Con las recientes reformas a la Constitución que reconfiguran el sistema político de Nicaragua, la vicedictadora Rosario Murillo demuestra que está decidida a ocupar la presidencia, cargo que ha venido ejerciendo de facto a la sombra de Daniel Ortega, pero que con las enmiendas constitucionales alcanzará el poderío total que ansía y ahora con «legalidad».
En una jugada cuidadosamente diseñada por Murillo, el régimen ha impulsado una reforma a la Constitución Política a la medida de la vicedictadora que abre el camino para que ésta asuma la presidencia en las próximas elecciones de 2026.
La medida responde a una estrategia doble: capitalizar el debilitamiento físico de Daniel Ortega, quien llegará a los próximos comicios con 80 años, y sortear el poco respaldo que Murillo tiene entre las bases sandinistas.
El cambio más contundente de la reforma para lograr las aspiraciones de Murillo es la introducción de la figura de la copresidencia. Según el nuevo artículo 133, “la Presidencia de la República está integrada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto”.
Este cambio eleva y legaliza el rol de Rosario Murillo al mismo nivel de Daniel Ortega en funciones ejecutivas, eliminando cualquier distinción efectiva entre ambos dictadores.
En la práctica, esta medida no solo perpetúa la dinastía familiar, sino que destruye cualquier posibilidad de contrapesos democráticos al concentrar el poder en una sola familia.
Régimen a la defensiva
Para Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y opositora desterrada por el régimen, estas modificaciones muestran cómo la dictadura Ortega-Murillo “se percibe en guerra, a la defensiva y totalmente vulnerable a imprevistos en la historia”.
En sus declaraciones, Castillo fue enfática al señalar que esta reforma no es simplemente un ajuste parcial, sino una reconfiguración total del sistema político del país.
“Muestra a la comunidad internacional y al multilateralismo cómo una familia puede, en pleno siglo XXI, retornar a un pueblo a la era de esclavitud, subordinando todos sus derechos humanos a un panfleto dictatorial”, dijo la defensora de derechos humanos.
Este “asalto dictatorial”, como lo describe Castillo, no solo busca consolidar el poder de la pareja presidencial, sino también manipular al pueblo con un discurso ideológico que ellos mismos han traicionado.
Control absoluto
Con estas reformas, el régimen Ortega-Murillo se asegura un control absoluto del aparato estatal, a la vez que impone un estado militarizado. Además, refuerza la capacidad del régimen para perseguir y criminalizar a quienes se opongan a su modelo autoritario, lo que representa una amenaza directa al ejercicio de las libertades fundamentales y a la posibilidad de un cambio democrático en Nicaragua.
En este sentido, Castillo considera que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y los nicaragüenses dentro y fuera del país tienen frente a ellos un desafío urgente: frenar la consolidación de un régimen que pretende borrar cualquier vestigio de democracia para perpetuar una dinastía familiar que controla todos los hilos del poder.
«Nos interpela en lo más profundo a cada ciudadano/a nicaragüense a defender nuestros derechos fundamentales, y a los liderazgos sociales, políticos y económicos a ponernos de una vez por todas a la altura de las circunstancias y proponer una alternativa al asalto dictatorial«, advirtió Castillo.
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