«El otro exilio…»

El éxodo y exterminio del pueblo Miskitu que se resiste a la violencia del Estado.

La guerra silenciosa en los territorios indígenas de Nicaragua, dominada por crímenes atroces, secuestros colectivos, violación, exilio, desplazamientos forzados, crisis alimentaria, desnutrición infantil y pérdida de su identidad cultural.

Escrito por: Yolidia Navas, Ileana Lacayo y Jesús Salgado

Cuando Marlon Antonio Gamboa, el periodista indígena de Bilwi, Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), de Nicaragua, salió la mañana del mes de enero del 2017 a realizar su trabajo como reportero a Francia Sirpi, comunidad indígena ubicada entre Bilwi y Waspam, jamás imaginó que terminaría sobreviviendo, días después, en medio de un basural, de una empresa de reciclaje, en la vecina Costa Rica.

Antes de la crisis sociopolítica de abril del 2018, el pueblo Miskitu, ya sufría la dureza del conflicto, víctimas de una violencia silenciada, que transformaría sus vidas, de ser los dueños de sus tierras a errantes, amenazados, ultrajados y en peligro de exterminio.

Una guerra silenciosa

“Estos hechos se registran a partir del año dos mil diez, pero vinieron incrementándose en dos mil trece, dos mil catorce, ya para dos mil quince, era demasiado grave la situación”, señala Lottie Cunningham Presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), quien afirma que, en el año 2015, se desplazaron más de tres mil Miskitus y se refugiaron en Honduras. Otros, en cantidades similares se refugiaron en Bilwi, Waspam, Bonanza, Rosita, Panamá y Costa Rica.

En Nicaragua, la propiedad colectiva y comunitaria, constituye en esencia la existencia de los pueblos indígenas, protegidas y reguladas por la Ley de Autonomía o Ley 28, que reconoce su régimen de autodeterminación, su derecho a organizarse, basado en sus tradiciones y costumbres. También cuentan con una Ley de Demarcación Territorial, conocida como Ley 445, que, lentamente les ha permitido recuperar sus territorios ancestrales de manera formal, pero no de hecho.

Los colonos son peor que una plaga de zompopos

En este proceso de recuperación, delimitación y titulación de sus territorios, existen grupos de personas conocidas como “terceros” o “colonos”, que son mestizos del interior del país, algunos ex militares que llegan a los territorios de las comunidades indígenas, se instalan allí y comienza así, un despojo desproporcionado, acompañando esta ocupación con atrocidades contra los indígenas, utilizan armas y violencia para posicionarse en sus reservas casi vírgenes.

Richard Gonzalo at a gravesite in Esperanza Rio Wawa, Nicaragua on May 22, 2018 – Richard Gonzalo en una tumba en Esperanza Rio Wawa, Nicaragua el 22 de mayo de 2018 – Foto: CEJIL

El líder indígena de la comunidad Francia Sirpi, Constantino Rommel Frech, ha sufrido junto a su comunidad, la violencia y vejámenes del conflicto. Asegura que la ocupación de los territorios, es alentada por el gobierno y sus partidarios, en la que imponen la práctica del zompopo, acabar con todo a su paso en las áreas de reserva.

“En nuestra comunidad, unas ciento cuarenta y cinco parcelas, están ocupada por los colonos, ellos llegan, se posicionan, encarrilan o miden las manzanas de tierra, luego, la deforestan, la degradan y despalan todo, luego la venden y siguen avanzando sobre nuevos territorios”, explica Constantino.

Según el informe presentado por CEJIl, el 35% de la población de doce comunidades que tienen medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se ha visto obligada a dezplazarse a partir del 2015.

Violencia estructural contra indígenas

Esta devastadora práctica, ha permanecido a lo largo de la historia de Nicaragua, desde la anexión forzada del antiguo territorio de la Mosquita en 1894.

“La colonización, condujo al despojo de nuestras tierras y recursos naturales. Estos procesos de colonización continúan, ahora, con estos conflictos de invasión de tierras, para despojar al pueblo Miskitu, de sus territorios, sus recursos naturales y de su cultura, como práctica institucionalizada del Estado de Nicaragua. En los últimos diez años, se ha agudizado la violencia de los hechos”, afirma la defensora de derechos humanos, Lottie Cuningham.

