La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaría ejecutando una implacable asfixia financiera contra Agricorp, la principal empresa de Bayardo Arce Castaño, quien fuera hasta abril de 2018 uno de los grandes aliados de la vieja guardia que le quedaban al caudillo sandinista. Esta medida, percibida como una purga interna o un ajuste de cuentas, revela la brutalidad con la que el régimen opera, incluso contra figuras que en su momento gozaron de su absoluta confianza.
Informes recientes indican que la crisis de Agricorp se desató tras el descubrimiento, por parte de la dictadura, de que la compañía no había pagado el impuesto sobre la renta entre 2019 y 2023. Esta omisión forzó a la empresa a un pago urgente y retroactivo de casi 367 millones de córdobas a la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que culminó en pérdidas totales cercanas a los 420 millones de córdobas en 2023. La cifra es un golpe demoledor que ha puesto de rodillas a la que fuera una próspera corporación.
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Para intentar paliar la debacle, Agricorp se vio obligada a vender acciones e incorporar nuevos inversores. Sin embargo, estas medidas no han logrado revertir la tendencia negativa. La situación financiera de la empresa no solo no mejoró en 2024, incumpliendo sus proyecciones de ganancias, sino que sus ventas continúan en picada en 2025, mientras los costos operativos se disparan.
Las consecuencias de esta debacle ya son palpables. Empleados de Agricorp reportan retrasos en sus pagos, y la frecuencia de distribución de productos a tiendas y supermercados ha disminuido drásticamente debido a la falta de liquidez. Lo que antes era un emporio de prosperidad para Arce, hoy se desmorona bajo el peso de la maquinaria dictatorial, evidenciando que en el círculo del poder nicaragüense, la lealtad es un concepto volátil y la mano dura del régimen no distingue entre adversarios y antiguos colaboradores.
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