Rostros del olvido: así viven los lisiados de abril

Este reportaje recopila seis testimonios de personas que sufrieron lesiones físicas permanentes durante las manifestaciones de 2018. Muchos viven entre sondas, medicinas y vendas; otros lo perdieron todo. Advertimos que algunas imágenes y testimonios pueden ser fuertes

“Tengo tres años de estar postrado en una cama”, dice con nostalgia José Alejandro Martínez Vázquez. Su vida cambió la noche del 11 de julio de 2019 cuando se dirigía a buscar a un primo y fue atacado a disparos por un ex-agente de la Policía Nacional, según su testimonio. Nunca supo las razones de aquel ataque selectivo del que también fueron víctimas muchas otras personas opositoras al régimen de Daniel Ortega.

“A mí me balearon, el individuo todavía me remató en la cabeza y camina tranquilo en el pueblo. Camina con la Policía, trabaja con la Policía”, denuncia con firmeza. 

“Yo espero que algún día haya justicia”, dice luego de un prolongado silencio que se acompañaba de una mirada fija y penetrante.  Tiene 30 años y es originario de Wiwilí, Nueva Segovia, una ciudad que se encuentra a 260 kilómetros de la capital, Managua.

El atentado, que fue cerca de una estación policial de su pueblo, ocurrió meses después de ser liberado, ya que formó parte del segundo bloque de presos políticos que fueron excarcelados a través de la controversial ley de amnistía, que permitió que quedaran impunes los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad públicos, así como por los grupos civiles armados que apoyaron al régimen sandinista durante la represión de las protestas de 2018.

Cinco disparos impactaron su cuerpo. Una de las balas entró por su hombro izquierdo y salió por su espalda, perforando un pulmón; otra le rozó el cuello y le provocó una gran herida; la siguiente entró en su cabeza y otra en su mano izquierda. Pero una le perjudicó más: entró en su tetilla y se le incrustó en la médula espinal, lo que provocó que quedara parapléjico. 

José Alejandro Martínez minutos después de ser atacado. Foto | Cortesía

Minutos después de aquel ataque, agentes policiales llegaron al lugar, pero no se investigó nada, no hubo ningún sospechoso identificado por la policía. Al contrario, lo señalaban de haber sido víctima de un conflicto mal gestionado producto de una transacción de drogas. Ese tipo de acusaciones fueron muy usadas por el régimen contra opositores nicaragüenses para justificar las acciones represivas en esas fechas.

De la tetilla hacia abajo yo estoy muerto, yo no siento nada. Tengo que usar sonda permanente, tengo una colostomía (una abertura en el vientre)”, cuenta José. “Desde entonces empezó un gran tormento y fue una etapa de mi vida que nunca imaginé. Fue difícil. Para ese entonces tenía 27 años”, relata desde una videollamada en su cama. 

Hizo la denuncia ante los medios de comunicación, pero los periodistas tenían mucho para reportar. Pronto, su historia se desvaneció entre las tantas que la prensa independiente tuvo el infortunio de contar por aquellos días. 

Internado en el hospital público Antonio Lenin Fonseca se le formó una llaga en la espalda, tan profunda que llegó a exponerle parte del hueso de la columna vertebral. Ahora que su vida sigue con dificultades, usa una bolsa de ostomía que lleva puesta por fuera del cuerpo para recolectar las heces.

La pobreza no ayuda a los lisiados. En una ocasión, José tuvo que recoger una de estas bolsas que había tirado a la basura, la lavó y la reutilizó, porque no tenía dinero para comprar una nueva. Es un riesgo alto, pero ante opciones reducidas, gana el deseo de vivir un día más.

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Las jeringas también las reutiliza para la curación. “Esto no es higiénico y creo que por eso me está afectando la nefropatía (enfermedad renal que se caracteriza por el daño progresivo en los riñones), ya que ocupo una jeringa de 20cc, para lavar la sonda porque produzco mucho calcio”, comenta.

Muchas veces a José se han negado a atenderlo en varios centros hospitalarios públicos, y ha tenido que “inventar historias”, diciendo que se accidentó en una moto para recibir servicios médicos sin discriminación.

El régimen de Daniel Ortega violenta el artículo 59 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que los ciudadanos tienen derecho, por igual, a la salud. Además, el Estado debe establecer las condiciones básicas para la protección, recuperación y rehabilitación de las personas. 

