“Compañera Ana Julia Guido Ochoa, guerrillera de indudable valentía en todos los momentos y circunstancias, hoy Fiscal General de la República”, dijo Rosario Murillo antes de que la fiel servidora del régimen recibiera la orden Augusto Sandino en su máximo Grado.
Después de un beso en la mejilla y un fuerte abrazo de Daniel Ortega, la funcionaria recibió el máximo reconocimiento en un acto celebrado el 21 de febrero de 2023 en conmemoración del 89 aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino.
Ana Julia fue condecorada junto a otros militantes sandinistas —Lumberto Campbell, Orlando Tardencilla, Brenda Rocha y Alma Nubia Baltodano— que han ayudado al régimen sandinista a mantenerse en el poder.
Quienes la conocen saben que tiene “un perfil de disciplina y cumple órdenes sin discutirlas”.
El pasado 25 de julio el régimen sorprendió cuando los diputados de la Asamblea Nacional anunciaron la conformación de una Comisión Especial que recibiría las propuestas de candidatos para sustituirla. Sin sorpresas, siguiendo el plan trazado por el régimen, el 11 de agosto fue confirmada en su cargo.
Una familia de “colaboradores históricos”
Desde muy joven se vinculó con el Frente Sandinista. Su primer acercamiento lo tuvo a través de los exguerrilleros René Núñez Téllez (1946-2016) y Juan de Dios Muñoz (1950-1977). “Pudiera decirse que (fueron) las primeras personas que comenzaron a hablar conmigo y a decirme si quería trabajar con el Frente (…) Creo que fueron para mí los mejores maestros que yo pude haber tenido en los primeros pasos que yo di en el Frente Sandinista”, dijo Ana Julia en una entrevista que concedió en marzo pasado a Canal 4.
Ella nació el 16 de febrero de 1959 en el seno de una familia campesina de Matagalpa estrechamente vinculada con la organización sandinista.
Sus padres, Julio César Guido y María Ochoa, fueron dos “colaboradores históricos” del FSLN, cuya propiedad a finales de los setenta se convirtió en una “casa de seguridad” para guerrilleros.
“Mi papá fue un colaborador histórico y estuvo preso más de un año en las mazmorras de la guardia, fue torturado cruelmente y después de un año lo soltaron. Él tenía una propiedad, que la había comprado a propósito para que fuera un lugar donde la guerrilla pudiera asentarse y hacer allí su campamento y quedaba a la orilla de El Cuá en Jinotega”, rememora Guido.
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Sobre su madre cuenta que ella se mantenía en la casa que alquilaban en la ciudad de Matagalpa, donde frecuentemente se realizaban reuniones de forma clandestina. “Los compañeros que iban para la montaña pasaban por la casa o los que bajaban de la montaña”. En ese ínterin conoció a Núñez y Muñoz.
Dos de sus hermanos que se incorporaron a la guerrilla, en la columna Bonifacio Montoya, fueron asesinados. Justo José, tenía 15 años cuando lo mataron el 25 de julio de 1977. Leonel fue abatido por la guardia somocista, el propio 19 de julio de 1979, durante la insurrección final, en una situación que ella define como un “exceso de confianza” por parte de su hermano.
La asaltante de banco
En octubre de 1974, a Guido le asignaron la tarea por invitación directa de Juan de Dios Muñoz. Por los próximos dos meses, la joven que recién se integraba a la guerrilla estuvo en un campamento ubicado en la zona fronteriza de Peñas Blancas donde se encontró con otros militantes sandinistas como René Vivas, Aurelio Carrasco, Inés Hernández, un baqueano de la zona llamado Pedrito y Carlos Agüero, el jefe del grupo.
El 18 de diciembre de 1974, bajo la justificación de que era una “recuperación económica”, el grupo que iba bajo las órdenes de Juan de Dios Muñoz, asaltó la agencia rural del Banco Nacional de Nicaragua en Abisinia, una comunidad ubicada a unos 195 kilómetros al norte de Managua en el departamento de Jinotega.
