La economía de Nicaragua podría enfrentar serios riesgos en 2025 debido a los resultados de la investigación anunciada a inicios de diciembre de 2024 por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, sobre presuntas violaciones de derechos humanos y laborales cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La determinación, respaldada por varios legisladores y voceros estadounidenses, se produce en un contexto marcado por la creciente represión gubernamental contra opositores y organizaciones de la sociedad civil.
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Observadores internacionales temen que esta pesquisa, de confirmarse las acusaciones, derive en sanciones comerciales que tengan un impacto sustancial en la frágil economía nicaragüense.
La pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) es uno de los puntos neurálgicos de esta controversia.
La investigadora Alexandra Solórzano, directora ejecutiva de Owl Consultancy Group, citada en una publicación del organismo Diálogo Interamericano, apunta que el régimen orteguista se ha vuelto cada vez más dependiente del comercio con Estados Unidos, por lo que las repercusiones podrían ser “significativas” si se aplican medidas restrictivas, como la imposición de aranceles o la suspensión de concesiones comerciales.
Asimismo, Solórzano no descarta la posibilidad de que algunos legisladores estadounidenses propongan directamente la expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, un escenario que desataría “efectos devastadores” en la balanza comercial del país y en la inversión extranjera.
Riesgos de sanciones y pérdida del Cafta
Por su parte, Luis A. Rivas, miembro senior no residente del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, citado por la misma fuente enfatiza que esta investigación de Estados Unidos va más allá de la mera búsqueda de prácticas discriminatorias contra el comercio.
Incluye también posibles violaciones a los derechos humanos y laborales, un tema que eleva la gravedad de las acusaciones. Rivas advierte que el régimen de Ortega, aferrado al poder y con un historial comprobado de represión, difícilmente modificará su proceder sin arriesgar su control absoluto del Estado.
De concretarse las acusaciones, Estados Unidos podría imponer sanciones permanentes o incluso cerrar la puerta a Nicaragua dentro del CAFTA-DR, lo que no solo afectaría las exportaciones de productos clave, sino también las remesas y la confianza internacional en el país.
En cuanto a la reacción del régimen, diversos analistas señalan que Ortega podría intensificar su discurso soberanista y catalogar la investigación estadounidense como una injerencia imperialista.
La experiencia pasada muestra que la dictadura tiende a fortalecer alianzas con actores como Rusia y China ante las presiones de Washington. De hecho, María Puerta-Riera, profesora adjunta de ciencias políticas en Valencia College, subraya que el régimen Ortega-Murillo podría buscar aún más apoyo internacional fuera de la esfera occidental para contrarrestar las sanciones e intentar demostrar “independencia” frente a Estados Unidos.
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No obstante, Puerta-Riera considera que China, si bien ha ganado presencia en la región, no posee la capacidad de sustituir, a corto plazo, el peso que tiene el mercado estadounidense para Nicaragua.
El horizonte político también cambia con la próxima administración Trump, prevista para asumir en enero. Tanto Solórzano como Puerta-Riera y Rivas coinciden en que el gobierno de Donald Trump adoptaría una línea más dura frente a Ortega, dada la retórica de campaña sobre migración y la intención de repatriar a miles de nicaragüenses residentes en Estados Unidos sin documentos.
Amenaza real para el régimen
Mientras tanto, las persecuciones y arrestos arbitrarios contra opositores, periodistas y organizaciones civiles podrían aumentar, ya que, según Carlos Fernando Chamorro, director del medio independiente Confidencial, el régimen busca afianzar una “sucesión dinástica” hacia Rosario Murillo, con un aparato represor que controle la sociedad y la economía nacional.
En definitiva, la investigación que lidera la representante comercial de EE.UU. supone una amenaza real para la ya debilitada economía nicaragüense.
La fuerte dependencia del comercio con Estados Unidos, sumada a la falta de mecanismos inmediatos en CAFTA-DR para expulsar a un Estado miembro, mantiene a Nicaragua en una situación incierta.
Todo ello se produce en medio de un panorama internacional cada vez más complejo, con un régimen decidido a mantener su poder a toda costa y un gobierno estadounidense que, bajo Trump, podría optar por presionar con sanciones y exigir cambios que el orteguismo no estaría dispuesto a conceder.
Los próximos meses de 2025 serán claves para definir si Nicaragua podrá sortear la tormenta diplomática y comercial, o si, por el contrario, se encamina hacia un aislamiento aún mayor.
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