Grethel Gómez, quien forma parte de la junta directiva y de la comisión de lesionados de la Organización Víctimas de Abril (OVA), afirma que han documentado múltiples violaciones al derecho a la salud de personas lisiadas. Comenta que en la mayoría de los casos, las personas que se han visto obligadas a usar sondas por las secuelas de sus heridas, desarrollan infecciones en las vías urinarias, por lo que “han tenido que recurrir a los hospitales y les dicen que lleguen un mes después”.

Esta organización integra actualmente a seis miembros que son lisiados por la represión de 2018. Cuatro están postrados en una cama y dos perdieron un ojo. Gómez denuncia que los parapléjicos miembros de OVA, muchas veces no son atendidos a como se debe, y si en el hospital se enteran que fueron lesionados por la policía o paramilitares, “les niegan totalmente la atención médica”.

José comparte su vida con su esposa, quien lo ayuda cada día a cambiar la sonda, hacer el lavado vesical, le prepara las bolsa de ostomía que por economía reemplaza improvisadamente con bolsas de plástico negro. Además, ella sale a vender las pulseras que desde poco después del ataque él empezó a elaborar para conseguir algo de dinero, pagar la renta del cuarto donde viven y comprar un poco de medicina.

“Todos los días paso haciendo pulseras y mantengo mi mente distraída. Solo cuando amanezco mal no trabajo, pero uno tiene que buscar la manera de salir adelante”, dice en lo que es claramente una de las más grandes muestras de la resiliencia humana. La cama de este hombre se convirtió en su mundo. Es ahí donde teje sus sueños nuevos. Ya no aspira a tanto como antes, solo pide salud y si acaso la vida le permite un poco más; justicia.

José Alejandro Martínez en una de sus jornadas laborales. Foto | Cortesía

“Mi ojo estalló”: Alcanzado por una bala de goma

“Marcos” es un nombre ficticio. Nos pide proteger su identidad porque vive en Nicaragua y teme nuevas represalias del gobierno. Tiene 28 años y perdió el ojo derecho cuando una bala de goma impactó en su ceja el 19 de abril de 2018, horas después que estallaron las protestas en el pueblo indígena de Monimbó, en Masaya, de donde es originario.

“Marcos” recuerda que su abuela se estaba asfixiando con los gases lacrimógenos que lanzaron los agentes antidisturbios para contener las protestas que aquella tarde tenían lugar en las calles de su barrio. La sacó de su casa hacia el fondo del patio. Pero al estar fuera se “indignó” al ver cómo el humo afectaba a los manifestantes y decidió pasarles baldes con agua para que resistieran los efectos. 

De pronto, más cerca de la calle, vio a un joven caído en el suelo con un impacto de bala en el tobillo, se agachó para socorrerlo y escuchó detonaciones, levantó la mirada y sintió un golpe fuerte en su ojo. Asegura que frente a él venían policías disparando. “Yo vi rojo totalmente, no sentía dolor, estaba nervioso y con miedo”, recuerda. Se puso la mano en la herida y gritó por ayuda.

Fue trasladado en una ambulancia al Centro Nacional de Oftalmología (Cenao), en Managua. En este lugar, vivió lo que registra en su memoria como el peor momento de su vida. El doctor lo miró con pesar, le puso la mano en el hombro y le dijo: “Muchacho, lo lamento mucho, vos perdiste la visión en tu ojo. Tu ojo explotó como una chimbomba”.

Marcos cuando perdió su ojo por un impacto de bala de goma. Foto | Cortesía

Cuando llega a esta parte de la historia es claro que “Marcos” se conmociona. “Yo no iba a ser el mismo, solo pensaba en mi mamá, en mi esposa y en mi hija que venía en camino”, comenta con la voz entrecortada y reconociendo que cada vez que recuerda ese momento se contiene para no llorar inconsolablemente a como lo hizo aquella vez.

Fue sometido a cuatro operaciones traumáticas. La última fue para extraerle el ojo y reemplazarlo por una prótesis. Ahora es pintor en una carpintería y ha buscado trabajos formales para poder acceder a la seguridad social y tener mejor atención médica, pero no logra conseguir por sus problemas de visión y los dolores de cabeza frecuentes que padece como secuela de sus heridas.