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A la entidad bancaria y bajo el grito de “manos arriba” entraron René Vivas, Carlos Agüero y la joven guerrillera. Casi 49 años después, la funcionaria sigue contando esa hazaña y se jacta de que fue una acción para “sostener a la organización” que luchaba contra la guardia somocista.
“Fue sin nada de violencia, y se les dijo a nadie le va a pasar nada, es una acción del Frente Sandinista y lo que pretendemos es buscar recursos para seguir haciendo acciones y sostener a la organización”, refirió Guido en la entrevista.
Después de esa operación volvió a Matagalpa, pero a finales de diciembre se trasladó a una casa de seguridad en León, porque la guardia empezó a hacer redadas. Posteriormente, ella fue a un sitio en Télica, en el occidente del país, donde comenzó a recibir la enseñanza “político-militar” por parte del polémico comandante sandinista Tomás Borge (1930-2012).
Su vida como traficante de armas
El 15 de septiembre de 1977, fue detenida cuando cruzaba el río Guani para llegar a Siuna, en el Caribe Norte de Nicaragua. Fue trasladada a un cuartel de la guardia somocista ubicado en Waslala, donde permaneció tres meses encarcelada.
Similar a las técnicas que utiliza en la actualidad el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos, Guido permaneció en aislamiento en ese cuartel. A los barrotes de las celdas le pusieron láminas de zinc para evitar que hablara con los guardias.
Luego la enviaron a Puerto Cabezas donde fue sometida a un “juicio exprés” y procesada como reo común por actos de sedición, asociación ilícita para delinquir, portación ilegal de armas, entre otros delitos por los que fue condenada a “nueve meses de obras públicas”.
Ana Julia Guido en un acto político junto a Daniel Ortega. Foto | Prensa oficialista
“Cumplí mi pena. Eran unos barrotes que había y unas celdas del tiempo de la colonia en Puerto Cabezas. Mi familia no me llegaba a ver porque era una zona lejísima”, cuenta.
Al salir de la prisión volvió a integrarse a las filas del Frente Sandinista y la enviaron a Estelí, donde se le encomendó hacer una ruta para “trasladar armas de Honduras para Nicaragua”. La ruta establecida comprendía las zonas de El Sauce, San Juan de Limay y Achuapa, por el lado nicaragüense, y Guayabillas y San Marcos de Colón, en el territorio hondureño.
“Yo trasladaba (armas), iba en mula o a pie y ahí íbamos y trasladábamos armas”, recordó.
Su paso por la Policía
Durante el Gobierno del expresidente Enrique Bolaños (1928-2021) fue nombrada subdirectora de la Policía Nacional después de una lucha interna que sostuvo con la entonces comisionada general, Aminta Granera, quien finalmente asumió la jefatura de la institución.
Todo indicaba que Guido sería la sucesora de Edwin Cordero, debido a que adquirió prestigio en el seno de la institución policial por su disciplina y lealtad a sus jefes. No obstante, debido a su “inobjetable identidad sandinista”, probablemente Bolaños se decidió por Granera, señala un artículo de la Revista Envío.
“Me vinculan como si fuera candidata supuestamente de Daniel Ortega y Lenín Cerna. A mí no me interesa ser candidata de nadie, de ningún partido político. Yo estoy apegada completamente a la ley y eso es lo que me interesa. No tengo ningún compromiso económico ni político con nadie”, dijo Guido, según la publicación.
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El artículo, incluso señala que “hay quienes creen que el factor fundamental para designar a Granera y no a Guido es su origen social”. Contrario a Guido que venía de una familia campesina, Granera era una mujer graduada en Sociología, Filosofía y Teología que provenía de una “acomodada familia leonesa”.
Antes de ser retirada de la institución ocupó varios cargos, entre ellos la jefatura de Asuntos Internos, luego de Seguridad Pública Nacional, hasta ser promocionada como subdirectora general y ascendida a comisionada general lo que le permitió competir con Granera.
El nombramiento como fiscal
Cuando Granera asumió como directora de la Policía en 2006, Guido pasó a retiro. Un año después, con los votos de 66 diputados de la Asamblea Nacional, el 28 de marzo de 2007 fue electa Fiscal General Adjunta.
