Los habitantes de la comunidad de Musawás, en el territorio Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, salieron a las calles para exigir la restitución de sus derechos indígenas y a la tierra ante la invasión de colonos armados.
Con pancartas en mano, jóvenes, niños, feligreses activos en el territorio, docentes y enfermeros indígenas, exigieron el lunes al gobierno central y a las instancias competentes dar respuesta a la grave situación de «etnocidio».
«No queremos plan de masacre en la comunidad Mayangna Sauni As. No queremos más invasión al territorio», decían algunos carteles.
«Pedimos que no haya invasión de colonos, tráfico ilegal de tierra, invasión con fuerza, sembrando terrorismo a la vida de los mayangnas, queremos paz», señalaron los comunitarios.
«La mayoría de los mayangnas no tienen privilegios de ir a traer productos básicos a causa de la misma invasión de colonos, algunos relatan que ahora no pueden ir a cazar, ni pescar, ni «güirisear». Estamos mal, así que pedimos a las autoridades del territorio, tanto municipal como regional y nacional, que tomen en cuenta el asunto», expresaron a la página de Facebook Musawás Waspuk.
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Asimismo, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) recordó la captura de 24 colonos a manos de los indígenas, quienes fueron entregaron a las autoridades policiales sin que hasta el día de hoy haya ningún comunicado sobre el hecho «que refleje si los han condenado o siguen libres».
Además, el ataque y masacre en la comunidad Wilú, ocurrido en marzo del presente año, que dejó como resultado la muerte de cinco personas, incluidos mujeres y niños, así como varios heridos; y el posterior asesinato del guardabosque indígena Bernabé Palacios Hernández en la comunidad Alal, en abril.
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También rememoró la detención de uno de los cabecillas por parte de la Policía y la Fiscalía, los que fueron llevados a «audiencia a puerta cerrada sin justificación alguna, tratando de invisibilizar las situaciones complejas que viven las comunidades del territorio Sauni».
Calpi denunció que las autoridades siguen sin dar respuesta a las solicitudes de investigar y procesar a los implicados, así como la negativa de la ausencia de la presencia del Ejército de Nicaragua o del Batallón Ecológico (BECO).
«Exigimos justicia, exigimos la restauración de la paz y libre circulación», manifestó la organización.
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) los conflictos armados en las comunidades indígenas han dejado al menos 49 personas asesinadas en 2020.
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