“La mentalidad del Estado de Nicaragua, de los gobiernos que han pasado, es ver a la Costa Caribe como un botín que hay que saquear. No entienden la cosmovisión del pueblo indígena. Su relación con la tierra, no solo es para uso de sus cultivos, también es, su conexión espiritual.

Desde siempre, desde la época de Somoza, Ortega y los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, ha imperado una política de extractivismo y de concesiones mineras”, señala Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial, quien pudo constatar la grave situación de las comunidades Miskitu despojadas, que se refugiaron en Honduras.

Más de 40 asesinados, mutilados y enfermos

La ocupación de las tierras indígenas, alentadas por el gobierno y sus funcionarios, ha generado el imperante ambiente de hostilidad y criminalidad en cada ocupación, confirma la defensora Lottie Cunningham.

“Asesinatos, lesionados, intimidación, hostigamiento, amenazas, secuestro y violaciones. Incluso han atacado comunidades enteras. Han incendiado una comunidad que se llama Polo Paiwas del Territorio de Wanky Li Aura, incendiaron totalmente todas las casas, todos sus cultivos y mataron a todos sus animales domésticos”.

“Entre el 2015 y ¬2016, CEJUDHCAN registró treinta y seis asesinatos, cuarenta y cuatro lesionados, muchos con lesiones graves, miembros amputados y lesiones de gravedad, cuyo proceso de cura ha sido lento, muchos han permanecido meses y años, hospitalizados” comenta Cunningham.

Rodoy Asti Hernesto, 29 years old, at his home in Francia Sirpi, Nicaragua on May 24, 2018 – Rodoy Asti Hernesto, 29 años, en su casa en Francia Sirpi, Nicaragua el 24 de mayo de 2018 – Foto: CEJIL

Destrucción con el beneplácito de autoridades del Estado

Toda la explotación de los recursos naturales, ha sido con el acompañamiento del Ejército de Nicaragua y muchos de los colonos son ex militares, a quienes el gobierno, en algún momento, les dio extensiones de tierra, conocidas luego como polos de desarrollo. Con la asistencia del Ejército y las alcaldías administradas por militantes sandinistas, han estado apoyando a los grupos de colonos, construyéndoles escuelas y otorgándoles merienda escolar.

El periodista, Marlon Gamboa, con lágrimas en sus ojos, define los momentos que vivió, al dar cobertura a los hechos de violencia, en una de las comunidades: “A mí, lo que más me impactó, no pude tomar videos porque me quedé en schock, fue la casa incendiada, los cuerpos allí, porque a esa hora, no había autoridades competentes como la Policía y el Ejército y la gente rodeando. Nadie sabía quién lo había hecho, pero, se escuchaban rumores que fueron los colonos.

Gamboa asegura que en un par de ocasiones, tuvo la oportunidad de hablar, fuera de grabación, con grupos de colonos. Algunos son menos agresivos, no sólo hay hombres, sino que, ya tienen familia, tienen hijos. “ Les preguntaba de dónde venían y algunos me decían que vienen de Río Blanco, de Chontales y otros de León, algunos decian que eran exmilitares, ex cachorro (…) venían con un aval, donde los respaldaba el gobierno central. Las armas que yo observaba que tenían los colonos armados eran Ak, rifles 22, también tenían armas de corto calibre y otras como las que utiliza la Policía…” asegura el periodista.

Es interesante observar las frases que utilizan estos colonos armadas, “cuando intentaba entrevistar a los líderes me contestaban: “aquí, lo que vas a recibir es plomo, para nosotros el Comandante manda”. Yo fui testigo de eso. Estuve en la presencia de estos grupos”. Concluye diciendo Gamboa.

De enero a octubre de este año 2019, han ocurrido más de treinta nuevos incidentes, entre ellos el secuestro, que antes eran por varios días, ahora es por horas. Incluso, secuestran familias completas de pescadores y cazadores, los torturan psicológica y físicamente, los despojan de cualquier tipo de arma, luego, los vuelven a liberar con amenazas.

Destrucción y quema de viviendas y cultivos como arroz, frijoles, pejibaye, plátanos, destrucción del bosque, uso de motosierras, despale indiscriminado y destrucción de cultivos y frutas, la alimentación ha mermado y ha generado hambruna en la comunidad.