El entonces diputado René Núñez Téllez, el mismo que la invitó a formar parte del Frente Sandinista, la juramentó junto a Julio Centeno, electo Fiscal General de la República. La Comisión Constitucional para la elección seleccionó a ambos candidatos por su “moralidad notoria (y) experiencia de la profesión jurídica”.
“Como premio de consolación, Edwin Castro (el diputado sandinista) la propone para fiscal adjunta (…) Ella tenía un respaldo político sumamente amplio y fue creando las condiciones para ir socavando y debilitando el liderazgo del Fiscal General anterior e ir politizando poco a poco la institución”, dijo un exfuncionario del Ministerio Público.
En ese momento, se crearon tres corrientes dentro de la institución: una dirigida por el exfiscal Armando Juárez, sobrino de Lenín Cerna; la del propio Centeno y la de Guido, que fue la que al final se “impuso”.
En 2014, después que el FSLN allanó el camino para la reelección presidencial de Ortega, la fidelidad de Guido fue recompensada con su elección como Fiscal General de la República. Un total de 65 diputados respaldaron esa elección que colocaba a la exguerrillera como una pieza clave dentro del sistema de justicia penal de Nicaragua.
Aunque la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 23, refiere que para ser Fiscal General o Fiscal Adjunto, se requiere “haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años”, Guido subió como la espuma sin tener que ejercer como tal la profesión de abogada, sino que dedicó la mayor parte de su vida a la Policía.
Trasladó “mentalidad policial”
Desde que Guido llegó al Ministerio Público tuvo el “control de todo” y “movió a toda la gente, todos los que estaban cerca del doctor Centeno”, dice el exfuncionario del Ministerio Público. Por órdenes de Guido, los fiscales en todos los procesos judiciales tenían que “pedir culpabilidad, aunque no fueran culpables” los acusados y que “lo decidiera el juez”.
“No aceptaba que vos llevaras un caso donde no había pruebas y pidieras clausura anticipada por falta de pruebas”, señaló el exfuncionario.
La fuente refiere que Guido trasladó al Ministerio Público todo el actuar de la Policía. “Ella llegó con mentalidad policial y te revisaban todo, porque tenías que hacer un reporte semanal”.
Guido —recuerda el exfiscal— no recibía en la oficina a los funcionarios del Ministerio Público. “Esa señora no te atendía a la gente, solo a los que estaban con ella y tenía una cara siempre enojada”.
“Ella y los hijos son quienes dirigen la Fiscalía. Julio González (Fiscal Adjunto nuevamente reelecto) no pinta nada”, refiere la fuente del Ministerio Público.
Las sanciones
El 9 de octubre de 2020, la excomisionada fue sancionada por Estados Unidos, debido a que “ayudó a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense, entidad bajo sanciones, para fabricar casos contra prisioneros políticos”.
A partir de 2018, Guido creó una unidad especializada que se dedicó a “presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos”, refiere el Departamento de Estado.
“Se las pasaban (las acusaciones) a cualquiera que las firmara, aunque no quisiera tenía que firmarlas, porque sino lo iban a correr, entonces a nivel interno había un temor de todos los fiscales y tenían que hacerle caso sin comentar nada y si hay actividades tienen que ir”, señaló el exfiscal.
El Ministerio Público como parte del sistema de justicia de Nicaragua se convirtió en uno de los pilares que sostiene al régimen a costa de perder su independencia.
“Ella tiene información privilegiada de cómo se construían los casos contra opositores y cómo se desechaban los casos en las que hay víctimas de muertes violentas y que saben quiénes son los responsables. Probablemente la tendrán súper vigilada para evitar que pueda salir y negociar en otro país información a cambio de impunidad, pero una figura como ella no puede quedar impune”, mencionó otro exfiscal consultados por Nicaragua Investiga.
Uno de los exfiscales consultados tiene su propia lectura sobre lo que está sucediendo alrededor de la Fiscal General. “Es probable que haya una pérdida de confianza hacia ella. La otra posibilidad es que sigue siendo de la confianza del régimen”, asegura.
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