Relata que vivir con un solo ojo le hace perder perspectiva sobre la distancia y la ubicación de las cosas y eso ya le ha generado accidentes, por lo que los empleadores lo consideran un riesgo. 

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Este joven recuerda que por las fechas en que él fue internado en el Centro de Oftalmología vio al menos a nueve personas más que habían perdido su ojo por participar en esas mismas protestas, incluyendo a un amigo de su barrio al que logró ver en la misma sala de emergencias con un perdigón incrustado en su pupila. 

Irela Iglesias, una ciudadana que se conmovió con estos casos, buscó a estas víctimas para ofrecerles ayuda. Tiene en sus registros al menos a 37 manifestantes que sufrieron algún tipo de lesión en la vista entre 2018 y 2019. Pero solo 16 requirieron prótesis que ella pudo facilitar con la ayuda de donantes nacionales e internacionales que consiguió, según relató a la revista Magazine.

Iglesias inició este proyecto que se extendió a otro tipo de asistencias. Le llamó “Prótesis ocular y ayuda a otros heridos”, porque no solo acudieron a ella personas heridas en sus ojos, sino en las piernas o brazos. Documentó más de 90 atenciones con diferentes tipos de secuelas físicas en el marco de las protestas.

La información recabada in situ por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 de abril de 2018, el primer día de las protestas, documentó que la respuesta del régimen sandinista se caracterizó por el “uso excesivo de la fuerza”, a través de armas de fuego y el empleo excesivo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y perdigones por parte de la Policía Nacional y fuerzas antimotines para disolver protestas y manifestaciones en diferentes ciudades del país.

“No puedo vivir con odio”, dice “Marcos”, que asegura haber perdido la esperanza de encontrar justicia y que ha enfocado todos sus esfuerzos en encontrar un trabajo formal. Es todo lo que lo haría feliz ahora que dice haber aceptado su nueva condición de discapacidad visual después de muchos años de negación.

Vivir con las secuelas de ocho disparos en el abdomen

Samuel Mauricio Mairena Rocha, de 34 años, era un chef que llevaba una vida normal. Pero se unió a las protestas para apoyar a los jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

El hombre asegura que el 19 de junio de 2018, en medio de la represión gubernamental para levantar las barricadas, recibió ocho disparos en su abdomen por las fuerzas policiales y grupos paramilitares, cuando se encontraba grabando desde su celular a civiles pro-gobierno recibiendo armas en la Estación VII de la Policía Nacional.

“¡Maten a esos terroristas!”, gritaban los oficiales un poco antes de percatarse que los estaban grabando. Cuando vieron a Samuel con su celular dieron la orden de disparar. “Me impactaron ocho balas de diferentes calibres en el abdomen”, relata y también hace una confesión más escalofriante. Dice que tras el último disparo y un poco antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver a uno de los policías riéndose de lo que habían hecho contra él.

En el hospital me sacaron balas de AK-47 y de calibre 38. La bala que me afectó la médula, fue de 9mm con tiro explosivo”, afirma. Este proyectil, lo dejó parapléjico. Fue extraído de su cuerpo en el Hospital Manolo Morales y lo conserva aún como prueba del ataque, esperando pacientemente que un día se haga justicia. 

Esta es la bala que conserva Samuel Mairena como prueba de los disparos que recibió en esa fecha. Foto | Cortesía

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que al principio de las protestas fue aprobado para entrar a Nicaragua e investigar los casos, logró documentar lo sucedido entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, antes que el régimen ordenara su expulsión. Se trata de apenas mes y medio de registros, pero se verifican 109 muertos, 1,400 heridos y 690 detenidos. Los ataques estatales se prolongaron hasta 2019. 

Más tarde, la CIDH entregó una cifra más completa: 355 víctimas mortales, más de 2 mil heridos y 1,614 personas detenidas. Además, documentaron que en medio de represión de la protestas fueron desplegados francotiradores, de los cuales habrían elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado.

Según el organismo internacional, las fuerzas represivas disparaban a matar: en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda. El Estado no tiene registro de estos heridos, que no han sido integrados a ningún programa de asistencia y que por el contrario, se sienten aún perseguidos por sus ideas. 

