El gobierno de Daniel Ortega obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta. Se trata de un endurecimiento del control sobre organizaciones civiles y religiosas sin precedentes desde las protestas de 2018.
Con las reformas a la ley de «Control de Organismos Sin Fines de Lucro» y bajo la de «Regulación de Agentes Extranjeros», fueron incluidos los cambios fiscales y ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.
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La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo en su cuenta en la red social X que el gobierno busca «ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso».
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas -cuya universidad fue confiscada en Managua-, dijo a la AFP en El Salvador que «cada día es más evidente» que «hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo».
«Condenamos el injusto cierre de Ortega y Murillo esta semana de 1.500 ONG y el violento acoso, detención y represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua», escribió en X el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.
La ONU calificó el pasado martes como «profundamente alarmante» el cierre de las 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas, y la confiscación de sus bienes.
«Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega», afirmó en X el excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio en Estados Unidos.
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Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano a Ortega, a cuyo gobierno acusan de graves violaciones a derechos humanos actualmente y durante las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
AFP
