Un nuevo informe del Departamento de Estado estadounidense revela cómo el régimen de Daniel Ortega ha extendido su aparato represivo más allá de las fronteras nicaragüenses, utilizando agentes encubiertos y la estructura diplomática para acechar a opositores refugiados en Costa Rica.
El documento habla de un patrón sistemático de intimidación que incluye vigilancia directa, amenazas telefónicas y el uso de paramilitares para hostigar a nicaragüenses que han buscado refugio en el país vecino tras huir de la represión desatada desde las protestas de 2018.
Espionaje desde la embajada
Según testimonios recopilados por el Departamento de Estado, funcionarios de inteligencia sandinista operan desde la sede diplomática en San José para coordinar actividades de seguimiento contra organizaciones de exiliados. Eduardo Trejos Lalli, quien dirigió los servicios de inteligencia costarricenses entre 2018 y 2022, confirmó previamente a este medio que la embajada nicaragüense mantenía un personal anormalmente numeroso durante ese período.
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Las denuncias describen un modus operandi que incluye fotografiar a personas que ingresan y salen de oficinas de organizaciones opositoras, mientras los dirigentes reciben mensajes intimidatorios que hacen referencia a agresiones previas contra compatriotas en territorio costarricense.
Tentáculos internacionales
El informe también expone intentos del gobierno Ortega-Murillo de manipular los mecanismos de Interpol, emitiendo alertas rojas contra opositores para facilitar su captura internacional. El caso más documentado es el de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado desde Costa Rica en febrero tras una notificación roja nicaragüense.
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Esta estrategia de persecución transnacional se enmarca en un contexto más amplio de violencia política que ha caracterizado al régimen. Recientemente, el gobierno nicaragüense ha sido señalado como responsable del asesinato del mayor del Ejército Roberto Samcam y de atentar contra la vida del activista opositor Joao Maldonado, evidenciando la escalada represiva que no distingue entre militares, civiles o fronteras.
Red de terror sin límites
La documentación estadounidense corrobora lo que organizaciones de derechos humanos han denunciado: «la creación de una red de terror que trasciende las fronteras nacionales. Los exiliados, que creían haber encontrado seguridad en Costa Rica, enfrentan ahora la realidad de un régimen que ha convertido la persecución política en una política de Estado sin límites geográficos».
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Esta expansión del aparato represivo sandinista plantea serios desafíos para la seguridad regional y evidencia cómo las dictaduras modernas adaptan sus métodos de control a un mundo globalizado, utilizando tanto canales diplomáticos como redes clandestinas para mantener el terror más allá de sus propias fronteras.
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