El sacerdote nicaragüense Harvin Padilla logró salir de su parroquia después de más de una semana de asedio e inmovilización por parte de la Policía Nacional.
Los más de 10 días de encierro bajo una fuerte presión de agentes policiales y paramilitares no lograron doblegar al párroco, que se mantuvo tranquilo y sereno mientras la policía, controlada por el gobierno sandinista, mantenía bloqueada las cuatro calles que convergen con la parroquia de San Juan Bautista en Masaya.
Padilla denunció la medida como una detención ilegal tras cuatro años de estar recibiendo amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas y ser víctima de un constante asedio policial y paramilitar.
Según reportaron fuentes cercanas al religioso, en la zona aledaña a la iglesia se apostaron aproximadamente unos 30 oficiales, quienes instalaron retenes en cada esquina e impiden a la población acercarse al templo.
“No dejan pasar a nadie. Los que viven cerca tienen que decir dónde viven, sino no los dejan pasar”, alertaron.
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Sin embargo, el religioso logró salir el martes, protegido por otros sacerdotes de la Iglesia católica y por el momento su paradero es desconocido.
En una conversación previa con la Voz de América, Padilla, a quien el gobierno acusa directamente de estar involucrado en el asesinato de un agente policial, dijo que el cerco impuesto por el gobierno le impedía cualquier tipo de contacto con el exterior.
“No me dejan entrar alimentos, no me dejan entrar medicina, prohibieron el acceso a la feligresía para asistir a misa el día domingo y todos estos días. Estoy escaso ya de alimentos y un poco tenso yo creo que es normal por la situación de encerramiento y porque no estoy ejerciendo mi labor pastoral”, dijo Padilla con una voz calmada.
El sacerdote denunció el asedio policial y paramilitar en su parroquia desde el 15 de mayo. Según describió, ese día un grupo de uniformados llegó en dos patrullas, le tomaron fotografías durante la homilía y a la salida, abordaron a algunos feligreses para preguntar nombres y dirección de sus viviendas.
El sacerdote nicaragüense Harvin Padilla oficia una misa.
Ante la vigilancia policial, el padre Padilla sintió que se había impuesto un régimen de “parroquia por cárcel”, pues no tenía garantías de que al salir no le harían ningún daño.
“Fíjense bien que me tienen aquí y los guardias dicen que si yo pongo un pie afuera pues me llevan. Entonces, ¿cómo voy a salir yo de acá? Ahora, los policías son unas personas que no tienen autoridad moral, la mayoría de ellos son personas vulgares y temo, porque en vez de ser una policía que brinde una integridad a los nicaragüenses lo que hacen es ensañarse contra sus propios hermanos”, recalcó.
El sacerdote, de 54 años e hipertenso, también denunció que hay personas que intentaron llevarle comida, pero asegura que los policías lo impidieron.
Los medios de comunicación afines al gobierno divulgaron en 2018 un presunto audio del religioso en el que se escucha a una persona sugerir que amarraran y escondieran, incluso en un inodoro, a un policía que fue asesinado y quemado en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace 48 meses.
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En diciembre de 2018, el religioso fue denunciado ante el Ministerio Público por dos ciudadanos por presuntamente promover e incitar al odio.
Pero el padre Padilla no se ha quedado callado ante las acusaciones y responsabiliza directamente de estos hechos al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo a quienes señala como principales culpables de la represión gubernamental que vivió la población en el 2018, cuando más de 325 nicaragüenses perdieron la vida, y el departamento de Masaya se convirtió en uno de los escenarios más violentos de las protestas sociales que ocurrieron en todo el país.
¨Los mayores culpables son ellos, porque si no estuvieran buscando culpables, buscarían por medio de la justicia limpia, humana, a los culpables, pero como ellos son los culpables y no pueden salir del Carmen (casa presidencial), porque saben muy bien que un pueblo los reprocha y les señala sus propios pecados, sus propios delitos, los asesinatos que ocurrieron en el 2018, lo primero que hacen es buscar chivos expiatorios para acusarlos¨, sentenció.
No es la primera vez que la policía acorrala a un sacerdote
Esta no es la primera vez que el gobierno acorrala a un sacerdote. En la parroquia San Miguel Arcángel, en Masaya, cuando todavía el sacerdote Edwing Román, crítico del gobierno de Daniel Ortega y quien brindó ayuda humanitaria durante las protestas antigubernamentales y la represión estatal en abril de 2018, fungía como párroco, se sufrió casi el mismo nivel de asedio policial, luego de que Román realizara una misa en honor a los presos políticos junto con sus familiares.
En la iglesia San Miguel Arcángel, en noviembre de 2019, se cortó la energía eléctrica, los servicios de agua e internet. A su vez, no se les permitió a los pobladores del barrio San Miguel llevar productos de higiene personal, agua potable y comida, para el padre Román y los familiares de los presos políticos que estuvieron al menos nueve días encerrados.
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Esta semana al menos tres religiosos han sufrido acoso de parte de la Policía Nacional. El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, logró salir de la parroquia Santo Cristo, en el sector de Las Colinas, Managua, donde se resguardaba desde la noche el jueves pasado y estuvo bajo asedio policial.
Desde la mañana del lunes 23 de mayo, monseñor Álvarez se encuentra en el Seminario de Matagalpa. Sin embargo, tal como ocurrió en Las Colinas, en Matagalpa se mantiene un cerco policial en los alrededores del Seminario y en la Curia Arzobispal, hasta donde no logró llegar el obispo.
El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, a quienes califican de “terroristas” y “golpistas” desde 2018, cuando alzaron la voz contra la represión que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, y sus templos fueron usados como refugio de cientos de estudiantes y ciudadanos.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno también ha lanzado campañas de desprestigio contra la Iglesia y sus sacerdotes, promoviendo agresiones físicas y verbales por parte de fanáticos sandinistas, como ocurrió con la profanación de la Catedral de Managua en la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, en marzo de 2020.
También han amenazado con muerte a varios sacerdotes, obligándolos a exiliarse. El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, cumplió tres años fuera de su patria este 23 de abril, tras salir a solicitud del papa Francisco para protegerlo.
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