Mairena Rocha estuvo en coma entre el 19 de junio y el 23 de julio de 2018. Asegura que no poder caminar ha sido una “lucha muy grande”. En los primeros días internado se le formó una escara en la cadera, que hasta la fecha continúa curando. Perdió parte de sus músculos por una fuerte infección que desarrolló cuando estaba internado en el hospital y tiene daños en la uretra. También usa colostomía al igual que José Martínez z, el caso que narramos al inicio de este reportaje.

“Como protestante del gobierno no ha sido fácil. Nos vigilan, no se puede tener una vida social. Si yo quiero sentarme en mi silla afuera de mi casa, no puedo. Si uno quiere ir a pasear, tampoco se puede. Los parapléjicos estamos en una muerte civil. ¿Qué vamos a hacer si los derechos humanos en Nicaragua han sido aplastados?”, se cuestiona. 

“La última vez que fui al nuevo Hospital Vélez Paiz, saliendo de ahí una patrulla me siguió hasta mi casa, a pesar de estar en estas circunstancias”, afirma.

Postrado en una cama y con múltiples complicaciones de salud, no puede trabajar. Su papá era su apoyo moral y económico, pero dos años después del ataque, el señor murió de cáncer. Hoy, es su mamá, una mujer de edad avanzada y diabética, la que ha asumido la tarea de apoyarlo en estas duras circunstancias. Su pareja lo abandonó por temor a represalias, pues era constantemente alcanzada e interrogada por la policía.

El régimen se niega a aceptar que esto pasó y sostiene que en el país hubo un intentó de golpe de Estado. Sin embargo, Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirma que tres expertos de las Naciones Unidas están trabajando en el tema de reparación y justicia para las víctimas, aunque el régimen no les permitió el ingreso al país

“Un régimen que dice que defiende la paz con amor, que esa belleza la pueden abrir para que lleguen estos expertos a visitar el país para ver si es cierto lo que dicen. Cierran las puertas porque saben que tienen mucho qué ocultar, mucho que perder en materia de rendición de cuenta”, indicó Carrión.

Los antibióticos han causado otras secuelas en su salud. Hace poco fue operado de cálculos en la vesícula. “Ya no soy normal”, es la frase con la que Samuel termina su testimonio.

“Me quiero morir mejor”: el trauma psicológico del daño físico

Del ataque a la UNAN-Managua el 13 y 14 de julio de 2018 los medios contaron sobre las dos víctimas mortales: Gerald Vásquez y Francisco Flores. Pero de los heridos no se dijo mucho.

Franklin Rodrigo Artola García es uno de ellos. Ese día recibió un impacto de bala en su pierna derecha que le afectó una arteria principal. Lograron trasladarlo de emergencia a un hospital, donde permaneció sólo dos días, antes que sus compañeros decidieran trasladarlo a una casa de seguridad para evitar que fuera apresado por la policía, que tras el brutal ataque a la universidad y a la capilla católica colindante, emprendieron una cacería contra los que se encontraban ahí y habían logrado huir.

Pasó varios meses de una casa de seguridad a otra y recuperándose de la herida, pero el 23 de septiembre de ese mismo año fue capturado, junto a otros de sus amigos. La detención fue traumática. Dice que recibieron una golpiza por parte de los agentes. “A mí casi me quiebran mi nariz, si la miras, está desviada”, dice mientras enfoca la cámara de su celular en su cara. 

¡Policía Nacional. Nadie se mueva!”, dijeron. Y me levantaron de una patada en la cara, luego me dieron golpes en el estómago, en el pecho, en las piernas y me golpearon con las cachas de las pistolas”, detalló.

Relata que los policías se pararon con sus botas sobre los dedos de las manos de cada uno de los jóvenes que estaban con él. Ya detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) —calificado como un centro de torturas por grupos de derechos humanos— donde fueron sometidos a todo tipo de agresiones e interrogatorios extensos.

Frankiln Artola muestra la lesión que tiene en su nariz al ser golpeado por un oficial. Foto | Cortesía

Dice que el 24 y 31 de diciembre de 2018 recibió otra paliza cuando ya había sido trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como “La Modelo”. En este lugar descubrió que en el plato de comida le echaban a los opositores, incluyéndolo a él, astillas de pastes de alambre y moscas, pero debían comer porque no había nada más.

