Gobierno de Ortega y su largo historial de víctimas sin justicia

Desde antes de la crisis política el gobierno de Daniel Ortega ya era señalado de cometer crímenes en contra de los ciudadanos, y en algunos de los casos las víctimas nunca fueron resarcidas ni recibieron una reparación real de los daños causados.

Algunos de estos crímenes permanecen aún en la impunidad, mientras que otros han sido «silenciados» debido a «amenazas y chantajes» por parte del gobierno de Ortega asegura el asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas.

«Desde hace años recibimos denuncias de personas que son vulneradas en su derecho» y que han sido «chantajeadas» para que no denuncien o callen sus demandas, explica Cuevas

«Normalmente en un país donde hay un mínimo de democracia, si hay un abuso, daños o hay situaciones en donde alguien sale vulnerado en su derecho (por las autoridades), esa persona puede ir ante las autoridades y procurar que se le resarsa» por los daños sufridos, explica el jurista.

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Sin embargo, Cuevas menciona que en Nicaragua, esto es una «utopía, un sueño» porque los Poderes del Estado actúan bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Pablo Cuevas, CPDH – Foto: Nicaragua Investiga

La Masacre de Las Jagüitas

Un caso que quedó en la impunidad sucedió la noche del 11 de julio del 2015, cuando la familia Reyes Ramírez regresaba de un culto religioso a su hogar. Se trasladaban en un vehículo blanco por el camino hacia Las Jagüitas, mismo lugar en donde un contingente policial de agentes antinarcóticos se encontraban en un operativo para detener a traficantes de drogas, según la versión oficial.

Los oficiales hicieron señal de «alto» al vehículo de la familia Reyes Ramírez, pero su conductor Milton Reyes, explicó en aquel entonces que los oficiales no estaban identificados como policías y al verlos armados pensó que se trataba de un asalto y decidió acelerar.

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Los oficiales respondieron acribillando el vehículo que recibió 48 disparos, privando de la vida a dos menores de edad, a la joven de 22 años Katherine Ramírez, e hiriendo a otros dos niños.

Cuando los oficiales se percataron del hecho, hasta la Primer Comisionada de la policía de aquel entonces, Aminta Granera, llegó al lugar y le juró a la familia que se iba a hacer justicia.

Aminta Granera, ex directora de la institución policial – Foto: Cortesía

Esa justicia fue la que exigió Yelka Ramírez durante la audiencia inicial en contra de los 9 oficiales que participaron en el operativo y asesinato de sus hijos y su hermana. «Que se les condene como a cualquier delincuente, así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos» demandó Ramírez, ante la jueza Alia Dominga Ampié, quien ya era reconocida como una militante sandinista.

Durante la misma audiencia inicial, el capitán del operativo Zacarías Salgado pidió perdón a los familiares de los asesinados y se declaró culpable por el delito que la fiscalía tipificó como homicidio imprudente y no como homicidio doloso, a como demandaba la defensa de las víctimas.

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Según el Código Penal nicaragüense, cuando un acusado se declara culpable de los hechos que se le imputan, la pena impuesta puede ser la mínima y en el caso del homicidio imprudente, que fue lo que la fiscalía señaló en el caso, la pena mínima es de 1 año de prisión, y la máxima de 4 años.

«¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho me van a regresar a mis hijos y a mi hermana? No, yo quiero justicia, yo quiero la pena máxima para ellos» respondió Ramírez a la intervención de Salgado.

El 31 de julio del 2015 los oficiales acusados fueron declarados culpables y en el caso del capitán Salgado, fue sentenciado a 11 años de prisión, más 20 años de inhabilitación y otros 20 años de prohibición para usar armas de fuego. Por otro lado, los demás oficiales fueron sentenciados a entre 2 y 9 años de prisión

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Sin embargo, meses después se conoció que los oficiales no estaban detenidos en el Sistema Penitenciario «La Modelo», si no que se encontraban en Auxilio Judicial, supuestamente pagando su condena.

En 2018 cuando estalló la actual crisis política, Salgado reapareció libre e incluso siendo ascendido a comisionado de la Policía, y hasta hay una fotografía en donde se le aprecia sonriente en la delegación policial de Masaya después de haber ejecutado la sangrienta «Operación Limpieza» en esa ciudad.

Zacarías Salgado sonríe detrás del comisionado Ramón Avellán después de la Operación Limpieza en Masaya – Foto: Tomada de Redes Sociales

Desde hace años la familia ha decidido no brindar más declaraciones a los medios de comunicación y tampoco se ha conocido mayores detalles del resarcimiento de los daños que el Estado debe hacerle a esta familia producto del asesinato de tres de sus miembros y las heridas de gravedad que sufrieron los otros dos menores, sin contar los daños psicológicos, físicos y materiales de los sobrevivientes.

El caso de la Mochila Bomba

Pablo Cuevas recuerda otro caso que ha quedado en la impunidad y en el cual no ha habido resarcimiento de daños por parte del Estado y es el de la explosión de una mochila bomba en una comarca de Pantasma en Jinotega y que asesinó a dos miembros de un grupo rearmado.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, este operativo de la mochila bomba habría sido ejecutado por el Ejército de Nicaragua y es un caso sobre el cual las autoridades ni siquiera se tomaron la molestia de investigar y solamente comunicaron que la explosión se dio durante «una transacción de droga».