Morina Ramos Chepe at her home in Santa Clara, Nicaragua on May 23, 2018 – Morina Ramos Chepe en su casa en Santa Clara, Nicaragua el 23 de mayo de 2018 – Foto: CEJIL

Secuestran a las mujeres, las esclavizan temporalmente, como cosechadoras de los frijoles, para luego arrebatárselos y dejar sin alimentos a la familia. Actualmente en algunas comunidades, solo se alimentan con banano filipito, cocido con sal. Después de cuatro meses consumiendo esta especie de banano, los niños lo rechazan y están seriamente desnutridos.

En cada nuevo desplazamiento, las madres solteras, son las primeras en salir de las comunidades con sus hijos, familiares enfermos o ancianos, buscan otro lugar por una mejor seguridad, asevera Lottie.

Impunidad orquestada desde el Ministerio Público y Policía

Todas las denuncias hechas por los comunitarios, los guardabosques y autoridades tradicionales, el Ministerio Público, las califica como delitos comunes, robo agravado y otros. En el caso de los desaparecidos, la Fiscalía cerró el caso, aduciendo que la Policía Nacional, no acudió a las comunidades, para hacer las pertinentes investigaciones del caso, por tanto, el expediente se cerró por falta de méritos.

A partir del 2018, los colonos entregan una carta a los comunitarios secuestrados, para que la presenten en las asambleas de las comunidades, en la que informan que no van a continuar asesinando a los indígenas, porque en conversación con el gobierno, éste, les solicitó detener los crímenes contra indígenas, mientras los invasores continúan con el carrileo y la toma de nuevas hectáreas, con la promesa que el gobierno los titulará.

La otra “Navidad Roja”

Durante la Revolución Popular Sandinista, en el año 1982, Tomás Borge Martínez, entonces Ministro del Interior en Nicaragua, ordenó que miles de Miskitus, habitantes de cuarenta y dos comunidades en el borde del Río Coco, frontera con Honduras, fuesen despojados de sus comunidades, incendiadas sus viviendas, cultivos y animales domésticos y enviados forzosamente, al Asentamiento llamado Tasba Pri.

La estrategia de exterminio y desplazamiento, era para, supuestamente, desmantelar el avituallamiento que estas comunidades realizaban a las fuerzas opositoras al gobierno, encabezadas por los miembros de la resistencia o el ejército indígena de MISURA (Miskitus, Sumos y Ramas).

“Lo que nosotros hemos venido viviendo, está presente en nuestra memoria viviente, ya vivimos la tragedia de la Navidad Roja” dice Lottie Cunningham, afirmando que la tragedia de este etnocidio, aún sigue en la impunidad, permanece en la memoria colectiva de la comunidad indígena que se pregunta y ahora se vive un nuevo éxodo del Pueblo Miskitu, por la violencia ejercida por colonos armados, protegidos por el gobierno y fuerzas paramilitares”.

Dueños de riquezas naturales convertidos en indigentes y desterrados

El pueblo Miskitu, vive como extranjero en su propia tierra. Quienes pudieron emigrar a Waspam, Bilwi y comunidades cercanas, viven como indigentes, de lo que pueden conseguir en las calles o del oficio de doméstica, trabajando para familiares o amistades, otros están en campamentos humanitarios en Honduras. Otros emigraron a Panamá y Costa Rica, con amigos, familiares o conocidos, tratando de sobrevivir lejos de su tierra.

Para los indígenas, aunque sean jóvenes, vigorosos y profesionales, deben sortear los niveles de exclusión; te discriminan por ser extranjero, por indígena, por tu estatus social y escolaridad, ningún mérito sobrevive a las condiciones del exilio, nos relata Marlon Gamboa.

“Cuando estás en un país ajeno, no vales nada, la gente te trata muy mal, como ellos quieren. Lo más difícil del exilio, es poder sobrevivir y a la fuerza tenés que adaptarte” señala Marlon Gamboa, quien ha trabajado de lo que puede; desde un basural en una recicladora, hasta haciendo riesgosos trabajos en la construcción”, viviendo exiliado en Costa Rica.

La justicia internacional, la esperanza de una solución

Eliticia Kianla Lacayo, 77 years old, at her home in Santa Clara, Nicaragua on May 23, 2018 – Eliticia Kianla Lacayo, de 77 años, en su casa en Santa Clara, Nicaragua, el 23 de mayo de 2018 – Foto: CEJIL

Desde el año 2014, dos organismos internacionales de derechos humanos, ordenaron al gobierno de Nicaragua, adoptar acciones para erradicar la violencia y garantizar el respeto a la vida del pueblo Miskitu, particularmente, de las doce comunidades que forman parte de los territorios de Wangki TwiTasba Raya, Wangki Li Aubra Tasbaya y Wangki Li Lamni Tasbaika Kum, todos ellos en la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), de Nicaragua.

