

En la Nicaragua de los años 70 un economista contó que vivió un episodio parecido, pero con un Guardia Nacional que leía al revés el periódico de Somoza, Novedades. Haberle dicho al militar que sostenía mal el impreso, le costó un culatazo y la amenaza de llevarlo a prisión. 

“En la Nicaragua de Ortega, la guardia no solo lee mal, sino que escribe”, dice el abogado. Menciona que, aunque hay un listado de causales con la que las autoridades del régimen podrían sustentar la salida forzada del país de un ciudadano con otra nacionalidad, una reforma de marzo de 2011 a la Ley No. 761 o Ley General de Migración y Extranjería, es la que le ha permitido al régimen sacar del país a quienes considere una molestia.

“Al artículo No.174, le agregaron que la expulsión se haría cuando la autoridad considere que las actividades de la persona bajo el proceso comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional”. “El problema es que tal y como está planteado deja mucho a la interpretación de la autoridad, hay mucha discreción”, dice. 

“Ya sabemos dónde termina un ciudadano cuando lo acusan de atentar contra el orden público y la soberanía nacional”, agrega. 

Los desterrados de Somoza…y de Ortega

La expulsión y el destierro de enemigos políticos, fue por muchos años un castigo al que recurrió la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua.  En 1937 el dictador Anastasio Somoza García desterró a Manolo Cuadra por sus escritos subversivos. Lo envió a Corn Island, por entonces una isla lejana y solitaria, después a Costa Rica y a El Salvador.       

El 14 de julio de 1944, estudiantes universitarios, abogados y políticos de otros partidos adversos al de los Somoza, fueron confinados a Corn Island también, por orden de la misma dictadura. 22 ciudadanos nicaragüenses fueron separados de sus familiares y obligados a un confinamiento lejano por pensar diferente al régimen.

Otro destierro conocido por esa dictadura fue contra Pedro Joaquin Chamorro Cardenal quien fue desterrado a San Carlos en 1957. Los voceros del régimen llegaron a decir que el acto era una muestra de humanidad del régimen que les daba la alternativa “del destierro a la dura cárcel”.

Los músicos no son las únicas expulsiones y destierros de Daniel Ortega. Solo en seis años, de 2010 y 2016 expulsó a un total de 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos. Y después de la insurrección cívica de abril de 2018 sumó otras expulsiones como la de la feminista Ana Quirós, ejecutada en noviembre de ese año.

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