Ahora tiene más de 10 meses de estar postrado en una cama. Su recaída fue en marzo de 2022. Asegura que su salud comenzó a empeorar desde que salió de prisión. Perdió peso y “pensaba que era normal”, pero estaba presentando enfermedades que nunca había padecido. “Salí de la cárcel padeciendo de diabetes, del corazón, de la presión, dolores musculares”, señala. “Llegué a pesar 83 libras y ahora ando como 100 libras. Mi peso normal era 130”.

Le diagnosticaron polineuropatía, una condición que ocasiona daños en nervios de diferentes partes del cuerpo. Esto le hace sufrir calambres intensos y espasmos con frecuencia.

Frankiln Artola ha perdido mucho peso después de salir de la cárcel. Foto | Cortesía

A pesar de su  visible deterioro físico, el acoso estatal no se detiene. “Estando bien enfermo y muy delgado me persiguieron al menos cinco policías. En esa ocasión, se metió mi sobrina, mi mamá le botó la moto a un oficial. Eso fue el año pasado”, dice este exreo político que tampoco ha visto señales de que alguien esté interesado en buscar justicia por su caso, aunque en su momento, el régimen sandinista creó una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz que según las denuncias, no hizo un trabajo imparcial y verídico. 

Gómez afirma que han documentado casos de asedio contra las víctimas con lesiones físicas permanentes cuando se acercan fechas conmemorativas de abril o elecciones. “Están permanentemente vigilados, donde estén andan paramilitares o policías detrás de ellos. Es una revictimización constante hacia ellos, hasta han llegado a ofenderlos”, apunta.

Gómez llegó a sumirse en una depresión profunda. Nos compartió un video que envió a un familiar en un momento de desesperación ante la impotencia de todos los males de salud que sufre. La imagen impacta.

“Ya no aguanto, me quiero morir mejor”, dijo en una ocasión entre un llanto incontenible. Reconoce que sigue teniendo pesadillas con aquellos ataques policiales y paramilitares, sufre de insomnio, dolores frecuentes y es posible que pierda la vista debido a sus daños neurológicos. Su apoyo es su madre. Dice que en esta circunstancias conoció la soledad, porque no todos fueron capaces de quedarse al conocer su nueva condición.

“No han tenido la atención médica que se requiere para sanar sus heridas, como los daños psicológicos, ni tener algún tipo de terapia de rehabilitación en el Hospital Aldo Chavarría. Uno estuvo en rehabilitación y la psicóloga lo culpaba de sus acciones por estar en contra del gobierno”, señala Grethel Gómez, integrante de OVA y agrega: “Todos los instrumentos que debería tener un gobierno para acuerpar a cualquier persona que esté en esa situación, han estado en contra de ellos”.

“Tienen que pagar todo lo que hicieron”, sentencia Franklin que dice mantiene sus quejas contra el gobierno y dice que aunque ha estado “al borde de la muerte”, tiene fe de que su vida mejorará.

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“El pie lo tenía abierto como una flor”

“Karen” es una abogada de 45 años que también pidió anonimato por la seguridad de su familia. Su vida tranquila junto a sus hijas se vio interrumpida por las noticias de abril que reportaban cómo la Policía golpeaba a un grupo de ancianos que protestaba porque el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) redujo sus pensiones sin aviso. 

Sintió indignación y cuando los universitarios se sumaron a las protestas y se informó sobre las primeras víctimas mortales decidió que debía apoyar. Cientos de nicaragüenses tuvieron este instinto solidario. Ella fue carro ambulancia y coordinaba la ayuda que llegaba a los centros de acopio para los estudiantes atrincherados en la UPOLI, una de las más importantes universidades privadas del país tomada por estudiantes para presionar al régimen a detener la represión.

Pronto la identificaron los grupos de choque del sandinismo. Le quemaron su casa y dos vehículos. Nos hace el recuento de esos hechos entre lágrimas. Dice que esa terrible noche en la que logró huir, le llamaron altos mandos policiales y le dijeron que como no pudieron hacerle nada a ella, otros iban a pagarlo.

“Entonces quemaron a la familia del Carlos Marx, fue bastante difícil porque hasta el día de hoy siento que fue por mi culpa”, logra decir antes de explotar en llanto. Seis personas, miembros de una misma familia fueron quemados vivos por paramilitares, incluyendo un bebé de cuatro meses y una niña de tres años.

