¿Cómo avanzan posibles reformas a leyes punitivas que amenazan a sacerdotes y opositores?

En las reformas, el régimen sandinista busca despojar de sus bienes a los opositores, incrementar las penas de 15 a 20 años por menoscabo a la integridad nacional e incluso encarcelar a sacerdotes.

Hasta el momento los diputados de la Asamblea Nacional no han dado mayores pasos para avanzar en el posible endurecimiento de las leyes, con las que el régimen sandinista quiere castigar aún más a la oposición nicaragüense y a los sacerdotes de la Iglesia Católica.

A finales de abril la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación presentó un informe sobre las normas jurídicas con que se está juzgando a las personas acusadas de ciberdelitos, de recibir dinero del extranjero para, supuestamente, cometer crímenes de odio, y de delitos contra la integridad nacional y la soberanía. En ese informe se recomendó crear una comisión interinstitucional conformada por las instituciones del Sistema de Justicia Penal para poder analizar los resultados de las consultas realizadas y tomar las acciones correspondientes.

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Sin embargo, casi un mes después dichas reformas, entre las que está la extinción de dominio, siguen a la espera. “No se ha avanzado en nada al respecto de eso, porque todavía no se ha conformado la Comisión Interinstitucional que la Comisión de Justicia recomendó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que creara”, explicó el diputado Álvaro Rivera, del partido Liberal Constitucionalista (PLC), organización política que comunicó su oposición a las reformas.

Para la conformación de esa comisión especial no se determinó ningún plazo de tiempo.

Lo que quiere el régimen

La propuesta del régimen de Daniel Ortega es “adicionar” al artículo 409 del Código Penal un texto que establezca la “extinción de dominio” para aquellas personas condenadas por supuestamente utilizar o adquirir bienes “en la comisión de delitos de traición a la patria”. Es decir, la propuesta es despojar de sus bienes a quienes sean señalados de «traidores».

Igualmente se quiere reformar el artículo 410 del Código Penal para que el castigo por el delito de menoscabo a la integridad nacional pase de 15 a 20 años de cárcel.

El opositor Luis Fley, presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), recientemente se refirió a este tema y aseguró que Ortega “está enviando un mensaje duro, diciendo: Si alzás la voz, si protestás en mi contra esto te espera: más años de cárcel y tus bienes van a ser confiscados”.

El abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán comentó a la VOA que la mayoría de leyes aprobadas en los últimos años han seguido el mismo patrón y se adaptan a las “necesidades represivas del contexto”, por lo tanto no descarta que sean aplicadas a opositores que sean arrestados nuevamente.

De hecho varios sacerdotes han comenzado a ser perseguidos pese a que ni siquiera se han aprobado las reformas.

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En el informe presentado recientemente en la Asamblea Nacional se pide penas “más severas” y aplicar la “justicia” a los religiosos y directores de organismos defensores de derechos humanos, que según los sandinistas, dirigieron las protestas antigubernamentales del 2018.

La posibilidad de estas reformas han coincidido con el incremento del hostigamiento y amenazas a varios líderes religiosos del país, como el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez; el párroco de Sébaco, padre Uriel Vallejos; y el párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, padre Harving Padilla.

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