Modifican propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética

La propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética propuesta por Daniel Ortega que pretende abrir procesos penales contra los clientes morosos de Disnorte- Dissur dio un giro mientras se discutía en las comisiones de la Asamblea Nacional, informaron fuentes legislativas a NICARAGUA INVESTIGA.

La diputada sandinista Jenny Martínez explicó a los medios oficiales de la familia presidencial que la presión judicial se ejercerá a usuarios que consumen más de 300 kilowatts de energía y estén en legalmente en mora y no a toda la ciudadanía a como se pretendía.

«Lo más importante es que esta disposición va a ser únicamente para los consumidores que tienen arriba de 300 kilowatts/hora en consumo, es decir que los consumidores menores a 300 kilowatts que representan más de un millón de nicaragüenses no estarán siendo afectados por esta reforma» dijo Martínez en defensa a las críticas de la ciudadanía.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), se pronunció esta tarde ante la modificación de la ley en el parlamento.

«La diputada Jenny Martínez justificó la reforma energética, señalando que el 4% de los usuarios, que son grandes empresarios, deben pagar la energía que consumen, ya que son los mayores morosos» escribió la cuenta del Cosep en Twitter.

«Es simplemente irrisorio y una falacia decir que esto es para cobrarle a una empresa grande, cuando las empresas grandes se caracterizan por ser pagadoras» reaccionó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Por su parte el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, José Antonio Castañeda, quien participaba en las consultas parlamentarias defendió la reforma a la Ley de Estabilidad Energética propuesta por Daniel Ortega aduciendo que «no habrá afectación a los pequeños consumidores».

«No hay afectación a los consumidores, más bien estamos salvaguardado sus derechos como INE» declaró el funcionario quien evitó referirse a las alzas de la energía en este contexto sociopolítico.

Según el funcionario la cifra (16%) sobre el aumento a la energía eléctrica, «no es correcta». «Toda la información es pública, en la página web del INE pueden revisarla, todo está conforme a la normativa» alegó.

La Junta directiva de la Asamblea Nacional envió el pasado lunes 21 de octubre a la Comisión de Infraestructura la propuesta de reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética para su análisis.

Mario Arana, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua Amcham, calificó como “inhumana” la pretensión de Ortega de orientar juicios civiles y embargos a clientes que adeuden a la empresa de distribución de energía, considerando la crisis económica que vive el país.

“Hay que ver las condiciones de por qué a gente está cayendo el mora, nadie está cayendo en mora porque quiere, estamos en una situación muy crítica” dijo Arana a Nicaragua Investiga.

 

Ortega, dueño del «pastel energético»

El opositor Juan Sebastián Chamorro acusó recientemente a Ortega de «repartirse» la energía del país.

Chamorro considera que el colapso del sistema eléctrico tiene su origen en que Nicaragua posee un parque de generación “demasiado atrasado, totalmente rudimentario y obsoleto”. Según el opositor en Nicaragua aún se genera energía con base en combustibles fósiles y ha sido poco lo que se ha hecho por aumentar la producción de energía renovable.

Para Chamorro las razones para no modernizar el sistema, a pesar de los enormes costos que representa, tiene que ver con los intereses que tiene el mandatario sobre este mecanismo.
Chamorro considera que el grupo ALBA “tiene un poder excesivo dentro del parque de generación” y según denuncia, esta empresa, que maneja de forma discrecional la familia Ortega- Murillo, “se receta con cuchara grande contratos de distribución del mercado”.

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