Daniel Ortega tiene un pasado terrible para alguien que asume la presidencia de un país. Es un asaltante y roba bancos con historial comprobado, conocido y además, confeso.

Cuando asumió la dirección del país en los años 80 tras la salida de Anastasio Somoza Debayle del poder, una de las primeras medidas de Ortega fue: robar, lo hizo en nombre del Estado, pero la verdad es que estos procesos no hicieron más que beneficiarlo a él y a su cúpula militar de entonces, muchos disidentes de hoy.

Ejecutó confiscaciones más allá de las propiedades de la familia Somoza, que se supone era su objetivo real. Entre 20 mil y 28 mil propiedades que incluían casas de lujo, fincas, terrenos y empresas fueron tomadas por el sandinismo. Eso sin contar joyas, autos y enseres que habían dentro de esas propiedades y que también se tomó.

En el año 2014, la embajada americana publicó un informe que destacó que, hasta esa fecha, el Estado de Nicaragua había destinado 1,279 millones de dólares en pago de propiedades confiscadas, de los cuales, 447 millones se pagaron a ciudadanos estadounidenses que fueron despojados. La deuda continúa pagándose hasta hoy, por lo que ese monto podría fácilmente superar los dos mil millones de dólares.

Ortega dejó al país con una deuda histórica no solo interna, sino externa. Esas cuotas destinadas al pago de esas deudas, se tradujeron en pobreza para los nicaragüenses por las serias limitaciones a la inversión social que implicaron.

Cinco datos del nuevo instrumento confiscatorio de Murillo y Ortega

Confiscaciones vuelven «mejoradas»

En esta segunda dictadura, Daniel Ortega volvió a hacer de las confiscaciones su principal bandera de enriquecimiento ilícito.

Se desconoce cuántas propiedades se ha tomado entre despojos a organizaciones no gubernamentales, opositores, medios de comunicación y empresarios privados. Pero en mayo de 2024, el dictador reconoció que se trataba de “varios millones”, a esa fecha, y para justificar el delito masivo habló de «vínculos con el lavado de dinero».

“Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero (…) todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense”, dijo Ortega, que aseguró que esas propiedades serán “para beneficio de los pobres”.

Sin embargo, al igual que ocurrió en los años 80, el dictador no ofrece claridad sobre lo confiscado. ¿Quiénes son todos los despojados?, ¿qué destino tiene cada propiedad arrebatada?, ¿cuánto es el total de lo tomado? Con todo lo robado en su primera dictadura jamás, hubo un informe detallado sobre ese tema, ningún gobierno se ocupó en ofrecerlo, a pesar de que estas confiscaciones constituyeron deuda pública.

Un botín jugoso

Las confiscaciones en esta nueva dictadura alcanzaron un nuevo nivel. desde 2018 a la fecha, más de 5 mil organizaciones de sociedad civil fueron cerradas y sus bienes confiscados. Muchas de esas organizaciones tenían varias propiedades.

Fundación del Río, una organización ambientalista que operaba para proteger la reserva de biósfera de Río San Juan, dijo a Nicaragua Investiga en 2023 que a ellos les despojaron 22 propiedades. “Nosotros teníamos áreas de conservación, que son reservas silvestres privadas, al menos cuatro zonas de conservación fueron confiscadas por el régimen de Nicaragua”, informó Amaru Ruiz a cargo de ese organismo clausurado ilegalmente por la dictadura.

Además de eso, les confiscaron tres oficinas, dos radios comunitarias, un hotel, un centro de capacitación, un centro de atención a la niñez, casas de habitación para personal técnico, entre otros bienes.

De acuerdo con Ruiz, no ha habido un proceso de traspaso legal de las propiedades al Estado, según investigaciones que han realizado de manera independiente.

Una investigación de Hagamos Democracia reveló en 2024, que entre 2018 y esa fecha en que se publicaron los datos, la dictadura sandinista había confiscado al menos 135 propiedades con un valor estimado en 250 millones de dólares.

La investigación dejaba claro que eso corresponde solo a los casos que se lograron documentar, porque muchas de las víctimas temen denunciar por temor a más represalias.

Hay que considerar que las confiscaciones siguieron ocurriendo desde que se presentó este estudio, por lo que la cifra es ahora claramente mayor y muy preocupante.

La mayor confiscación de la historia

Pero Ortega se superó a sí mismo recientemente y se quedó con el récord de robo masivo en un solo día.

La Asamblea Nacional bajo sus órdenes, aprobó una nueva Ley de Seguridad de Fronteras que amplia la franja de seguridad 15 kilómetros y pasa esos territorios de inmediato a nombre del Estado.

Ahí se ubican poblaciones indígenas, áreas forestales protegidas, hoteles y desarrollos turísticos.

El economista y opositor político Juan Sebastián Chamorro, explicó en sus redes sociales que se trata de 18 mil kilómetros cuadrados sometidos al despojo.

“Constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua. Tendrá efectos devastadores en los derechos de propiedad y las inversiones”, advirtió.

“Van pueblos enteros, ciudades que están dentro de ese rango de 15 kilómetros, no sé cómo van a hacer, con Somotillo, San Pedro del norte, Santo Tomás, Cinco Pinos, Somoto, Dipilto, Teotecacinte, San Carlos mismo en el Río San Juan, El Castillo, Sapoá, Cárdenas, Guasaule, Las Manos”, dijo Chamorro en una entrevista amplia que le hizo el periodista Luis Galeano en su espacio Café con Voz.

Señaló que en la zona hay desarrollos turísticos de lujo, pero también importantes fincas cafetaleras de empresarios privados, que de hecho, ya fueron confiscados por esta nueva ley, y señaló que todo lo confiscado equivale a casi todo el territorio de El Salvador.

“Esta es una confiscación que no va a pasar desapercibida, es obviamente una confiscación más, pero por las magnitudes esto ya rebasa lo lógico”, señaló.

El canal y media Nicaragua “congelada”

Además de todos estos despojos, no hay que olvidar que Daniel Ortega se rehúsa a renunciar al proyecto del Gran Canal Interoceánico. En mayo de 2024 derogó la Ley 840 que otorgaba la concesión del proyecto a Wang Jing, pero dejó vigente la Ley 800 y la idea de permitir a otro inversionista desarrollar la obra, que con una nueva ruta, no solo mantiene bajo su dominio 445 kilómetros del país, sino que compromete la vida silvestre y la fauna de ese perímetro, así como del Lago Xolotlán.