“Para dos mil catorce, nosotros interpusimos una petición, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares, por la urgencia y la gravedad, de proteger la vida y la integridad, de la población de las comunidades indígenas.

Sin embargo, continuó incrementándose. Y como las autoridades del Estado de Nicaragua, no implementaron ninguna acción concreta, para mitigar el riego ni para proteger la vida ni el territorio de las comunidades, se procedió a hacer una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y así, solicitar unas medidas provisionales.
Son más de cincuenta comunidades en riesgo, sin embargo, la Corte (Corte-IDH), otorgó siete medidas provisionales a las comunidades y la Comisión (CIDH), otorgó doce medidas cautelares”, confirma Lottie Cunningham, de CEJUDHCAN.

“En una realidad demagógica, los representantes de Nicaragua, llegan a la Corte de Derechos Humanos y presentan un informe, que dice todo está bien, que han cumplido y están avanzando, mientras nosotros vemos que no es así. Con esta situación vemos que éste gobierno, va a salir sin cumplir la Etapa de Saneamiento”, mandatada por la Ley de Demarcación y Titulación o Ley 445, como última etapa. El Saneamiento es básicamente, el proceso por el cual, la persona no indígena que habita los territorios de las comunidades, son trasladadas a otros espacios, fuera de los territorios indígenas.

En agosto de este año, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó el informe: “Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida”, que visibiliza la crisis humanitaria que sufre el pueblo Miskitu.

El informe indica que la falta de acción gubernamental, para prevenir y sancionar los ataques de los colonos a las comunidades indígenas, ha creado un clima de impunidad, que propicia las permanentes agresiones y el desamparo de la población afectada.

También se exige al gobierno, el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, encaminadas a la solución del conflicto, esto implica, que se inicie un proceso de saneamiento de los territorios indígenas, priorizando el traslado de los colonos, a sus lugares de origen.

“Muchas familias continúan desplazadas, no han retornado, hay un temor de regresar y al regresar encontrarán que, en sus áreas de cultivos, están posicionados los colonos”, confirma Constantino Rommel Frech, líder de la comunidad Francia Sirpi.

“La cultura del pueblo Miskitu, es vivir de la tierra, vivir del bosque. El bosque es como su banco, su mercado, cada mañana van a su plantación a traer alimentos, recolectan sus frutas, cazan sus animales o se van de pesca. Toda esa realidad cultural, nos ha sido arrebatada por la invasión de nuestra tierra”. “Y no sólo eso, las consecuencias graves del despale masivo, la contaminación del agua, la pérdida de fauna y flora. Todo eso, valorado ecológica y culturalmente, ¿cuánto estamos perdiendo?”.

La deuda cruel del gobierno de Ortega, el saneamiento de los territorios indígenas.

Desde que el pueblo indígena Mayangana, demandó al Estado de Nicaragua por el abuso en sus territorios, al otorgar concesión de madera a la empresa coreana SOLCARSA, en el año 2001, la Corte Interamericana ordenó a Nicaragua, delimitar, demarcar y titular los territorios indígenas.
Gracias a esa sentencia, desde el año 2005 se implementa la Ley de Demarcación Territorial o Ley 445, que establece las etapas para realizar la demarcación, titulación y saneamiento, última etapa de este proceso. Significa que el estado debe garantizar a los indígenas el uso y goce efectivo de sus territorios, frente a la ocupación de los colonos o terceros.

“Desde que nos dieron el Título de Propiedad Territorial al Territorio Wanky Tui, el cinco de julio del dos mil diez, para el dos mil doce, ya habia aumentado la presencia de los colonos”, dicen los líderes. El título, reconoce la propiedad territorial de ciento sesenta y dos mil hectáreas (162,000 has), y la invasión de colonos se han tomado, a la fuerza, más de siete mil hectáreas. Y no han saneado, por parte del Estado, ni una solo pulgada de tierra.

El pueblo Miskitu, aún espera el saneamiento de sus territorios y la restitución de sus derechos violentados, el retorno de Marlon a su casa y todos quienes como él, cada día confían en retornar a la tierra que lo vio nacer en el Caribe de Nicaragua.

Foto principal: CEJIL

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