En los últimos dos años, la Policía Nacional de Nicaragua ha intensificado de manera notable sus operaciones de detección de explosivos destinadas a salvaguardar a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de creciente tensión política interna. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los servicios de este tipo pasaron de 45.541 en 2022 a 355.704 en 2023, y alcanzaron los 290.813 en 2024, lo que representa un incremento exponencial que supera seis veces el volumen inicial. Estas inspecciones se realizan de forma diaria en torno a la residencia oficial de la pareja en El Carmen, en el centro viejo de Managua, así como en las rutas que recorren, con énfasis en la identificación de amenazas no convencionales como artefactos explosivos, dada la rigidez de los controles contra ataques directos como disparos.
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La Dirección de Seguridad y Protección de Personalidades, responsable de estas labores, ha recibido un presupuesto acumulado de 1.556 millones de córdobas entre 2018 y 2024, equivalente a unos 43 millones de dólares al tipo de cambio actual. En septiembre de 2025, la institución promovió a 414 agentes de esta unidad, con proyecciones de llegar a 1.263 ascensos anuales, superando incluso al personal dedicado a servicios de tránsito o salud pública.
Expertos en seguridad consultados de manera anónima atribuyen esta expansión a la «paranoia» de los líderes sandinistas, motivada por el temor a posibles atentados derivados de la creciente oposición interna y el descontento popular acumulado desde las protestas de 2018. La estructura de protección opera en tres anillos concéntricos —uno familiar, otro perimetral y un tercero para eventos públicos—, coordinados por el comisionado general Horacio Rocha, quien prioriza la lealtad absoluta para evitar infiltraciones.
Protección a los dictadores y control para los ciudadanos
Sin embargo, este énfasis en la autoprotección contrasta drásticamente con las graves denuncias internacionales contra la misma Policía Nacional por su rol en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han documentado patrones de represión que, según expertos, podrían configurarse como crímenes de lesa humanidad, especialmente durante la crisis de 2018, cuando las protestas contra reformas previsionales derivaron en una ola de violencia estatal.
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Por ejemplo, Amnistía Internacional concluyó en un informe de 2018 que «las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, control de los medios y el uso de grupos armados progubernamentales, para aplastar protestas en las que al menos 81 personas han sido asesinadas». La organización también evidenció que «la policía nicaragüense utilizó armas letales, el gran número de personas heridas por armas de fuego, la trayectoria de los disparos, la concentración de heridas de bala en la cabeza, cuello y pecho de los fallecidos, y los intentos de obstruir la justicia y encubrir la naturaleza de los asesinatos», lo que lleva a inferir «múltiples ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía y grupos armados progubernamentales».
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De igual modo, el informe de HRW de 2019 detalla casos de tortura y abusos graves, como el de una manifestante detenida en Masaya quien relató: «Cinco policías me violaron en grupo… Me violaron todos. Me hicieron todo lo que quisieron. Me hicieron muchas cosas que no puedo describir… Estaba gritando y pidiendo ayuda, pero nadie podía ayudarme porque eran ellos [los que me lo hacían]». Otro testimonio describe cómo policías «sometieron a detenidos a descargas eléctricas, quemaduras con ácido, ejecuciones simuladas, desnudez forzada y extracción de uñas», prácticas que elevan a nivel de tortura sistemática. Estas acusaciones, respaldadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, subrayan cómo la institución, mientras invierte en su propia defensa, ha sido señalada por perpetuar un ciclo de miedo y control sobre la población.
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