En esa llamada también amenazaron con hacer algo a sus hijas, entonces se separó de ellas y se atrincheró en la UNAN-Managua, otra universidad tomada por estudiantes.

Según su relato, el 13 de julio de 2018, días después que el régimen sandinista autorizó la “Operación Limpieza” en varios puntos del país para levantar las barricadas a punta de balas, se encontraba en un portón de la UNAN que colinda con el Colegio La Salle, con un grupo de universitarios, quienes la escondieron en un cuarto para evitar su captura o que fuera alcanzada por una bala. Se movió para esconderse a un lugar más seguro, pero los paramilitares la vieron por un ventanal.

“De pronto, tiraron una bomba y me cayó en la tibia, explotó algo alejado de mí. Cuando me eché para atrás, un tipo que andaba con una chaqueta camuflada y pasamontañas lanzó otra bomba y me explotó en el pie derecho”, dijo en llantos. Ella tenía 41 años cuando pasó esto.

La explosión la zumbó contra una pared y la hizo perder el conocimiento, luego lo recuperó y huyó del lugar como pudo y se encontró con otros jóvenes. “¿Qué le hicieron?”, le preguntaron sorprendidos. “Yo no me había percatado de lo que estaba pasando y fue cuando me enteré que la bomba me amputó parte de mi pie y me vi bañada en sangre. Solo tenía el hueso y la uña del pie”, recuerda.

Así quedó el pie de esta mujer al explotarle una bomba. Foto | Cortesía

Uno de los jóvenes le hizo un torniquete improvisado con una camisa para tratar de detener la hemorragia, mientras buscaban asistencia médica. Minutos después fue llevada al Hospital Vivian Pellas y el doctor le dijo que tenían que amputarle el pie. 

“Fui sometida a una operación y cuando desperté el doctor me quitó las gasas para limpiarme y miré mi pie destruido. Mis dos pies los tenía con quemaduras en segundo grado y con esquirlas”, dice. Los médicos también le informaron que tenía esquirlas en uno de sus ojos, las cuales fueron extraídas sin que perdiera la vista.

“Karen” estuvo internada en el Hospital Vivian Pellas desde el 13 julio de 2018 hasta el 25 de ese mismo mes. Fue sometida a varias operaciones y en una de ellas le “unieron toda la planta del pie porque la tenía abierta como una flor”, señala. “Fue bien difícil para mí porque toda mi vida he sido muy femenina. Me gusta andar con tacones. Esto cambió mi vida. Me marcó por completo”, sostiene.

Después fue trasladada al Hospital Bautista. “Era el mismo procedimiento: entraba, salía del quirófano, no había nadie de mi familia que me acompañara porque no les dije nada, no quería que supieran dónde estaba”. Ella fue dada de alta médica con exposición de hueso, bajo indicaciones médicas de sumergir el pie dos veces al día en cloro, para que sanara y la piel creciera nuevamente en toda la parte afectada.

Parte de la recuperación del pie de Karen. Foto | Cortesía

El doctor le dijo que nunca iba a usar chinelas de gancho, tampoco tacones. También que no iba a poder caminar seis meses después de su primera operación. “Aprendí a aceptarme tal y como estoy, fue prácticamente reinventarme”, afirma. “Logré vencer lo que el médico me había dicho de que no iba a poder usar sandalias o tacones. No lo hago a la perfección. Uso tacones un ratito, sé manejar las chinelas de gancho, aunque se me salen un tanto, pero lo logré”, comenta.

Pero no todos los zapatos le ayudan porque algunos le hacen ampollas en la parte de debajo de los dedos o en la parte de arriba. Una de las esquirlas que no pudo ser retirada también le causa dolores constantes.

Sin embargo, todavía hay algo que también la marcó más: el exilio. Se fue a Costa Rica en busca de sus hijas, quienes tuvieron que salir de Nicaragua cuando ella estaba hospitalizada. “En mi ruta de exilio iba recuperándome del pie. Iba con una mochila, con un par de zapatos y puros medicamentos por cualquier cosa”. En este país recibió solamente seis fisioterapias para poder caminar.

