Lealtad al régimen sandinista, denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en organismos internacionales y sanciones de Estados Unidos son varios de los atributos de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó este martes 25 de noviembre para reemplazar a cinco jueces que renunciaron al alto tribunal nicaragüense.
Estos sustitutos serán Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.
La lista que analiza la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento solo tiene cinco nombres; es decir, que serán finalmente quienes reemplacen a Yadira Centeno González, Ellen Joy Lewin Downs, Armengol Cuadra, Virgilio Guardián Castellón y José Manuel Martínez Sevilla, quienes dejaron sus cargos entre el 18 y el 25 de noviembre, según los comunicados de sus renuncias que publicaron los medios de propaganda de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las dos magistradas, en una carta idéntica, alegaron razones de salud para dejar el cargo. En un mensaje similar lo hizo el magistrado Martínez Sevilla. Mientras que Cuadra y Guardián Castellón se apegaron a su proceso de jubilación para abandonar sus funciones en el Poder Judicial.
Esta es una razzia que comenzó en octubre de 2023 la codictadora Rosario Murillo cuando desalojó a la entonces presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, ordenó la detención de la hija de Centeno González y temporalmente la retiraron de su puesto. En ese entonces también circuló que la misma suerte había corrido Guardián Castellón, que pese a las versiones periodísticas negó el cese de sus funciones.
Los reemplazos son conocidos en el país, especialmente porque han contribuido en la política represiva de Ortega y Murillo contra la disidencia política, defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y obispos.
Estos son los nombres que presentó la Asamblea Nacional para reemplazar a magistrados de la CSJ
De fiscal general a magistrada
Guido Ochoa comenzó en la política como guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un pasado que le recordó en 2023 la propia Murillo al condecorarla: “Compañera Ana Julia Guido Ochoa, guerrillera de indudable valentía en todos los momentos y circunstancias, hoy Fiscal General de la República”.
Al entonces Ministerio Público, desaparecido con la reforma constitucional de febrero de este año, llegó en el año 2007 con la asunción de Ortega al poder. Siete años después fue elegida Fiscal General de Nicaragua, cargo en el que cumplió los designios del dictador y luego los de su amiga Murillo.
Aunque en 2023 su cargo pendía de un hilo, cuando se dieron a conocer los nombre de sus posibles reemplazos en el Ministerio Público, finalmente Guido Ochoa fue ratificada en el cargo. Duraría hasta la creación de la Procuraduría General de la Justicia, un apéndice de la presidencia del que quedóf fuera.
Guido Ochoa vivió horas bajas, pero su nombre como magistrada le dará otro impulso a carrera política, siempre del lado del régimen.
Leal a la presidencia
En su informe sobre la situación del país de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recordó su papel: «La Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa, también recibe órdenes de la Presidencia sobre a quién procesar. El Grupo confirmó la existencia de una “granja de troles” que se extiende a varias plataformas en línea pertenecientes a Meta, creada para generar pruebas falsas contra opositores reales o percibidos y acosarlos en línea. La “granja” se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema; posteriormente, el Ministerio Público utiliza las ‘pruebas’ para respaldar las acusaciones contra opositores reales o percibidos».
Antes de llegar al Ministerio Público fue jefa policial y quiso convencer al expresidente Enrique Bolaños de que la nombrara al frente de la institución, aunque no tuvo suerte. Sin embargo, Ortega la llevó a la Fiscalía.
Los sancionados por Estados Unidos
Dos jueces que desde el Tribunal de Apelaciones de Managua jugaron un papel crucial o al menos dieron la cara para desnacionalizar a opositores, expulsarlos del país y fabricarle crímenes como «traición a la patria» también volverán al ruedo judicial, ahora como magistrados.
Son Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, quienes en algún momento ostentaron la presidencia de este tribunal y como responsables de la «muerte civil» de cientos de nicaragüenses, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó en 2023.
La Ofac, de Rodríguez Mejía, resaltó al sancionarlo que «el 15 de febrero de 2023, Rodríguez anunció la decisión del tribunal de despojar de su nacionalidad a 94 ciudadanos nicaragüenses, a quienes declaró traidores. Las personas que perdieron su nacionalidad eran críticos activos del régimen de Ortega e incluyen a periodistas, defensores de derechos humanos y eclesiásticos destacados».
Su carrera judicial comenzó en el 2003 en Matagalpa y ascendió rápidamente con su cambio a Managua en 2005 cuando pasó a ser titular del Tribunal Tercero de lo Penal en la capital del país.
Rothschuh Andino también estuvo al frente del Tribunal de Apelaciones de Managua desde 2021 y fue quien estuvo al frente del proceso de expulsión de los primeros 222 nicaragüenses de su país en el año 2023. Como Rodríguez Mejía los declaró «traidores a la patria».
Tres responsables por el GHREN
Los dos comparten, con Guido Ochoa, sus nombres en la lista del GHREN como responsables directos con consecuencias penales por las violaciones masivas a los derechos humanos en Nicaragua, según el informe que el grupo publicó en abril de este año.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, manifestó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, en abril pasado.
Fichas del FSLN
Los otros dos nombres, quizá menos visibles, pero también leales al FSLN son los de Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.
Welcome Crawford tiene carrera judicial. Está al frente del Distrito Penal de Juicios de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). También se desempeñó como jueza única en Corn Island, donde tambié fue fiscal.
El medio digital Confidencial reseña que en 2020 «declaró culpable a la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de la radio La Costeñísima, por supuestamente cometer el delito de “calumnias” en perjuicio de tres trabajadoras de la Alcaldía de El Rama».
Con un perfil más político se encuentra Fuertes Bolaño, quien era el jefe político del FSLN en el departamento de Boaco, donde también fue miembro del consejo electoral departamental.
Periodista Nicaragua Investiga