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Después de la explosión, el campesino Modesto Duarte se dirigió a la zona donde escuchó el estruendo y en cuanto llegó fue asesinado por «colaboradores del Ejército», dijo en su momento la señora Beneranda Rodríguez, esposa de Duarte.

Sobre este caso, Cuevas recuerda que desde la CPDH se demandó una investigación tanto de los asesinatos de los dos rearmados como el del campesino Duarte, sin embargo, jamás se dio el proceso investigativo de este caso que continúa en la impunidad.

El asesinato de Dina Carrión

El 3 de abril de 2010, Dina Carrión apareció muerta cerca de la entrada principal de su casa ubicada en residencial Las Cumbres, por un disparo de bala en el pecho. Juan Carlos Siles era la única persona que se encontraba en la casa pese a que acababan de divorciarse, y la familia de Carrión lo considera como el principal sospechoso de su muerte.

En septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución de cierre del caso y de esta manera absuelve a Siles, quien habría sido acusado de parricidio pero que según la hermana de la víctima, Aida Carrión, Siles “en lugar de someterse al proceso como cualquier procesado, mediante artificios, utilizó un recurso de amparo”.

Familiares de Dina Carrión demandando justicia y no impunidad – Foto: Onda Local

Juan Carlos Siles es hijo de Carlos Siles, ex asesor del ex convicto Arnoldo Alemán, y según Jiménez, habría participado en todo el proceso de negociación “para dividirse los poderes públicos”.

Alemán era líder del PLC cuando fue señalado de pactar con Daniel Ortega para bajar el techo electoral que permitiera elegir presidente en las elecciones. Ese mismo pacto permitió que Ortega llegara al poder en 2007.

“Son los privilegios que se devengan del pacto oprobioso que se hizo aquí entre el PLC y el Frente Sandinista en el 2000” aseguró la activista feminista Juanita Jiménez a Nicaragua Investiga en septiembre de 2019, y explicó que ese pacto garantizó que todos los que estuvieran involucrados en el mismo tuvieran privilegios, “incluyendo el privilegio de la impunidad”.

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El asesinato de los hijos de Elea Valle

El 12 de noviembre de 2017, Marvin Paniagua, Jefe del sexto comando militar regional del Ejército de Nicaragua informó sobre un supuesto enfrentamiento militar con una banda delincuencial que habría ocurrido ese día a las 5:40 de la mañana en La Cruz de Rio Grande, Región Autónoma del Caribe Sur.

En ese enfrentamiento habrían fallecido 6 personas, incluidos Rafael Pérez conocido como «Comandante Colocho», su hermano Francisco Pérez y dos menores de edad, que eran los hijos de la campesina Elea Valle. Francisco era su esposo.

Elea Valle junto al CENIDH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y declaró que su esposo y su cuñado, eran reconocidos alzados en armas contra el gobierno de Daniel Ortega y que por eso el Ejército lo había asesinado.

Además, Valle demandó justicia por el asesinato de sus dos hijos que habían llegado a visitar a su padre cuando sucedió la matanza, y también solicitó que al menos le permitieran sacar a sus dos hijos de la fosa común en la que fueron enterrados para poder enterarlos en un cementerio.

Elea Valle durante una manifestación en Managua demandando justicia por sus hijos asesinados – Foto: Onda Local

Por su parte, Paniagua acusó a los masacrados de dedicarse al cultivo de marihuana, abigeato, extorsiones, asaltos y asesinatos, sin embargo no presentó pruebas en contra de los señalados.

«Los agarraron a mis dos niños vivitos y los asesinaron» relató Valle a finales del 2017 en una conferencia de prensa, y también mencionó que su hija había sido violada. «La hayamos completamente desnuda a la niña» y con marcas de golpes en su cuerpo, detalló Valle.

De igual manera, el niño de 12 años tenía dos heridas de bala en el pecho, uno en la mano izquierda, uno en la cabeza y algunas puñaladas.

«Les pusieron los paquetes de marihuana a todos ellos y a mis niños para decir que son delincuentes (…) yo le pido al Ejército que me entregue a mis dos niños» agregó Valle.

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Este es otro caso que ha quedado en la impunidad y en donde el Estado no ha garantizado ni la justicia ni el resarcimiento de daños para la campesina Elea Valle, quien solamente demandó respuestas sobre el porqué del asesinato de sus hijos a manos de los militares y solicitó que le permitieran enterrarlos dignamente en un cementerio.

Estos son algunos de los casos en los que el gobierno de Daniel Ortega ha garantizado la impunidad para los suyos y ha escapado a resarcir los daños causados. Ortega está acusado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI de crímenes de lesa humanidad y en un futuro, con o sin Ortega en el poder, el Estado deberá garantizar la justicia y el resarcimiento de los daños tanto a las víctimas de la crisis política actual, como a las víctimas de hechos ocurridos antes de abril del 2018.

Foto principal: El Nuevo Diario 

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