Durante toda la entrevista no ha parado de llorar. Todavía tiene pesadillas sobre persecución y un reciente diagnóstico pronosticó que el exceso de estrés vivido le ocasionó displasia plaquetaria, un tipo de cáncer sanguíneo que le provoca constantes anemias y complicaciones de salud.

Con un alto costo de vida en Costa Rica estar enfermo no es nada fácil, pero “Karen” tiene una lucha diaria, seguir viviendo. “Me siento orgullosa de lo que hice, siento que una cicatriz, un pie, no me hace menos que los demás. Me hace tener una experiencia que no todo mundo tiene y eso me hace tener la fuerza para seguir luchando por mi país”, asegura.

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Violada y golpeada: una historia que se repitió en 2018

Aún lejos de los alcances del régimen el horror continúa habitando el corazón de las víctimas de abril. Esta es la historia de otra mujer que también nos pide no revelar su identidad. Nos encontramos para la entrevista en un parque público de Costa Rica, donde se exilió por seguridad, pero teme que su pequeño hijo y su madre, en Nicaragua, sean alcanzados por las represalias del régimen sandinista.

Le llamaremos “Brenda”. Es originaria de Masaya, una de las ciudades más afectadas por la represión estatal. Es otra de esas personas que sintieron la necesidad de apoyar a los opositores heridos en las protestas. Desde su experiencia como enfermera, participó en la conformación de un puesto médico.

En la madrugada del 1 de junio de 2018, fueron rodeados por agentes policiales y los capturaron. El encargado de dirigir la operación fue el Comisionado Ramón Avellán Medal, entonces jefe de la delegación policial de esa ciudad, temido por su rudeza y métodos cuestionables, y a quien el gobierno de Estados Unidos lo señala al menos 107 asesinatos de opositores al régimen sandinista.

“Brenda” y otros compañeros paramédicos fueron llevados a la estación policial y según dice, fue el propio Avellán quien se encargó de interrogarlos. “Me golpeó con su arma en la frente”, asegura.

Cayó al piso retorciéndose del dolor y lo mismo hicieron con otras 11 personas que fueron arrestadas junto a ella. Muchos más participaron de la golpiza. “Me golpeó desde la cocinera, el limpiador y el alto comisionado”, asegura.

Brenda durante la entrevista con un equipo de Nicaragua Investiga. Foto | NI

Dice que rogaba para que la dejaran de golpear, pero lo único que obtenía eran insultos y acusaciones de que era parte de “un golpe de Estado” en contra del “Comandante”, en clara alusión a Daniel Ortega.

El martirio de “Brenda” no terminó ahí. Hubo una segunda ronda de golpes en la que asegura solo participaron policías. Recuerda aun sus uniformes; unos eran negros; los policías antidisturbios y otros celestes, los oficiales regulares.

A continuación, Avellán ordenó a sus subalternos que la trasladaran a una celda. Un cuarto oscuro, húmedo y pequeño. La desnudaron, le vendaron los ojos y varios policías la violaron. Por un pequeño espacio descubierto en la parte de abajo de la venda logró tener algunas escenas de aquel momento traumático. Lo cuenta llorando.

“Vi los pies de las personas, eran zapatos de policías, botas militares”, dice. La dejaron desnuda en su celda, llorando, temblando de frío y de dolor, pero también de rabia y de impotencia. La sacaron de esa delegación con rumbo a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. 

Ramón Avellán junto a la paraje presidencial. Foto | Prensa oficialista

“Yo no podía caminar porque había sido golpeada y por la violación, no me podía ni vestir, fue un compañero de celda me pudo poner la pantaloneta y la camisa”, relata. En el camino a bordo de la patrulla, le pusieron una capucha en la cabeza y cuando pasaron por el Volcán Masaya, amenazaron con lanzarla al cráter. 

Las esposas iban muy apretadas. Sus manos se pusieron frías y moradas. Rogó para que se abrieran un poco más, pero otra vez fue insultada y golpeada.

En la nueva prisión siguieron las torturas. Ahí la interrogaban constantemente de forma agresiva. Asegura que le mostraban fotos de sus hijos en su vida cotidiana, tal y como si los estuvieran vigilando a diario, y le advertían con que algo malo podía sucederles. 

“Me hicieron arrodillarme en mi propio vómito”, relata, y dice que también le tomaron fotos desnuda. También denuncia que la obligaban a delatar a otros de sus amigos y compañeros como “delincuentes” y para lograr que cediera le “apagaban cigarrillos en los brazos”.

“Me guindaron de las manos en unas verjillas arriba de la celda con las chachas”, nos cuenta. Dice que eso le ocasionó una dislocación en su hombro y que hasta el día de hoy no ha podido recuperarse “porque en Costa Rica es muy cara la salud”.

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En el último interrogatorio, “Brenda” fue obligada a leer un testimonio en el que se inculpaba a sí misma y a otros colegas mientras era grabada en video. Cedió, porque días atrás en uno de esos interrogatorios en los que se rehusó a cooperar los policías le cortaron un dedo con una navaja. También le golpearon una pierna y esto le causó desgarro de un tendón, por el cual aún cojea. Sin embargo, asegura que procuraba no leer el documento correctamente.

A las pocas horas, una negociación entre el gobierno y los opositores lograron la liberación de varios presos. Organizaciones defensoras de derechos humanos llegaron a recogerla. No podía caminar por sí misma. Tuvieron que cargarla entre varias personas y subirla a una ambulancia.

Por la violación adquirió el Virus del Papiloma Humano y sigue en tratamiento. Mientras su pie y su hombro siguen sin terminar de curarse. Como no tuvo dinero para la fisioterapia los doctores le dijeron que posiblemente esas secuelas sean permanentes.

El golpe que el Comisionado Avellán le dio con la cacha de la pistola le causó un hundimiento que ha ido mejorando en apariencia gracias a un tratamiento estético con relleno de botox que logró hacerse. pero quizá las peores secuelas de esta mujer sean las sicológicas. Cuando terminamos la entrevista se soltó a llorar.

“Estaba siendo fuerte”, reconoce, pero finalmente se da cuenta que la mayor fuerza fue haber sobrevivido. Su casa, una finca y varios vehículos le fueron confiscados, pero ha reiniciado su vida en Costa Rica.

“Se venden nacatamales”, se lee en su estado de WhatsApp cada fin de semana. Hace poco terminó un curso para pequeñas empresarias y tiene planes de aprender un oficio que le permita reconstruirse lejos de su patria, pero con la esperanza de que un día podrá regresar y sentir de nuevo eso que todos los exiliados extrañan y que suelen llamar: calor de hogar. 

Sin justicia para los muertos y los heridos

El informe de la CIDH, que documenta al menos 355 personas fallecidas y 2 mil heridos, fue rechazado por Daniel Ortega, quien dijo que “esa cifra está inflada” por las organizaciones. “Ahí hay una coincidencia entre grupos de derechos humanos que han sido grupos de oposición, que han avalado estos grupos que venían matando campesinos, matando gente del Ejército, de la Policía y que ahora inflan estos datos. Lo que tenemos nosotros son 198 muertos y estamos depurando”, dijo el 9 de septiembre de 2018 a DW Español

La CIDH afirmó en su informe que, de acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos cinco policías perdieron la vida y 65 resultaron lesionados. “Los golpistas son los que se lanzaron a atacar con armas a la Policía, a la Alcaldía, a incendiar, a destruir el país y la economía. Ellos son los golpistas”, tildó Ortega en esa entrevista a los que se manifestaron contra su gobierno.

Gonzalo Carrión sostiene que luego de cuatros años y medio de aquellas protestas, el régimen sandinista impuso un estado de terror en el país que impide documentar todas las historias de las personas que sufrieron lesiones. También aseguró que Daniel Ortega y sus fuerzas represivas están bajo la impunidad.

“Hay muchísima gente que ha sufrido y cómo se ha desarrollado este estado de terror, se guarda para sí la historia y si te la cuenta te dice: guardemos anonimato”, afirmó. Nicaragua Investiga lo corrobora. Muchas otras víctimas declinaron dar entrevistas por temor. Otras, como se ha visto en este reportaje, pidieron usar nombres ficticios.

“Uno de los propósitos del estado de terror es seguir atropellando los derechos humanos de la persona y que no se atreva a denunciar lo que está pasando”, apunta Carrión y concluyó diciendo: “Las fuerzas estatales y paraestatales han operado hasta ahora en absoluta impunidad, pero eso es relativo porque el tiempo de la verdad y de rendir cuenta va a llegar”. 

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